La aplicación de la pena de muerte gana terreno entre políticos y sectores de la sociedad civil de América Central, mientras otros grupos reclaman medidas contra las causas que generan la ola de violencia social y no sólo la cabeza visible del problema.
Las cosas se fueron a los extremos en Guatemala, previo al fusilamiento el 13 de septiembre de Pedro Castillo y Roberto Girón, condenados por asesinato y violación, cuando un 80 por ciento de la población apoyó la pena de muerte, según encuestas realizadas en ese país en medio de un agudo debate sobre el tema.
Pero el caso de Guatemala no es único en América Central.
En El Salvador, convertido en los últimos tres años en el país más violento de la región y donde sólo en su capital se comete un homicidio cada hora, los diputados oficialistas Juan Duch y Walter Araujo lanzaron una cruzada a favor de la pena de muerte para contener la ola de violencia.
En Panamá los sindicatos de conductores de taxis y autobuses realizaron protestas para demandar la aplicación de ese mismo castigo contra los asaltantes que en los últimos cinco años han asesinado a 57 conductores del transporte público.
El problema de la violencia no es ajeno a otros países de la región, como es el caso de Honduras o Nicaragua, donde en los últimos años ha intervenido varias veces el ejércido para intentar contener las oleadas de asaltos y homicidios.
Sin embargo, el sociólogo Raúl Leis, directivo del no gubernamental Centro de Acción Social (Ceaspa), afirmó que la fiebre no está en las sábanas sino en las causas sociales, económicas, politicas y culturales que generan la violencia.
En el proceso de transición luego de las guerras civiles que causaron unas 300.000 muertes en América Central, "se cambió el eje de la violencia política por el de la violencia cotidiana al no resolverse los problemas que originaron los conflictos", dijo Leis a IPS.
En ese sentido, el problema de la pobreza, que afecta a más de 60 por ciento de los 30 millones de centroamericanos, según el sociólogo el principal caldo de cultivo para la actual ola de delitos.
A ello se le suma "la ausencia de normas de conducta" ocurrida durante los años de violencia política, disposición de armas entre los civiles, la corrupción y la "cultura de la violencia" transmitida por los medios de comunicación.
En este último aspecto, Leis precisó que se ha impuesto la figura del "superhombre", sobre todo en la televisión y en el cine, "donde los conflictos siempre se resuelven por la vía violenta y nunca a través de la negociación".
Todo ese cúmulo de cosas "han invertido los valores que regían la sociedad" y ahora los habitantes de la región son "unos híbridos, muertos en términos culturales, y unos perdedores con respecto a la situacion de otros países que se presentan como modelos", afirmó.
A ello se le agrega el hecho de que "ya la educación no es una alternativa de ascenso social", como ocurría en décadas anteriores, y que de los procesos de paz "no surgieron nuevas oportunidades" de progreso económico, social y cultural para los sectores medios y bajos de la población.
"La pena de muerte no es la solución" para contener la ola de delitos, sino a través de una amplia concertación política y social, cambios en las instituciones, planes de rehabilitación de los infractores y programas para minimizar la pobreza y el desempleo", dijo Leis.
La posición del experto fue compartida por la diputada Balbina Herrera, del gobernante Partido Revolucionario Democrático de Panamá, quien señaló que se ha fracasado "como sociedad por no haber sabido hacia donde ir como población joven".
En tanto, el jurista Pablo Azael, ex director de la cárcel La Joya de Panamá, aseguró que no se ganaría nada ensañándose con el delincuente y dejar de lado los males sociales que arman a ese delincuente.
La Iglesia Católica de la región también se opone a la pena de muerte, según indicaron sus voceros en Guatemala, Panamá y El Salvador.
Sin embargo, para Julio Shayler, dirigente del sindicato del transporte de Panamá, "existe una lógica de violencia impuesta por los delincuentes que hay que parar con medidas similares", como la pena de muerte.
Shayler advirtió que si las autoridades no toman cartas en el asunto podría entrar en escena la figura del sicario o los grupos de defensa civil para "resolver el problema por la vía extrajudicial", como ya ocurre en algunos países de América Latina.
Además del sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales que se dan actualmente entre bandas de narcotraficantes, recientemente ocurrió un caso en El Salvador donde la población tomó justicia por sus propias manos contra un delincuente que mató a dos hombres y violó a una mujer en una comunidad rural.
Pero Azael se opuso a que ingrese al camino de venganzas o violencia contra violencia, que significaría el regreso a la era bárbara y no eliminan las causas que originan el problema". (FIN/IPS/sh/ag/hd/96
