El opositor FSLN propuso al gobierno de Nicaragua la congelación de los proceso judiciales contra los ocupantes de inmuebles confiscados por el régimen sandinista (1979- 1990), un asunto crítico en las relaciones entre las dos partes.
Bayardo Arce, delegado del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) en la negociación política con el gobierno, que comenzó el martes, sugirió que el parlamento participe del "clima de diálogo" con la aprobación de una serie de medidas de impacto social.
Arce y su equipo de negociadores presentaron a la delegación gubernamental una propuesta de nueve puntos para "consolidar el Estado de Derecho y resolver el problema de las propiedades" confiscadas por el régimen revolucionario sandinista.
La primera instancia del diálogo entre el gobierno y el izquierdista FSLN duró dos horas y se desarrolló en un "ambiente franco y cordial", según los negociadores.
Los representantes del gobierno del conservador Arnoldo Alemán invitaron a su contraparte a reunirse nuevamente el 6 de febrero, para discutir la iniciativa sandinista y formular propuestas alternativas.
Arce solicitó suspender el desalojo judicial de los ocupantes de inmuebles confiscados y el embargo y los procesos legales contra las empresas morosas en poder de los trabajadores.
También propuso que el Estado se haga cargo de la indemnización a los propietarios confiscados y liberar de esa obligación a los dueños actuales de esos bienes.
"Para el FSLN está muy claro que el diálogo no pretende la búsqueda de pactos que borren nuestras diferencias político- ideológicas", sino que "se trata de un esfuerzo patriótico para la estabilidad", dijo Arce a los periodistas.
El problema de las propiedades confiscadas en la década de 1980 es el más complejo a resolver. Según información oficial, el gobierno sandinista distribuyó tierras y viviendas obtenidas de esa forma a más de 184.000 personas.
Mientras, 5.554 personas naturales y jurídicas reclaman unas 16.000 propiedades cuya titularidad perdieron a manos de la administración sandinista, de acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas.
El gobierno de Violeta Chamorro, predecesora de Alemán, emitió bonos de indemnización por 500 millones de dólares entre 1993 y 1996, y 171 millones fueron destinados a 1.719 propietarios confiscados de nacionalidad estadounidense.
El 10 de este mes, al asumir la Presidencia, Alemán advirtió que el caso de las propiedades confiscadas atañe a todos los nicaragüenes, "por justicia, moral, y reconciliación", y porque no se podra reconstruir la economía nacional sin resolver ese problema pendiente.
Alemán exhortó a sus colaboradores a "explorar mecanismos y nuevas fórmulas pragmáticas" de devolución e indemnización, y de pago a los actuales poseedores de esos bienes.
El vicepresidente Enrique Bolaños, jefe de la delegación oficial en el diálogo con el FSLN, dijo que el gobierno seguirá buscando soluciones en el marco de la actual legislación y del plan "Compra de la paz", sugerido por Alemán en la campaña electoral.
Según ese plan, el gobierno buscará financiación externa por e 500 millones de dólares para resolver el asunto. (FIN/IPS/rf/ff/ip/97
