A menudo son más poderosas en armamento y tienen más integrantes que las policías estatales: se trata de las agencias de seguridad, que pululan en las principales ciudades de América Latina.
"La marcha hacia una sociedad dual, a dos velocidades, extremadamente polarizada, ha determinado en América Latina el surgimiento de un nuevo sector de actividades: el de los cuerpos privados de seguridad", señala el investigador argentino Eduardo Kreimermann.
"El fenómeno ha adquirido también una importancia creciente porque se da junto a un empobrecimiento del Estado que conduce a que agentes de las fuerzas policiales completen sus ingresos trabajando en el mismo 'ramo' pero de forma particular", agrega.
Las agencias de seguridad se han convertido también en receptáculo de la "mano de obra" desocupada de los servicios de inteligencia de las antiguas dictaduras de la región: la mayoría de sus miembros son ex militares.
En Uruguay, por ejemplo, José Nino Gavazzo, oficial del Ejército vinculado a violaciones a los derechos humanos en la década de 1970, figura entre los "'asesores" de una empresa de este tipo. Casos similares se registran en Argentina y Brasil.
"En tiempos de agravamiento de las tensiones, cuando se están perdiendo las barreras de contención social que hacían que antes en Uruguay se viviera relativamente en paz, nosotros tenemos un papel que cumplir y la prueba de que la sociedad nos necesita es que somos cada vez más", declaraba recientemente al semanario local Brecha un integrante de una firma de este tipo.
Según diversas estimaciones, en Montevideo existen al menos 130 empresas de seguridad, que emplean a entre 5.000 y 7.500 personas. Hacia 1992 se calculaba que el sector crecía a un promedio de 20 por ciento al año.
En Argentina, sólo en la provincia de Buenos Aires, la mayor del país, funcionan cientos de agencias. A nivel nacional, el número de empresas se acrecentó 500 por ciento en la última década.
De acuerdo a datos publicados en mayo pasado por el semanario Noticias, más de 8.000 custodios protegen los "countries" (urbanizaciones privadas de clase media alta y alta) de todo el país.
En Brasil se estiman en 70.000 los integrantes de cuerpos privados de seguridad de Río de Janeiro (el doble de los de la Policía Militar estatal).
En Santiago de Chile, las empresas debidamente registradas son 86, pero también en este rubro existen firmas "piratas" y formas de empleo informal y directo, en que por ejemplo una comunidad vecinal contrata por sí misma a uno o más guardias.
En Lima, los llamados "guachimanes" (deformación local de la palabra inglesa watchman, vigilante) llegaron a ser unos 7.000 en 1992-1993, en el peor momento de la crisis económica y cuando se consideraba que la guerrilla no estaba totalmente derrotada. Su número actual, si bien disminuyó, sigue siendo considerable.
En Venezuela, existen 320 compañias privadas de seguridad, integradas por unos 50.000 vigilantes armados.
"Tenemos más policías privados que la suma de todas las policías oficiales", dijo a IPS Egildo Luján, presidente de la cámara del sector, que reúne a las 125 empresas "más responsables y con 80 por ciento de los hombres sobre las armas", según puntualizó.
Las empresas venezolanas de este ramo, cuyo número aumenta de manera constante (surgieron 14 en 1995), facturan anualmente cerca de 90.000 millones de bolívares (unos 190 millones de dólares) anualmente, casi medio punto del producto interno bruto.
Datos oficiales a los que accedió a IPS, indican que en Ecuador desde 1992 se establecieron sólo en Quito 56 compañías de vigilancia privada.
Por lo general, los clientes de estas empresas son grandes industrias, bancos, supermercados, estacionamientos privados, condominios residenciales, comercios y ejecutivos de trasnacionales.
Y el equipamiento de las firmas que operan en este sector es habitualmente más sofisticado que el de las policías oficiales. (FIN/IPS/dg/ag/pr/96
