La familia que Susana se vio obligada a dejar hace un decenio, cuando la arrestaron por tráfico de marihuana, ya no está intacta.
Su cuarto hijo, una adolescente, murió. El segundo, Julius, de 24 años, está recluído en la cárcel local, acusado de asesinato, mientras otra hija se marchó y trabaja en lugares lejanos.
Solo Johnny, de 14 años, el más joven, y Betty, la mayor, quedaron en la casa. Su padre está afuera por largos períodos, aprovechando el auge de la construcción en Manila, 120 kilómetros al norte de Baguio City.
Susana, de 50 años, apeló al comercio de marihuana despues que su marido fue despedido de una compañía minera que operaba en la región de Cordillera, en el norte del país.
Arrestada dos veces, se salvó de la cárcel en la primera ocasión sobornando a un policía. Pero cuando la detuvieron por segunda vez, la familia estaba en bancarrota y fue conducida al Instituto Correccional de Mujeres en Manila, donde cumple cadena perpetua.
Susana es una de las 41 mujeres de Cordillera, una región minera, confinada en el instituto. La mayoría de las mujeres presas son madres que han dejado detrás hijos pequeños.
"Largos períodos de cárcel para mujeres, especialmente madres, no son socialmente beneficiosos porque multiplican los males de la comunidad", apuntó Rachel D. Duelo, oficial a cargo del instituto correccional.
"Las mujeres están muy ligadas a sus hogares y tienen más responsabilidades domésticas que los hombres. Una casa sin un padre puede seguir adelante, pero una vez que la familia se ve privada de la presencia de la madre, los niños quedan librados a su suerte y se desbandan", dijo.
"El resultado son hogares deshechos. El marido, generalmente, tiende a tomar otra mujer y olvida a la familia", apuntó.
Los crímenes cometidos por mujeres en Filipinas, por lo general, se deben a razones económicas, según estadísticas oficiales.
Casi la mitad de las reclusas en el instituto correcional resultaron convictas por delitos contra la propiedad, mientras 28 por ciento estuvo involucrado en tráfico de drogas.
La presión de caer en la delincuencia es particularmente aguda sobre mujeres que residen en zonas remotas como Cordillera, donde los tradicionales recursos de subsistencia están en crisis.
La vida es difícil en muchas aldeas donde hasta el detergente es un lujo, sin hablar de la electricidad o el agua corriente. La región tiene uno de los más altos índices de pobreza en Filipinas (51 por ciento), mientras 60 por ciento de los jefes de familia en la region están desempleados.
Afectados por los altos costos de producción, que está en baja tanto en las minas de oro como en el sector agrícola, y la falta de servicios sociales, los campesinos se volcaron a la producción de marihuana.
En muchas aldeas, familias enteras participan del comercio ilícito, desde el cultivo y cosecha de plantas de cannabis hasta la limpieza de las hojas y el transporte del producto desde Baguio a Manila.
Alrededor del 26 por ciento de los arrestos relacionados con drogas en el país en 1995 implicó a aldeanos de Cordillera, que abastecen 70 por ciento de la marihuana en Filipinas, según las autoridades policiales.
Gran parte de las mujeres involucradas en el tráfico son madres solteras, o tienen maridos o compañeros que se marcharon al exterior o perdieron el trabajo.
Es una actividad riesgosa, especialmente desde 1994, cuando una nueva legislación convirtió a la posesión de más de 750 gramos de marihuana en un crimen que puede castigarse con cadena perpetua o la muerte.
En el Instituto Correccional de Mujeres, 25 de las 41 reclusas de Cordillera fueron condenadas por tráfico de marihuana. Dieciséis cumplen cadena perpetua, la mayoría por transportar la droga.
Una cantidad elevada de esas mujeres pertenecen a minorías tribales y el resto son inmigrantes a la región. Casi todas trabajaron alguna vez como campesinas o vendedoras. También rompieron sus matrimonios y son la principal fuente de sustento de sus familias.
Algunas son analfabetas y otras apenas asistieron a la escuela Angelita, de 29 años, el camino a la producción de marihuana comenzó a raíz de la marihuana comenzó a raíz de la ruptura de su matrimonio. Abandonada con tres hijos, se desesperó.
Resultaba poco práctico plantar verduras y legumbres en una aldea que se encuentra a medio día de marcha de la carretera principal, pues la mercancía se marchitaban antes de llegar al mercado. Además, los requerimientos de pesticidas y fertilizantes eran altos.
"La marihuana solo necesita fertilizante y lleva poco tiempo de cultivo. Todo lo que hay que hacer es obtener algunas semillas. Crece por su cuenta como el césped y no necesita cuidado", explicó.
En agosto de este año, quedaban solamente tres mujeres entre los 187 convictos en el pabellón de la muerte. La cantidad podría aumentar por la simple razón que muchas madres pobres se ven obligadas a apelar al tráfico de drogas.
Emma Epie, una viuda y vendedora de frutas de Cordillera, es una de aquellas que enfrenta una suerte incierta. Desde abril está siendo procesada en Baguio City porque fue capturada con 200 kilogramos de marihuana.
Si es sentenciada a muerte, será el primer caso en Cordillera tras la reclasificación del narcotráfico como un crimen abominable.
Muchos observadores coinciden que el gobierno debería mejorar la situación social de los estratos menos favorecidos, en lugar de imponer leyes severas en regiones golpeadas por la pobreza.
"No importa cuántas leyes se creen. La gente lo seguirá haciendo", afirmó Ed Cabantac, de Baguio City, que estuvo a cargo de más de 50 casos de tráfico de marihuana por cuenta de Panlipi, una organización de asistencia social que opera en la región.
"Aunque impongan la pena de muerte por la horca, ocurrirá la misma cosa", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/cbg/cpg/ego/ip pr/96
