La construcción de una autopista interurbana en la capital de Panamá generó un grave conflicto entre una conocida empresa constructora mexicana y los pobladores de barrios afectados, de diferentes sectores sociales.
La obra fue adjudicada en 1997 en concesión administrativa a la compañía Ingenieros Constructores Asociados (ICA), que deberá invertir unos 220 millones de dólares para hacer la autopista denominada Corredor Sur, de 19 kilómetros de extensión.
La inversión se recuperará con el cobro de peaje durante 30 años y la venta de 60 hectáreas de los valiosos terrenos del actual aeropuerto de Paitilla, que será trasladado, cedidas a ICA por el Estado panameño como parte del pago por la autopista.
Pero el trazado de la obra, que incluye la construcción de un relleno marino y una autovía sobre pilotes de seis kilómetros sobre la costa del Pacífico, provocó las airadas protestas de los habitantes de cinco barrios cercanos.
Los residentes de altos ingresos de Coco del Mar y San Francisco de la Caleta aducen que la autovía, que pasaría a unos 200 metros mar adentro, afeará el paisaje, contaminará el ambiente y devaluará sus costosos apartamentos.
El director del ICA, Luis Trejo, aseguró durante una reunión con residentes de estos dos barrios que la única alteración que sufrirán será la presencia de la autovía frente a sus balcones.
No obstante, los habitantes de Coco del Mar y San Francisco de la Caleta continúan presionando para que la autovía no pase tan cerca de sus residencias.
Mientras tanto, los pescadores de las humildes barriadas de Boca la Caja y La Playita, obligados a vender sus viviendas a ICA para que construya allí parte de los rellenos marinos, se enfrentan a la posibilidad de perder su única fuente de sustento.
Los pobladores de San Sebastián, que también se verán afectados por la construcción de la autopista, se niegan a ceder sus viviendas a ICA por el precio ofrecido hasta ahora.
Para completar el complejo cuadro que se le presenta a ICA, la estatal Universidad Tecnológica de Panamá demandó a la empresa constructora mexicana el pago de 1,2 millones de dólares por la usurpación de terrenos de su propiedad próximos al aeropuerto internacional Tocumen, donde termina la autopista.
Los directivos de ICA afirman que todo ello forma parte de los riesgos previstos cuando se firmó el contrato con el Estado panameño y prometieron solucionar todas las quejas que a través del diálogo y la negociación, salvo los problemas relacionados con el diseño de la obra, que no está sujeto a cambios.
Sin embargo, los pobladores de La Playita, Boca la Caja y San Sebastian aseguraron que ICA no están recurriendo al diálogo y la negociación, sino que sus directivos pretenden imponerles sus condiciones.
La presidenta del no gubernamental Comité pro Tierra y Mejor Forma de Vida de La Playita, Olga Cedeño, quien representa a las 71 familias de esa barriada que aún no llegaron a un acuerdo con ICA, dijo que van a defender su derecho a un pago justo por sus viviendas "hasta la últimas consecuencias".
Contra a lo informado por Trejo a la prensa local, en el sentido de que a cada familia de La Playita se les estaba dando entre 65.000 y 150.000 dólares, Cedeño indicó que ICA está ofreciendo sólo 15.000 dólares.
Esa suma incluye una vivienda en el poblado de Arraiján, 15 kilómetros al oeste de la capital, el amoblamiento de las viviendas y 800 dólares en efectivo, afirmó Cedeño, quien añadió que las 60 familias de Boca la Caja, que deben ceder sus tierras para la construcción del relleno, recibieron una oferta similar.
Los pobladores de La Playita y Boca la Caja aspiran a recibir 60.000 dólares para los residentes que vivan en casas de su propiedad y 20.000 dólares para los inquilinos.
En tanto, las 15 familias radicadas en San Sebastián que deben abandonar el sitio para que se construya una parte de la autopista, exigen que se les pague de acuerdo al valor de las tierras en la lujosa barriada Punta Paitilla, ubicada en el mismo sector, estimado en unos 500 dólares el metro cuadrado.
Pero el tema del dinero parece ser un problema secundario frente al desarraigo que sufrirás las alrededor de 150 familias de esas tres barriadas, así como a la posibilidad de perder su fuente de trabajo en el mar.
Luis Díaz, un pescador artesanal que trabaja desde hace más de 12 años en La Playita, dijo sentirse muy mal ante la posibilidad de tener que ir a vivir a otro lugar y abandonar la pesca.
En La Playita y Boca la Caja trabajan unos 60 pescadores artesanales, los que deberán buscar otro sitio para realizar sus actividades cuando sean desalojados del lugar para dar paso al relleno que planea hacer ICA para construir la autopista.
Pero Cedeño manifestó que, si no se llega a un acuerdo, el futuro de muchos habitantes de La Playita, Boca la Caja y San Sebastián será el desalojo por la fuerza o que sus humildes viviendas "se pierdan entre la majestuosidad de las inmensas torres de cristal" que se construirán en la zona. (FIN/IPS/sh/ag/en-pr/98
