La organización Madres de Plaza de Mayo manifestó esta semana su repudio al ex miembro de la junta militar de Argentina Emilio Massera, frente a la residencia en las afueras de esta capital donde cumple arresto domicilario por secuestro de menores durante la dictadura (1976-1983).
En la puerta de la residencia de la localidad de Pacheco, al norte de la capital argentina, Hebe de Bonafini, presidenta de la entidad que nuclea a las madres de desaparecidos, advirtió entre gritos al ex comandante de la Armada que no lo dejarán en paz.
"Asesino, torturador, creías que tenías la vida de nuestros hijos en tus manos. No contabas con las madres, que no te vamos a dejar vivir en paz. A donde vayas te seguiremos para que tu inmunda cría también reniegue de vos", clamó Bonafini el jueves.
Massera, de 74 años, fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1990 de la condena a cadena perpetua que purgaba junto a otros ex altos funcionarios del régimen por graves violaciones a los derechos humanos. La justicia lo convocó de nuevo en 1998.
El juez Antonio Bagnasco dictó su prisión preventiva en noviembre pasado por su responsabilidad en la desaparición de menores secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus madres, la falsificación de sus documentos y robo de identidad.
Por un beneficio legal del que gozan los procesados mayores de 70 años, Massera, al igual que el ex dictador Jorge Videla y otros ex integrantes de las juntas militares, pidió al juez se le permita purgar el arresto en su propio domicilio, un departamento en la ciudad de Buenos Aires.
Pero pocos días después de iniciado el arresto, el abogado del ex almirante pidió que se autorice a su cliente a cumplir la detención en una finca que posee la familia en Pacheco, con un extenso parque y pileta de natación. La autorización fue cursada esta semana.
Durante la dictadura, desaparecieron al menos 11.000 personas, según las denuncias efectuadas, aunque los organismos de derechos humanos aseguran que fueron 30.000.
Entre esas víctimas figuran al menos 500 menores de edad en la época que son reclamados por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, la cual inició una querella contra los militares en el juzgado de Bagnasco.
La desaparición de niños, 50 de los cuales fueron encontrados, algunos viviendo con militares que se los apropiaron, fue un delito del que no se pudo probar su calidad de "sistemático" en el juicio por el que los ex militares fueron condenados.
Pero el trabajo de las Abuelas durante estos años, que incluyó la creación de un Banco de Datos Genéticos al que se sometieron numerosos jóvenes y familiares para certificar su filiación, se reunieron mayores pruebas para reabrir esta causa.
Bagnasco ya procesó a siete militares en esta causa, por la que pasaron como testigos sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, médicos y enfermeras que ayudaron en el parto de detenidas-desaparecidas.
Sin embargo, la decisión de esta semana de permitir que el arresto de Massera sea cumplido en una residencia de descanso irritó a la presidenta de Abuelas, Estela Carloto, que había manifestado hasta ahora su confianza y respaldo en el juez Bagnasco.
Bonafini convocó a la manifestación de repudio con pancartas que rezan "asesino" y "genocida". "Hijo de puta, no soñabas que hoy aquí, en esta jaula de oro que te conceden jueces cómplices, estaríamos las madres diciéndote que haremos que todo el mundo te odie", gritó la mujer.
Amigos, vecinos y familiares visitan a Massera en su nuevo domicilio. Las madres aseguran, además, que Videla suele salir de su departamento, sin que la justicia intervenga para impedírselo aunque se encuentre cumpliendo arresto.
La decisión de la justicia que tanto irrita a los familiares de las víctimas se sumó esta semana a la inesperada presencia de otro ex dictador, el general Leopoldo Galtieri, en los actos de celebración el martes del día de la independencia realizada por el ejército.
Galtieri presidía la junta de la dictadura en 1982, cuando se dispuso la invasión argentina a las islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña. La guerra provocó numerosas bajas y derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.
Pero el indulto por violaciones de derechos humanos le llegó cuando todavía estaba siendo procesado, por lo que no perdió el grado militar, explicó el actual comandante del ejército, general Martín Balza, criticado por la invitación cursada a Galtieri.
Del mismo modo, uno de los posibles sucesores de Balza, el general Eduardo Cabanillas, declaró este jueves ante un tribunal de honor, acusado de haber mentido cuando negó haber participado de la represión ilegal durante los años 70. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/99
