El ex jefe de la marina de Argentina Emilio Massera atribuyó al gobierno constitucional de Isabel Perón la responsabilidad intelectual por la represión ilegal que se desató en ese país en la década del 70, pero grupos humanitarios subrayaron el papel de los militares.
"Es verdad que el gobierno (de Isabel Perón) ordenó arrasar con todos los que ellos llamaban subversivos, pero hay que tener en cuenta que los militares quebraron el orden constitucional y a partir de ahí las leyes las dictaban ellos", dijo a IPS la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.
"En los 21 años de trabajo que tenemos las Abuelas hemos demostrado que durante la dictadura militar existió una metodología sistemática de secuestro de niños y cambio de identidad", agregó.
Massera es investigado por la sustracción y cambio de identidad de los bebés de mujeres desaparecidas durante la dictadura militar (1976-83), un delito que no tiene prescripción en la legislación argentina y que no puede ser indultado.
En 1978, mientras estaba secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que estaba a cargo de Massera, su hija, Patricia Roisinblit, tuvo un varón en un parto clandestino que fue presenciado por sobrevivientes que así lo atestiguaron ante la justicia.
Patricia Roisinblit continúa desaparecida y su madre todavía busca a su nieto.
En una presentación realizada por la defensa de Massera ante el juez Adolfo Bagnasco, el ex almirante solicitó que se cite a declarar a la ex presidenta Isabel Perón, por los mismos delitos que a él se le imputan.
Ante la posibilidad de ser arrestado, Massera contraatacó diciendo que la dictadura militar se limitó a continuar las acciones represivas iniciadas por el gobierno de Isabel Perón.
Massera fue citado a declarar por Bagnasco, quien trata de establecer si existió un plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura militar que se instaló en la Argentina el 24 de marzo de 1976, cuando fue derrocada Isabel Perón.
También fue citado por la jueza María Servini, que investiga casos concretos de secuestro de niños por parte de militares.
El ex dictador Jorge Rafael Videla, que encabezó la junta militar que dio el golpe de Estado en 1976, también fue procesado como coautor por el robo de bebés. Videla cumple arresto domiciliario por orden del juez Roberto Marquevich, que investiga el secuestro y cambio de identidad de menores.
En su presentación ante Bagnasco, Massera sostuvo que las investigaciones sobre la "guerra sucia" se remiten a marzo de 1976, pero que eso es arbitrario, ya que todo "comenzó durante el gobierno constitucional anterior, en el cual se pensó, decidió, diseñó y se puso en marcha el sistema de represión".
"Si durante la guerra hubo un plan especial para la apropiación de menores, fue parte del plan general ideado para reprimir a la guerrilla que fuera puesto en marcha por el gobierno constitucional", agregó.
Massera negó que hubiera existido un plan de esa naturaleza, que "además de perverso sería ajeno al objetivo que fuera encomendado por el gobierno constitucional de aniquilar a la subversión".
En esa referencia está la clave de la maniobra de Massera, que no sólo apunta a mejorar su situación procesal, sino también a desviar la atención sobre otro período trágico de la historia reciente de Argentina.
Durante el gobierno de Isabel Perón surgieron grupos parapoliciales que secuestraron y asesinaron a muchas personas. Esos grupos, entre ellos la Triple A, tenían vinculaciones con el gobierno peronista, en especial con el entonces ministro de Acción Social, José López Rega.
Posteriormente, algunos sectores de las Fuerzas Armadas tomaron contacto con la Triple A, a la que asesoraron y entrenaron en cuestiones represivas.
A fines de 1975, el gobierno se hallaba en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Italo Luder, quien firmó un decreto reservado que habilitaba a todas las fuerzas de seguridad a emprender acciones destinadas a "aniquilar la subversión".
"Es cierto que en 1973, 1974 y 1975 la Triple A secuestró y asesinó, pero nunca secuestró niños", subrayó Roisinblit.
Las causas que llevan adelante Bagnasco, Servini y Marquevich "son por secuestro de niños, algo que no fue incluido en 1985 en el juicio a las juntas (militares) porque no se tenía mucha información y entonces no se la consideró una acción sistemática", agregó.
"Massera se va a aferrar a que él ya fue juzgado e indultado, pero se equivoca porque en 1985 no fue enjuiciado por el secuestro de niños", pronosticó. "Estos procesos no son para juzgarlo de nuevo por los crímenes por los que lo condenaron en 1985, la apropiación y la sustitución de identidad no estuvieron incluidos en los procesos anteriores".
Por otra parte, Massera señaló a sus subordinados como responsables por los robos de bebés. "De haber existido tales hechos, sus autores serían responsables a título personal por haber actuado al margen de las órdenes imperantes", afirmó.
En ese sentido, Roisinblit aseguró que las Abuelas cuentan con evidencias que refutan la afirmación de Massera. "Hay constancia de que las órdenes emanaban de la más alta superioridad" de las Fuerzas Armadas, aseguró.
Ese argumento fue utilizado por la defensa del ex dictador Videla, pero el juez Marquevich la desestimó al considerar que un superior no puede alegar desconocimiento de las acciones de sus subordinados. Si Servini asume el criterio de Marquevich, Massera podría ser arrestado.
Las causas por la sustracción y cambio de identidad de menores son las únicas que se pueden seguir contra los militares que violaron los derechos humanos en Argentina.
Esos procesos se vieron favorecidos este año por la ruptura del "pacto de silencio" entre los militares. Algunos oficiales admitieron que se llevaron a cabo partos clandestinos en la ESMA, que controlaba Massera, y en otros centros ilegales de detención.
Esos oficiales aseguraron que recibieron órdenes verbales y escritas para realizar esos partos, separar a los bebés de sus madres y entragarlos a otras personas, en algunos casos a militares de alta graduación.
Las Abuelas de Plaza de Mayo tienen registrados 230 casos de menores secuestrados, de los cuales ya han identificado y localizado a 60.
"Creemos que en total deben ser como 400 o 500 casos, pero no todos fueron denunciados porque las familias no pudieron viajar a Buenos Aires para hacerlo o porque en algunos lugares, como en Tucumán, fueron arrasadas familias enteras y no quedó nadie para reclamar por los niños", afirmó Roisinblit.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsin (1983-89), Massera, como Videla, fue condenado a prisión perpetua por violaciones de los derechos humanos. En 1990, el presidente Carlos Menem firmó los decretos por los que los comandantes golpistas fueron indultados. (FIN/IPS/va/ag/hd/98
