El programa de privatización del sector energético de Pakistán recibe críticas dos años después de lanzado por el gobierno de Benazir Bhutto, pero esta vez no se trata de la oposición política sino de asesores gubernamentales.
Un equipo nombrado por el gobierno hace cinco meses para evaluar la ejecución de la nueva política energética, se ha pronunciado contra los contratos realizados con compañías extranjeras para instalar centrales térmicas.
Según los extractos del informe de los expertos publicados por la prensa, el equipo discrepa con las ventajas concedidas a las 16 compañías estadounidenses que ya firmaron contratos de producción de electricidad por un valor total de 4.000 millones de dólares.
El equipo, formado por 26 técnicos y dirigido por un ex presidente de la Comisión de Energía Atómica, expresa en su informe que los acuerdos impondrán al tesoro nacional una carga extra de 1.000 millones de dólares cada año, durante los próximos 25 años.
El informe critica la decisión de permitir a las compañías extranjeras la instalación de centrales energéticas "llave en mano", montadas con máquinas importadas en régimen de franquicia aduanera, y culpa al gobierno de la situación en que se encuentra la industria nacional de maquinaria, carente de pedidos.
"No podemos seguir comprando centrales energéticas terminadas. Nadie puede industrializarse sin desarrollar el sector de maquinaria", expresa el informe técnico.
La primer ministro Benazir Bhutto dijo hace dos meses que la nueva política significa "una revolución energética", pero estas opiniones críticas, provenientes de un cuerpo nombrado por el gobierno, la ponen en situación comprometida.
El plan fue revelado en septiembre de 1994 bajo el epígrafe de "Marco de Política y Conjunto de Incentivos al Sector Privado para la Generación de Energía en Pakistán", como fruto de la labor del Grupo de Trabajo sobre Energía creado por Bhutto después de asumir el gobierno en octubre de 1993.
Aquel grupo de trabajo juzgó que las empresas monopólicas del Estado no estaban en condiciones de satisfacer una demanda eléctrica que crece al ritmo de nueve por ciento al año. Según las cifras del Banco Mundial, la capacidad de generación era, hace seis años, de 9.000 megavatios.
Las empresas públicas del sector están mal administradas, exhiben fuertes déficits y sufren recortes presupuestarios. Los organismos del gobierno les deben sumas millonarias por el suministro de energía facturado.
Para atraer a las compañías extranjeras el gobierno les ofrece libertad para remitir ganancias al exterior, exención de derechos de importación y exoneración por tiempo indeterminado del impuesto a la renta.
Además, el gobierno garantiza una compra mínima de energía por un lapso de 25 años. Las compañías privadas pueden vender electricidad a 6,5 centavos de dólar por unidad durante los primeros 10 años y a 5,9 centavos en adelante. Los contratos anteriores a diciembre de 1997 pueden cobrar 0,25 centavo más.
Los contratos con firmas extranjeras han sido repudiados por la oposición política. El ex ministro de Finanzas Sartaj Aziz, del partido Liga Musulmana de Pakistán, dijo que el gobierno confunde a la gente al afirmar que se han recibido 4.000 millones de dólares de inversiones de esas compañías.
Según Aziz, esa cantidad representa el costo total de los proyectos y no el volumen real de inversión. "Incluso si todos los proyectos contratados se materializan, las inversiones en acciones no superarán el 15 por ciento, o sea, 600 millones de dólares", advirtió el ex ministro.
El resto de cada proyecto, de acuerdo con Aziz, se financiará "con créditos del abastecedor y préstamos externos en condiciones no tan favorables como las que obtuvo la empresa estatal Autoridad para el Desarrollo del Agua y la Energía, en años recientes, para instalar centrales térmicas".
Aziz afirmó además que la tarifa de 6,5 centavos por unidad, autorizada a las compañías extranjeras, es el doble del costo de generación de la empresa estatal. (FIN/IPS/tra-en/tkm/mu/arl/en/96
