La causa contra los ex dictadores del Cono Sur de América Latina que instruye el juez español Baltasar Garzón recibió nuevos testimonios que abonan su eventual extradición.
El martes testimoniaron en Madrid las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina sobre cuatro casos de niños secuestrados y "desaparecidos", que prueban la existencia de una acción delictiva trasnacional perpetrada por las dictaduras de aquella subregión.
Este miércoles lo hizo el jurista paraguayo y víctima de la dictadura de ese país (1954-1989) Martín Almada, quien aportó varios documentos certificados por la justicia de su país. Todos ellos son también pruebas de esa actividad transfronteriza.
Además, Almada y el abogado de la acusación popular española Carlos Slepoy informaron en conferencia de prensa que entregaron a Garzón un documento que avala la legalidad de la extradición del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, del argentino Jorge Videla, del chileno Augusto Pinochet, y de sus cómplices.
Aunque sean juzgados en sus países, e incluso condenados por delitos de secuestro y homicidio, también puede ser requerida su extradición desde España, "para ser juzgados por delitos de lesa humanidad y homicidio", afirmó Slepoy.
El juez Garzón, según fuentes solventes de la Audiencia Nacional a la que pertenece su juzgado, está redactando y emitiría en los próximos días una orden de búsqueda y captura del actual gobernador de la provincia argentina de Tucumán Antonio Domingo Bussi.
También de medio centenar de ex jefes militares, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez.
El pedido de extradición de Stroessner podría llevar más tiempo y quizás coincidir con el fin del asilo político otorgado al ex dictador por Brasil, que vencerá en agosto próximo.
En todo caso, advirtió Slepoy, "el asilo político no puede amparar la comisión de delitos comunes y de lesa humanidad".
Uno de los documentos aportados por Almada es una fotocopia autentificada de un informe enviado por el comisario director de política de Paraguay, Alberto Cantero, al jefe de Investigaciones Pastor Coronel.
En él Cantero le informó que el 5, 6 y 7 de abril de 1977 se constituyó bajo su mando un grupo de trabajo integrado por militares paraguayos, argentinos y uruguayos, cuyos nombres y grados consignó.
A continuación dice que el grupo interrogó "minuciosamente" a cada uno de los detenidos y que "lo rescatable del interrogatorio" surgió del realizado al uruguayo Gustavo Edison Insaurralde Meliar.
Según el informe, Insaurralde Meliar actuaba en la "agrupación ideológica y doctrinaria del Partido por la Victoria del Pueblo" (PVP) de su país y que el interrogado podría ser "el máximo dirigente subversivo" de ese partido.
Dos de los principales líderes de ese partido, Gerardo Gatti y León Duarte, habían sido secuestrados en 1976 en Buenos Aires.
Otro documento es el "pedido de búsqueda n' 23/76", enviado desde Asunción a "Cóndor 1 – SIE (Arg) – Agremil (P y A)", es decir al Operativo Cóndor 1, en Santiago de Chile, al Servicio de Informaciones del Ejército argentino y a los agregados militares de Perú y Argentina.
La búsqueda se refiere a un campo de guerrilleros "a cargo de un tal Neneco Silvera, quien se encontraría detenido en Formosa, Argentina" y que estaba siendo realizada por un destacamento militar motorizado argentino a cargo del teniente primero Carlos Roberto Contreras.
Un tercer documento del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas Paraguayas confirma la realización de una conferencia bilateral de servicios de inteligencia de los ejércitos paraguayo y brasileño, del 3 al 7 de mayo de 1976, para tratar sobre "actividades subversivas internas y su conexión con el exterior"».
Otros papeles prueban la entrega a Chile del ciudadano de ese país Jorge Isaac Fuentes Alarcón. En uno, del 6 de junio de 1975, el director de Política remite al Comandante de la Guardia de Seguridad a varios detenidos, "en calidad de depositados".
El otro consigna que el gobierno alemán aceptó oficialmente el ingreso a ese país "de los extremistas Amílcar Latino Santucho y Jorge Isaac Fuentes Alarcón", por presión -añade- de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas.
El argentino Santucho fue liberado y se exilió en Alemania. Pero el chileno Fuentes Alarcón fue entregado a la dictadura de Pinochet, comprobada su presencia por testigos en el campo de detención de Villa Grimaldi, de Chile. Desde entonces está "desaparecido".
Almada puntualizó que ese hecho demuestra que "Pinochet tuvo más fuerza sobre Stroessner que Alemania, en tanto que Videla no".
El jurista paraguayo solicitó a Garzón que reclame a Interpol y a las Naciones Unidas la documentación que prueba las acciones emprendidas por la primera por pedido de los gobiernos del Cono Sur en aquella época, y del foro mundial las denuncias presentadas ante sus agencias por las víctimas y familiares.
La argentina Alcira Ríos Ponce de León, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, declaró ante Garzón que ella reconoció un corpiño (sostén) suyo que había prestado a Laura Carlotto y que estaba colocado en el cadáver exhumado de esta secuestrada argentina.
El sostén se lo prestó en el campo de concentración conocido como "La Cacha", ubicado en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde ambas estaban secuestradas.
El 23 de agosto de 1978 Laura Carlotto fue retirada por sus captores de "La Cacha". Días después apareció su cadáver en ua calle y la policía informó que fur abatida al resistir con armas a su detención.
Carlotto estaba embarazada al ser detenida y en La Cacha tuvo su hijo, al que bautizó Guido. Se lo retiraron y le dijeron que se lo entregarían a los abuelos, pero hasta la fecha el niño, hoy adulto, continúa desaparecido.
Ríos Ponce de León y su esposo, Luis Córdoba, entregaron a Garzón antecedentes de cuatro niños secuestrados en un país, entregados en otro, desaparecidos y recuperados por sus abuelos, lo que es también una prueba de la transnacionalidad de la acción delictiva de las dictaduras.
Ponce de León recuerda que Videla y varios de sus cómplices están siendo procesados en Argentina por delitos de apropiación ilegal de hijo de desaparecidos.
Eso no excluye, sostiene, que puedan ser extraditados a España para ser juzgados por "pertenencia a banda armada" y genocidio. (FIN/IPS/td/dg/ip-hd/99)
