INDONESIA: El FMI no considera reformas políticas

Los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden influir sobre la democratización de un país, pero no ocurrirá así en el caso de Indonesia, una nación gobernada desde hace 32 años por un general de cinco estrellas.

El régimen del "Nuevo Orden" encabezado desde Jakarta por el presidente Suharto no ha sido cuestionado por el FMI, que a comienzos de los 90 tuvo éxito en la promoción de la democracia en Benín al imponer la salida del dictador Mathieu Kerekou como condición para su ayuda financiera.

Un veterano negociador del Fondo comentó a IPS que en el caso de Benín fue esencial la presión ejercida por Francia ante el FMI. Además, Kerekou tenía la etiqueta de "asesino dictador marxista", que no se aplica en el caso de Suharto.

Pero el factor clave es la posición de Estados Unidos, un país con influencia determinante sobre el FMI, que le demanda a Suharto disminuir la represión contra sus oponentes y los agitados estudiantes, aunque descarta imponer condiciones políticas para la entrega de ayuda financiera.

Indonesia recibirá 43.000 millones de dólares para enfrentar la crisis económica, y Washington se abstiene de condicionar demasiado esta ayuda pues teme que aumente el conflicto social en esa nación.

El programa de rescate para Indonesia está sujeto solamente a condiciones financieras y al cumplimiento de un plan de reestructuración económica.

Esta realidad llevó a 27 miembros del Congreso estadounidense a enviar una carta al presidente Bill Clinton en la cual se destaca la disposición a ejercer presión por asuntos financieros.

Sin embargo, se preguntan, "¿por qué no se reacciona cuando el gobierno de Indonesia viola los derechos humanos a la libertad religiosa, política y económica?".

La respuesta ya ha sido insinuada en las declaraciones de autoridades del gobierno y en un informe parlamentario divulgado recientemente. Washington está preocupado por la posibilidad de que la agitación social de Indonesia repercuta en todo el sudeste asiático.

Analistas oficiales advirtieron que una agitación prolongada en la cuarta nación más poblada del mundo traería consecuencias para sus vecinos, aunque sea por las oleadas de personas buscando refugio. Y esto podría amenazar los frágiles progresos que se logran en la batalla contra la crisis económica en Asia.

Fue por esa razón que el FMI inició sin ninguna condición política el rescate financiero de Indonesia, al aprobar esta semana los primeros tres créditos por 1.000 millones de dólares cada uno.

Los recursos habían sido retenidos desde mediados de marzo pero no por motivos políticos, sino en reacción a planes de Suharto para atar la rupia indonesia al dólar estadounidense, y por informes según los cuales permitió a sus familiares y amigos reconstituir negociados que se había comprometido a eliminar.

Una vez superado el escollo, se espera que la decisión del FMI sea seguida por la entrega de otros 3.000 millones de dólares provenientes del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, informó el director del departamento de Asia-Pacífico del Fondo, Hubert Neiss.

"No somos tan ilusos como para creer que todo irá bien a partir de ahora; debemos vigilar muy de cerca el cumplimiento del programa", advirtió una de las principales autoridades del FMI, Stanley Fisher.

El tercer compromiso negociado en menos de seis meses entre Jakarta y el FMI establece el fin de los monopolios controlados por personas cercanas a Suharto a cambio de una prórroga en la eliminación de subsidios a los alimentos básicos. Pero nadie habló de derechos humanos.

Entretanto, en las calles de Indonesia aumenta el ensañamiento en los enfrentamientos que protagonizan tropas armadas y estudiantes universitarios. Informes divulgados en Washington aseguraron que al menos 30 estudiantes debieron ser hospitalizados el fin de semana.

La decisión del directorio del FMI para proceder con la entrega de recursos fue unánime. Algunos miembros expresaron sus reservas en declaraciones formales, pero estaban referidas al escepticismo en torno al cumplimiento de los compromisos financieros por parte del gobierno de Suharto.

Fisher dijo en una conferencia de prensa en esta capital que frente al tema de los derechos humanos "cada gobierno que vota para respaldar un préstamo de esta naturaleza saca sus propios cálculos sobre la mejor manera de ayudar".

Comentó que los miembros del directorio pueden "optar por mitigar las dificultades económicas y trabajar con el gobierno mientras lo persuade para mejorar su desempeño, o por quitarle el apoyo y dejar que las condiciones económicas empeoren, con la esperanza de que ese camino produzca las mejoras deseadas".

Pero algunas fuentes argumentaron a IPS que hay alternativas. "Se puede proseguir con la ayuda, pero con algún tipo de presión política", opinó el politólogo Amien Rais, académico de la universidad indonesia de Yogikarta y dirigente de una organización musulmana que tiene 28 millones de miembros.

"El gobierno debe dejar de secuestrar. Todas las víctimas inocentes deben volver a sus casas", dijo Amien Rais a IPS durante una visita a Washington. "Me molestaría mucho que el FMI prosiguiera con el préstamo y que la gente no fuera liberada".

Autoridades del Fondo eludieron responder si este tipo de circunstancias habían sido consideradas en el directorio. Además, rechazaron la posibilidad de que los recientes aumentos de precios empeoren el conflicto social en Indonesia.

La inflación de marzo, que equivalía a 39 por ciento anualizada, fue la más elevada en 23 años. En las calles de Indonesia, uno de las consignas más populares reclama "Abajo los precios, abajo Suharto".

Pero el FMI asegura que los subsidios se eliminan de tal manera que afectan a los más pudientes y no a los pobres. La gasolina, utilizada por automóviles particulares, subirá 71 por ciento; el gas-oil del transporte aumentará 58 por ciento; y el kerosene, utilizado por los pobres para cocinar, 25 por ciento.

Los representantes del FMI aseguraron que la institución hizo todo lo posible para reducir las tensiones en Indonesia. El resto, todo lo que tenga que ver con reformas políticas y derechos humanos, deberá ser abordado por los gobiernos donantes. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/lc-ml/ip-if/98

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