El Foro Ciudadano (FC), una coalición de organizaciones sociales de Honduras, y el Colegio de Periodistas (CPH) son protagonistas de un intenso debate sobre la actitud que debería tener la prensa nacional ante el Estado.
El FC advirtió además sobre la intolerancia del gobierno hacia las críticas y las actitudes autoritarias y autocráticas del presidente Carlos Flores en el manejo del plan de reconstrucción nacional tras los devastadores daños provocados por el huracán Mitch en octubre pasado.
Según el FC, el Ejecutivo adolece de falta de transparencia en el manejo de los fondos nacionales y exteriores para las obras de reconstrucción, mientras la prensa oficialista ha desplegado campañas de desprestigio contra personas y organizaciones opositoras.
Nunca como ahora se registró en Honduras un proceso de "degradación ética" tan profunda del periodismo, aseguró el Foro Ciudadano.
La prensa está "a sueldo del Estado" y se ha convertido en una "jauría de ataque" contra quienes critican el desempeño del gobierno, alertó.
El Colegio de Periodistas respondió el día 26 pidiendo a quienes formularon esas denuncias presentar pruebas en un plazo de 72 horas, que venció este martes. De lo contrario, iniciaría querellas judiciales.
Entre quienes fueron conminados por el CPH se encuentran la alcaldesa de Tegucigalpa, Vilma de Castellanos, el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, y diversos dirigentes del FC.
Antes del vencimiento del plazo, el Foro Ciudadamo envió una carta abierta al CPH en la que afirmó que los colegios profesionales no deberían defender a sus agremiados que hayan demostrado conductas "reñidas con la ética y la responsabilidad profesionales".
El FC instó a su vez al CPH a iniciar investigaciones sobre aquellos periodistas que trabajan en medios de comunicación privados pero reciben sueldos o "pagas informales" de organismos públicos.
También pidió al MInisterio Público que difunda los criterios con que se maneja la publicidad del gobierno en la prensa y los montos que destina al respecto.
En diciembre, el entonces canciller Fernando Martínez renunció al Gabinete de Reconstrucción Nacional por irregularidades en la concesión de obras de reconstrucción, la falta de transparencia de las mismas y de disciplina en el trabajo, según dijo.
Un mes después acusó al gobierno de "excederse" en el "control de la prensa", lo cual "afecta el debate democrático".
Al retornar, tras su dimisión, a su cargo de legislador el ex canciller denunció que había "orden de la Casa de Gobierno para silenciar" su labor como "diputado beligerante".
A mediados de este mes, Vilma de Castellanos alertó a su vez sobre la existencia de maniobras de parte del Ejecutivo para separarla de su cargo de alcaldesa de la capital.
Tmabién señaló que un grupo de periodistas le pidió 250.000 lempiras (unos 18.000 dólares) mensuales para no realizar campañas de prensa en su contra.
Leo Valladares fue por su lado víctima de ataques de diveros medios de comunicación por haber divulgado el día 16 un informe preliminar sobre el manejo oficial de los fondos de reconstrucción nacional provenientes del exterior, en el que detectó 17 casos de corrupción.
Entre el 23 y el 25 de mayo, en Estocolmo, el gobierno de Honduras presentará un plan de trabajo ante los auditores internacionales del Grupo Consultivo que supervisa la marcha de las obras de reconstrucción.
Las organizaciones no gubernamentales difundirán sus propios planteos. (FIN/IPS/tm/dg/ip-cr/99
