Unos 20.000 campesinos llegados el jueves a esta ciudad permanecen en alerta ante las gestiones del gobierno y dirigentes sindicales de Bolivia para superar la crisis provocada por un polémico proyecto de ley de tierras.
El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se declaró dispuesto negociar el proyecto de ley de Modificación del Servicio Nacional de Reforma Agraria, a condición de que cese la presión campesina.
Pero los campesinos, que temen perder sus tierras si la iniciativa conserva su redacción actual, juraron que no se marcharán de La Paz hasta ver suprimidas las cláusulas que entienden contrarias a sus intereses.
Así mismo, la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a todos los sindicatos de este país, amenazó con declarar una "huelga general indefinida" a nivel nacional si el gobierno no responde satisfactoriamente a las demandas de los campesinos.
Un dirigente indígena murió el jueves a consecuencia de los gases lacrimógenos lanzados por la policía contra la manifestación de campesinos. La represión también provocó decenas de heridos y al menos 10 manifestantes fueron detenidos.
La violenta intervención de la policía fue condenada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que elevó la denuncia a organismos internacionales.
El minero Edgar Ramírez, máximo dirigente de la COB, señaló que los campesinos, en su mayoría indígenas quechuas y aymaras, recorrieron miles de kilómetros hasta La Paz para obtener "lo que les corresponde", y no en busca de limosna del gobierno.
El prolongado conflicto estalló hace dos meses, cuando el Poder Ejecutivo alteró el proyecto original de modificación del Servicio de Reforma Agraria, que había sido elaborado a principios de año en acuerdo con indígenas amazónicos, campesinos y empresarios.
El gobierno logró superar la oposición de los indígenas de la Amazonia otorgándoles títulos de propiedad de sus territorios y está cerca de un acuerdo con los empresarios agrarios, que se oponen al pago de impuestos por la tierra, pero se enfrenta a la dura resistencia de los campesinos.
Los campesinos consideran que el proyecto de ley, que debe ser aprobado la próxima semana por el parlamento, pone en riesgo la propiedad de sus parcelas.
También se oponen a otra cláusula, que anuncia la creación de una superintendencia agraria con facultades superiores a las de la Comisión Agraria Nacional, de la que ellos participan.
Así mismo, temen que el proyecto habilite al Estado a apropiarse de sus tierras para venderlas a los empresarios, con el argumento de su desuso o empleo perjudicial para el ambiente.
Esta última causal preocupa en particular a los cultivadores de coca, que están organizados en poderosos sindicatos.
Según estudios ambientalistas, el cultivo de coca inhabilita a las tierras para cualquier otra plantación y convierte esos terrenos en suelos yermos en el mediano plazo.
En Bolivia, considerado el tercer productor de coca después de Perú y Colombia, alrededor de 40.000 familias se dedican a ese cultivo en la central región del Chapare.
Las plantaciones de coca cubren 40.000 hectáreas y su producción se utiliza para la elaboración de la cocaína.
Los campesinos, que en algunos casos marcharon durante 29 días para llegar a La Paz, también se oponen a pagar impuestos por sus pequeñas propiedades rurales.
El gobierno asegura que las pequeñas parcelas no serán expropiadas ni revertidas al Estado y que los campesinos e indígenas no pagarán impuestos por sus tierras, pero no retrocede en su decisión de crear una Superintendencia Agraria dependiente del Poder Ejecutivo.
Miguel Urioste, legislador aliado del gobierno y principal redactor del cuestionado proyecto de ley, afirmó que la nueva intenta garantizar la propiedad y los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas sobre la tierra, respetando sus usos y costumbres
"No se va a imponer desde ninguna estructura política administrativa mecanismos para el reagrupamiento de predios o para las transacciones entre campesinos. Y la dotación de tierras será a título gratuito exclusivamente en favor de campesinos, indígenas y colonos organizados comunitariamente", dijo Urioste.
El legislador sostiene que el prpósito del gobierno consiste en eliminar el latifundio.
La ley de Reforma Agraria se remonta a 1953, aunque aún se cuentan grandes extensiones de tierras en pocas manos. También abunda el minifundio, con sus secuelas de pobreza.
El gobierno quiere eliminar el latifundio mediante instrumentos impositivos, la expropiación y la reversión al Estado de tierras no explotadas.
Según las estadísticas oficiales, 75 por ciento de los indigentes son aborígenes y nueve de cada diez habitantes del campo no satisfacen sus necesidades básicas.
El minifundio y el sobrepastoreo ha ocasionado, entre otros efectos negativos, la degradación y erosión de los suelos.
Para Evo Morales, máximo líder de los cultivadores de coca, e proyecto de ley promueve la mercantilización de la tierra y aumentará la concentración de propiedades agrarias en pocas manos.
Morales, que recorrió a pie más de 500 kilómetros desde el Chapare, acusó al gobierno de "engañar al pueblo boliviano" por haber modificado radicalmente un proyecto aprobado inicialmente por amplio consenso. (FIN/IPS/jcr/ff/pr/96
