Un día después de la huelga general más prolongada y contundente de esta década en Argentina, el sindicalismo pide cambios, la oposición advierte riesgo de violencia social, y el gobierno anuncia que no alterará el rumbo económico, pese a toda protesta.
El paro general de 36 horas que finalizó a la medianoche del viernes fue el más importante de cuantos se han realizado contra el gobierno de Carlos Menem, que lleva siete años en el poder.
Fue convocado para protestar contra el ajuste, el alto desempleo -17,1 por ciento- y la iniciativa oficial de flexibilizar las normas de contratación laboral.
La central sindical mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT) calculó la adhesión en 95 por ciento, los industriales dijeron que en su sector fue de 60 por ciento y en el comercio habría sido de 70 por ciento.
El Ministerio de Trabajo admitió a través de un comunicado que el acatamiento fue de 90 por ciento, pero luego corrigió su estimación a 50 por ciento.
Analistas políticos y encuestadores coincidieron este sábado en evaluar que la huelga "no tuvo dueño", a pesar de que fue convocada por la CGT y contó con la participación activa de los principales partidos de oposición y de estudiantes, comerciantes, jubilados y pequeños empresarios.
El encuestador Enrique Zuleta Puceiro sostuvo que la huelga de 36 horas "cristalizó el clima de cuestionamiento al gobierno" que ya se advertía en los últimos meses. En menos de 60 días hubo dos paros generales y un apagón de protesta con golpes de cacerola, organizado por la oposición.
La adhesión popular a todo tipo de protesta contra el ajuste coincide con el momento de menor popularidad de Menem. Según varias encuestas, la imagen positiva del presidente está entre 10 y 18 por ciento, cuando pasaron sólo 16 meses de su reelección con 50 por ciento de los votos.
El secretario general de la presidencia, Alberto Kohan, reivindicó este sábado esa reelección y reafirmó el rumbo económico. "La política del presidente fue confirmada en las elecciones de 1995, ganadas por el oficialismo, asi que no habrá cambio de posición después de la huelga".
El ministro de Economía, Roque Fernández, quien se encuentra en Washington, para participar en la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, también confirmó el modelo neoliberal en curso.
Fernánez opinó, al igual que Menem, que la huelga fue una medida de los "caciques" sindicales para defender sus privilegios.
Así mismo, anunció para el martes el aumento entre 10 y 30 por ciento del precio del transporte público, como consecuencia del alza del impuesto a los combustibles aprobado esta semana por el como parte del paquete de ajuste fiscal.
Melchor Posse, vicepresidente de la Unión Cívica Radical, el principal partido de oposición, advirtió que "si Menem no modifica el rumbo económico pueden registrarse tensiones sociales que deriven en hechos de violencia".
"Si el presidente no se pone al frente de todo esto y juntos, todos, renegociamos ante el FMI este ajuste salvaje, como lo pidió la Iglesia en la reunión de obispos que se realizó en Perú, entonces la gente va a buscar otros caminos", dijo Posse.
Del mismo modo opinó el encuestador mas cercano al oficialismo, Hugo Haime. "Yo veo un crecimiento de la violencia social encubierta" dijo Haime, y recomendó al gobierno "reaccionar, manteniendo un diálogo con la gente, no diciendo que la huelga es (sólo) de los sindicalistas".
Por su parte, los organizadores del paro reclamaron cambios. El secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, exhortó a Menem a "entender que esto no es un reinado, es una democracia, y que hay un estado deliberativo incluso dentro del Partido Justicialista", de gobierno.
Daer explicó que sólo aceptará dialogar con el gobierno sobre la reforma laboral si hay una invitación institucional y pública a todo el consejo de la CGT, y anunció que el miércoles asistirá a la sesión extraordinaria que hará la oposición en el Congreso legislativo para debatir una solución al desempleo.
El multitudinario acto de la central sindical el jueves en el paseo público de Plaza de Mayo, en Buenos Aires, significó para muchos analistas una ruptura del sindicalismo, eje central del movimiento justicialista, con el gobierno de Menem. El insulto mas coreado por los manifestantes fue "Menem, traidor".
Los organizadores del acto prefirieron no hablar desde ya sobre un nuevo paro, pero admiten que si no hay rectificaciones en el rumbo económico, y si el presidente intenta cambiar las leyes laborales por decreto o sin debate, habrá nuevas medidas de fuerza, quizás en octubre. (FIN/IPS/mv/ff/lb/96
