Grupos ambientalistas lanzaron una campaña para que los organismos gubernamentales que financian las exportaciones de países industrializados no apoyen proyectos con efectos ecológicos y sociales adversos para el Sur en desarrollo.
Las agencias de créditos a la exportación y las organizaciones aseguradoras de inversiones manejadas por países europeos, Australia, Estados Unidos y Japón, dan más de 100.000 millones de dolares anuales en garantías, préstamos y seguros para ayudar a sus compañias a competir con ventaja en el exterior.
Las agencias son las mayores instituciones públicas de financiación internacional y subsidian mas de 10 por ciento del comercio mundial, según un informe de más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 23 países.
Miles de millones de dólares de esas agencias fueron otorgados para construir grandes represas, o financiar proyectos de minería, petróleo y otros combustibles fósiles, perjudiciales para el ambiente y las comunidades que viven en su zona de influencia.
"Esas agencias le brindan bienestar a las compañías y financian la destrucción ambiental a nivel mundial, dijo Jon Sohn, analista político que trabaja con la filial estadounidense de la ONG Amigos de la Tierra.
Como las agencias no se rigen por normas ambientales comunes, a menudo terminan financiando un proyecto que otras instituciones de crédito, dotadas de normas de procedimiento, rechazaron, senalaron las ONG.
"Muchas veces las agencias financian proyectos que fueron rechazados por el Banco Mundial y otras entidades de ayuda pública bilateral y multilateral, no sólo en el aspecto social y ambiental, sino también en el económico", declaró Bruce Rich, del Fondo de Defensa Ambiental.
"En realidad, fue una privatización de utilidades y una presunción pública de riesgo, no sólo financiero sino también ambiental y social", agregó.
El Banco de Exportación e Importación (Ex-Im) y la Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior (CIPE) cuentan con algunas normas ambientales y humanitarias.
Sin embargo, debido a la fuerte competencia para financiar los proyectos, las agencias de todo el mundo terminan dejando de lado las normas, una actitud que los ambientalistas llaman "una carrera hacia el fondo".
Ex-Im y el Banco Mundial tambien fijaron reglas y, por ejemplo, se abstuvieron de conceder préstamos o garantías a la represa china de Tres Gargantas, que desplazará a más de un millón de personas, pero las agencias de Alemania, Canadá y Suiza se apresuraron a cubrir la brecha.
Algunos legisladores del opositor partido republicano en el Congreso estadounidense, no obstante, sienten que las corporaciones estadounidenses están en desventaja y quieren abolir el Ex-Im y los lineamientos normativos de CIPE.
Para evitar que eso ocurra, las organizaciones ambientalistas exhortaron al Grupo de los Ocho (G-8) países más industrializados a adoptar medidas que, por lo menos, coincidan con los requerimientos humanitarios y ecológicos del Banco Mundial.
El Ex-Im ya está retrocediendo y flexibilizando sus normas, dijo Sohn, señalando el apoyo del banco, junto con el de las agencias de Alemania, Austria, Gran Bretaña, Italia, Japón, Portugal, Suecia y Suiza para la represa Ilisu en Turquía, un proyecto hidroeléctrico de 1.000 millones de dólares.
El proyecto embalsará el río Tigris cerca de la frontera con Iraq, inundando un area de 113 kilometros cuadrados y obligando a la reubicación de 15.000 kurdos que se oponen a la obra. El lugar es un antiguo sitio arqueológico reverenciado por los kurdos que quedará cubierto por el agua.
"Ilisu ilustra el caso de lo que sucede en ausencia de firmes normas sociales y ambientales comunes", expresó Sohn.
Las agencias bilaterales también son responsables del aumento constante de la deuda, que conduce a la dependencia financiera y limita el progreso de muchos países emergentes, según el informe de las ONG "Una carrera al fondo que crea riesgos, genera deudas y garantiza la destrucción ambiental".
En 1996, las agencias eran acreedoras de 24 por ciento del endeudamiento total de los países en desarrollo, y el 56 por ciento de su deuda oficial, aquella que deben amortizar a agencias multilaterales o bilaterales.
Cerca de 24 por ciento de la deuda externa de Indonesia, unos 28.000 millones de dólares, es sostenida por agencias de crédito a la exportación, según Titi Soentoro, coordinadora de Bioforum, una coalición de más de 70 ONG indonesias.
La mayor parte de las inversiones fueron a parar a grandes obras encarecidas por la corrupción y ligadas a la familia del ex dictador del país Alí Suharto, aseguró.
Los "proyectos de inversión como las fábricas y las minas no sólo destruyen los recursos naturales sino que también dan lugar a otros impactos ambientales significativos, incluyendo la destrucción de los medios de vida de la gente que posee, administra y utiliza esos recursos", añadió.
Agencias alemanas, finlandesas, suecas, japonesas y canadienses, por ejemplo, concedieron mas de 1.000 millones de dólares en asistencia financiera a un proyecto referido a un molino de pulpa de papel y plantaciones de una de las principales empresas de Indonesia.
La compañía, de propiedad de la hija mayor de Suharto y del grupo Barito Pacific, que es el mayor conglomerado maderero de Indonesia, emprendió una gran deforestación y expropiación de tierras de las comunidades adyacentes, explicó Soentoro.
"Pedimos al gobierno alemán que se ponga a la cabeza de los esfuerzos internacionales para imponer normas que detengan ese desastre subsidiado por los contribuyentes y causado por esas agencias", exhortó Heffa Schueking, de Urgewald, una coalición de mas de 100 iglesias y grupos de desarrollo ambiental.
Urgewald lanzó una campaña para reformar Hermes, la agencia alemana que brinda fondos a obras polémicas como la represa china de Tres Gargantas, que inundará muchas ciudades, notables lugares arqueológicos y provocará el desalojo y la reubicacion de un millón de personas.
Hermes también da apoyo a la represa de Maheshwar, en India, con un préstamo para adquirir turbinas y generadores de la compañía alemana Siemens. Este proyecto hidroeléctrico sumergirá a 61 aldeas y desplazará a más de 20.000 personas.
"Juntamente con otras represas proyectadas, Maheshwar presenta serios riesgos, incluso la contaminación del agua, peligros sanitarios, muerte de peces, aumento de inundaciones y terremotos", indicó Shueking, quien tiene la esperanza de que el gobierno socialista y verde alemán sea más receptivo a la idea de reformar Hermes.
La filial japonesa de Amigos de la Tierrra también instó a las agencias de su país que cesen de financiar proyectos destructivos, especialmente después del anuncio de que el Banco de Exportación e Importación de Japón (Jexim) pretende fusionarse con su contraparte, el Fondo Exterior de Cooperación Económica.
Con un presupuesto combinado de 27.000 millones de dolares, la nueva institucion sería la mayor agencia de crédito a la exportación del mundo.
En el Amazonas brasileño, Jexim ayuda a financiar un préstamo de 64 millones de dólares para construir la Planta Procesadora de Gas de Urucu y dos gasoductos de 500 kilómetros de longitud en la remota parte occidental de esa zona, según Adilson Vieira, del Grupo de Coordinación de Organizaciones Indígenas del Amazonas Brasileño.
"La planta causará gran destrucción de la selva tropical porque el gasoducto facilitará el acceso de leñadores, mineros y agricultores en zonas vírgenes, en algunos casos habitadas por grupos indígenas aislados", dijo Vieira. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/ego/aq/if-en/99)
