La negociación con Estados Unidos para instalar en Panamá un Centro Multilateral Antidrogas llegó a su etapa de definición en medio de críticas y protestas de sectores opuestos a la presencia militar estadounidense.
Tras la quinta ronda formal de negociaciones, un escueto comunicado oficial indicó que ambas delegaciones harán consultas "sobre distintos temas críticos" antes de proseguir el debate.
Los jefes de las delegaciones de Panamá y Estados Unidos, Jorge Ritter y Thomas McNamara, señalaron en el comunicado, expedido a comienzos de mes, que en esa reunión "se trabajó en una serie de asuntos críticos", pero no revelaron detalles sobre los mismos.
La idea de fundar el Centro Multilateral Antidrogas (CMA) en una de las bases militares que devuelva Estados Unidos a Panamá el 31 de diciembre de 1999, según lo estipulado en los tradados canaleros de 1977, fue presentada hace poco más de un año por el actual presidente panameño Ernesto Pérez Balladares.
Según la propuesta, Estados Unidos se encargaría de proveer los sofisticados equipos de vigilancia y detección del tráfico de drogas por la región, así como de dirigir la parte técnica del centro en coordinación con expertos civiles y militares de los países del área que se sumen a la iniciativa.
Sin embargo, hasta ahora ningún país de la región ha dado su consentimiento oficial para participar en el proyecto.
El ex comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá Rubén Darío Paredes indicó que la participacion de otros países de la región es una condición que exige Washington para sumarse a la iniciativa.
El militar explicó que una fuente estadounidense vinculada a las negociaciones le informó que de no lograrse un apoyo numeroso y masivo de estados de la región al CMA ese país "está en libertad de cancelar el proyecto".
Paredes dijo que esa exigencia se produjo pese a que Panamá habría cedido a todas las demandas de Estados Unidos, entre ellas la presencia de un numeroso contingente militar ese país y otras facilidades especiales para los estadounidenses que laboren en el CMA.
Voceros de los sectores tradicionalmente opuestos a la presencia estadounidense en Panamá acusaron a Pérez Balladares de cumplir "un triste papel" en lo relativo a la defensa de la soberanía panamena sobre el canal interoceánico.
La directora del no gubernamental Centro de Capacitación Social de Panamá, Celia Sanjur, dijo a IPS que cada vez se hace más palpable que el CMA "va a ser una base militar de Estados Unidos disfrazada" y no un centro de lucha contra las drogas.
A su juicio, la reversión del canal a la jurisdicción de Panamá en 1999 "significa saldar una deuda histórica con el pueblo que no se cumpliría si luego de esa fecha se quedan los militares estadounidenses en el área del canal".
Sanjur precisó que esta situación ocurre como producto de gobiernos que "han carecido de sentido de nación, como fue el caso del del ex presidente Guillermo Endara, que tomó el cargo en una base militar de Estados Unidos tras la invasión del 20 de diciembre de 1989" que derrocó al general Manuel Noriega.
"Pero Pérez Balladares tampoco hizo nada para esclarecer lo que ocurrió durante la invasión", en la cual "murieron más de 3.000 civiles inocentes a manos de las tropas invasoras", indicó.
Sin embargo, admitió que también "hay desorganización en el movimiento popular a consecuencia de la dispersión que provocó la invasión en sus filas", lo cual se agrava "por la debilidad que sufre el movimiento popular a nivel mundial" tras la bancarrota del sistema socialista.
También existe "una gran desconfianza en la población respecto al futuro del canal", agregó Sanjur.
En las últimas semanas organizaciones estudiantiles y populares opuestas a la presencia militar estadounidense en el canal protagonizaron varias manifestaciones de rechazo al CMA, pero con una participación inferior al centenar de personas.
De acuerdo con una encuesta realizada en septiembre por la compañía Dichter y Neira, 69 por ciento de los consultados se mostraron de acuerdo con la existencia del CMA.
"Si se van los gringos el canal se va a destruir como ocurrió con el ferrocarril (transístmico) y otras propiedades que recibió Panamá de Estados Unidos cuando entraron en vigor los tratados", indicó a IPS el obrero contructor independiente Manuel Espinosa.
Otros dos compañeros de Espinosa, José y Ricardo, quienes se encontraban laborando en una obra en construcción en la céntrica barriada de Bella Vista, mostraron su temor de que el canal sea usado "para la politiquería y como agencia de empleo" de los partidos que ostenten el poder.
El político y sociólogo Raúl Leis estimó que esa posición mayoritaria en favor de la presencia estadounidense en el país luego que prescriban los tratados del canal, es el resultado de la falta de propuestas alternativas para las bases militares por parte del gobierno.
Las experiencias negativas ocurridas con los otros bienes recibidos de Estados Unidos, junto a la alternativa de que se cierren las bases y se pierdan los ingresos y los empleos que generan "hace que la población asuma una posición conservadora" al respecto, subrayó Leis.
A pesar de la propuesta de Pérez Balladares para constituir el CMA, el ex presidente panameño Jorge Illueca consideró que ni éste ni ningun otro gobierno tiene potestad "para invalidar, revocar, modificar o desnaturalizar" los tratados de 1977 que pusieron punto final a la presencia de Estados Unidos en Panamá. (FIN/IPS/sh/dg/ip/97
