El Congreso de Argentina terminó hoy de aprobar una ley que flexibiliza las relaciones laborales, pero empresarios, sindicalistas, economistas y opositores alertaron que esta iniciativa del gobierno dejará desprotegidos a los trabajadores y aumentará la desocupación.
Tras una serie de reiterados fracasos, el gobierno logró el miércoles reunir el número de legisladores necesarios para aprobar la ley. El proyecto de reforma laboral del Poder Ejecutivo fue aprobado artículo por artículo la madrugada de este jueves, prácticamente sin debate.
El presidente Carlos Menem felicitó a sus ministros por lo que consideró una "histórica jornada". "El país ganó la legislación necesaria para atenuar la desocupación", subrayó el mandatario.
Para Menem, este triunfo representa una recuperación de poder cuando aún le faltan 15 meses de gobierno y las encuestas revelan que su popularidad es baja (15 por ciento) y que la mayoría de la población está en contra de una reforma constitucional que lo habilite a presentarse como candidato a una segunda reelección.
El desempleo en Argentina es de 13,2 por ciento y un porcentaje casi igual está subempleado. Son casi tres millones de personas con problemas de empleo, sobre una población económicamente activa que no llega a 14 millones.
La encuesta oficial de empleo solo registra a los que lo buscan, y no a los que ya se resignaron a no encontrarlo.
La caída del desempleo, que llegó a situarse en 18,6 por ciento, responde en gran medida a la creación de puestos temporarios sin aportes a la seguridad social ni indemnizaciones, así como a la aplicación de planes de empleo público transitorio desde el Estado como forma de subsidio.
El empresario y dirigente empresarial Alberto Alvarez Gaiani anticipó que la nueva ley será "perjudicial" y que, en lugar de contribuir a generar empleos, promoverá despidos.
Lo mismo opinó el abogado laboralista Héctor Recalde, quien advirtió que en la medida en que se abaratan las indemnizaciones habra más despidos y no más contrataciones.
"Es una ficción creer que está ley va a generar nuevos puestos de trabajo", dijo el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, aspirante a la Presidencia por la Alianza de oposición que intentaba postergar la aprobación de la reforma en busca de un consenso más amplio.
Desde 1992, el gobierno, consciente de que la estabilidad monetaria coincidió con un crecimiento de la desocupación, procura sancionar una ley de flexibilización de las normas de contratación.
Mientras tanto, la flexibilización llegó de hecho, tanto en el sector privado como en el público, donde uno de cada cuatro trabajadores son precarios.
La ley reduce el período de prueba de un trabajador y las indemnizaciones por despido para nuevos contratos, elimina el derecho a cobrar un mes de salario de preaviso por despido y regula los contratos temporarios.
La iniciativa no cuenta con el respaldo de los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina ni de muchos economistas. Tampoco la Alianza de oposición consideraba beneficioso aprobar una ley que tenía escaso consenso. En tanto, en el sindicalismo, las posiciones estaban divididas.
La Confederación General del Trabajo (CGT), central sindical identificada con el gobernante Partido Justicialista, había contribuido a redactar la norma, que mantiene intacto su poder de negociación frente a los empleadores.
En cambio, otras dos organizaciones sindicales, el Movimiento de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Argentina, integrada básicamente por maestros y empleados estatales, rechazaron la ley mediante manifestaciones frente al Congreso cada vez que se intentaba aprobar el proyecto.
Las dos centrales consideran ahora la convocatoria a un paro general.
Los empresarios y economistas consideraban que el proyecto del gobierno mantenía los privilegios de la central sindical más cercana al oficialismo, pero no representaba una auténtica flexibilización que abarate las contrataciones.
Los diarios especializados en asuntos económicos lo consideraron una mala noticia. "Ganó la CGT y perdió el país", tituló El Cronista Comercial."Diputados dio luz verde a la suba del costo laboral", sostuvo Buenos Aires Económico. "Día aciago para el país", indicó Ambito Financiero.
El propio bloque oficialista en el Congreso estaba dividido y en tres oportunidades fracasaron los intentos de aprobación de la norma, debido a que el gobierno no conseguía convencer a todos los legisladores.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal precandidato por el Partido Justicialista, Eduardo Duhalde, admitió las reservas que tenía para apoyar la norma.
"No va a resolver los problemas del mundo del trabajo, pero al menos es una mejora", dijo, confirmando las advertencias de la oposición sobre el bajo consenso de la norma. (FIN/IPS/mv/mj/ip lb/98
