El escándalo de un anticonceptivo hecho de harina desnudó una gran epidemia que amenaza la salud en Brasil: la falsificación generalizada de medicamentos.
Una muerte aumentó la gravedad del problema. Cyro Amancio dos Santos, de 77 años, murió el martes en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, víctima de cáncer de próstata y de un fraude.
Dos Santos descubrió muy tarde que se trataba con una falsificación de Androcur, un medicamento hecho por el mismo laboratorio productor de la píldora anticonceptiva Microvlar, que apareció en el mercado con harina de trigo en lugar de la substancia activa.
Más de una decena de mujeres ya denunciaron embarazo indeseado a causa del falso Microviar. En este caso, hubo al menos negligencia de la empresa alemana Schering, que admitió haber producido píldoras anticonceptivas inoperantes para probar una nueva máquina envasadora.
Schering dispuso la incineración del falso anticonceptivo, pero una partida fue desviada al comercio farmacéutico por robo o alguna irregularidad que la empresa dice desconocer.
La alarma del público se incrementó el martes, al informar el Ministerio de Salud que hay en las farmacias y hospitales al menos 60 medicamentos adulterados, entre los cuales figuran algunos antibióticos y analgésicos de consumo masivo.
Para combatir esa creciente actividad delicitiva, el ministro de Justicia, Renán Calheiros, creó en la Policía Federal una comisaría dedicada exclusivamente a la represión del fraude en los productos farmacéuticos.
La Secretaría Nacional de Vigilancia Sanitaria cree que entre cinco y siete por ciento de los medicamentos vendidos en Brasil son falsos. Ese porcentaje representa más de 500 millones de dólares al año, ya que la facturación del sector farmacéutico alcanzó a 10.300 millones en 1997 y registra un franco crecimiento.
"El problema es mundial y las falsificaciones cruzan las fronteras", señaló Calheiros. También dijo que Brasil propondrá en la próxima reunión de ministros de Justicia del Mercosur (Mercado Común del Sur) medidas conjuntas para combatir la adulteración de medicamentos.
Cerca de 30 por ciento de los productos farmacéuticos del mundo sufren alguna adulteración, según un informe de la Organización Mundial de Salud mencionado por el ministro brasileño.
Pero en la mayoría de los casos, el problema se reduce a un fraude comercial sin impacto en la salud pública: la modificación de etiquetas para vender productos originalmente de distribución gratuita.
El caso se agrava cuando es alterada la substancia del producto, una práctica que pone en riesgo la salud del usuario, advirtió Marta Nóbrega, secretaria de Vigilancia Sanitaria, que admite la limitada capacidad de inspección de su oficina, por la escasez de funcionarios.
Para controlar 55.000 farmacias, 382 laboratorios y cerca de 500 empresas envasadoras y de 7.000 distribuidores de medicamentos, la Secretaría de Vigilancia Sanitaria necesitaría 10.000 inspectores, pero sólo dispone de 2.400 inspectores, dijo Nóbrega.
El parlamento, informado de la magnitud del problema, aprobó de inmediato una ley que castiga hasta con 15 años de cárcel la falsificación de medicamentos.
La Secretaria de Vigilancia Sanitaria aumentó la exigencia a la industria farmacéutica de control de las empresas distribuidoras, que entregan a las farmacias 85 por ciento de los medicamentos que se venden en el país. Las autoridades creen que el fraude se concentra en el área de distribución.
El presidente del Sindicato (empresarial) de Industrias Farmacéuticas de Río de Janeiro, Carlos Grossi, descartó la entrega directa de medicamentos de los laboratorios al comercio minorista.
La industria no podría distribuir su producción a 55.000 puntos de venta dispersos por el país sin encarecer los medicamentos, arguyó Grossi.
La gran cantidad relativa de farmacias en Brasil, una cada 3.000 habitantes, duplica la proporción recomendada por la Organización Mundial de Salud e incrementa las dificultades de control.
La represión del fraude se enfrenta también a la resistencia de la industria a denunciar la falsificación de sus productos, observaron algunos propietarios de farmacias.
Notificar la adulteración provoca la pérdida de ventas, porque el pública rechaza el medicamento del caso, por temor a adquirir el falsificado, o porque el fabricante es obligada a suspender la producción y a recobrar las partidas ya vendidas. (FIN/IPS/mo/ff/he/98
