El parlamento de Ecuador despenalizó el consumo de drogas y hoy comenzó el traslado a centros de rehabilitación de las 2.600 personas encarceladas por esa causa.
El proyecto fue impulsado por organizaciones humanitarias ecuatorianas e internacionales y por las autoridades penitenciarias, para aliviar el hacinamiento en las 33 cárcelas del país.
La aplicación de la ley aprobada reducirá 28 por ciento la población carcelaria. Las prisiones de Ecuador albergan a 9.200 reclusos, pero "sólo ofrecen lugar para 6.000 como máximo", comentó a IPS el procurador general del Estado, Milton Alava.
La iniciativa "es innovadora", pero "se justifica por sí mismo", señaló Alava. Para ponerla en marcha "fue necesario entender el problema de la drogadicción con otra perspectiva y, lo que resultó más difícil", trasladar esa nueva óptica a la sociedad.
Si vemos la drogadicción como un problema de salud "entonces comprenderemos que aún encarcelando a la gente el problema persistirá", y por eso en muchas prisiones el tráfico de estupefacientes "es algo cotidiano", agregó.
Los 2.600 prisioneros beneficiados por el proyecto serán trasladados a centros terapéuticos que funcionarán en las 21 provincias del país, y que ofrecerán servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Esos centros de rehabilitación contarán con especialistas "y su financiamiento correrá a cargo de empresas privadas, algo interesante, que habla de una verdadera comprensión del problema por parte de la sociedad", dijo Alexis Ponce, de la Asociación Permanente para los Derechos Humanos.
El parlamento debió modificar la "rígida y polénmica" ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para aprobar el proyecto, dijo Hugo Venegas, del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia.
"La ley anterior daba el mismo trato a los traficantes de drogas que a los consumidores y a los productores, siendo delitos de naturaleza distinta", destacó Venegas.
En la ley reformada se establece la extinción "de la acción penal sobre las personas convictas o acusadas de consumir drogas".
Si bien aún quedan problemas por resolver, como la situación sanitaria y laboral de los reclusos "éste es un importante paso, que será complementado con otros que ya están en marcha", declaró el procurador Alava.
La semana pasada comenzó un censo carcelario, para conocer las condiciones de vida de los convictos, "sus necesidades concretas y también sus propuestas, para de esta forma trabajar en un proyecto común", dijo Hernando Rosero, coordinador del censo.
El censo penitenciario está financiado por la Unión Europea y cuenta con la participación del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud) y de la Dirección Nacional de Rehabilitación. (FIN/IPS/mg/ff/ip hd/98
