Los países latinoamericanos esperan la evaluación de Estados Unidos de su lucha contra el narcotráfico, con un sentimiento que oscila entre el temor a las sanciones y la indignación ante un mecanismo considerado atentatorio contra la soberanía nacional.
Una treintena de países del Sur, 12 de ellos latinoamericanos, recibirán este viernes de Washington certificaciones, descertificaciones o advertencias sobre el papel jugado durante el último año en esta materia.
Los países a los que el presidente Bill Clinton niegue la certificación sobre su "cooperacion total" en los esfuerzos contra el narcotráfico no podrán contar en varios rubros con la ayuda de Estados Unidos, que también vetaría los préstamos solicitados por ellos ante organismos multilaterales de crédito.
En América Latina "no se esperan tarjetas rojas, pero sí podrían verse amarillas de advertencia", comentó en términos futbolísticos un experto mexicano.
En el continente, la atención se centra en Colombia y México y, en menor medida, en Perú y Bolivia, cuatro países que este miércoles fueron elogiados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, por los esfuerzos realizados en la lucha antidrogas.
Expertos y organizaciones independientes criticaron sin vacilaciones la práctica de la certificación, adoptada en 1986 por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo.
Es "un mecanismo colonialista de presión política sin sustento técnico", aseveró el presidente de la no gubernamental Comisión Andina de Juristas, Diego García Sayan.
Y un miembro de la JIFE, el mexicano Manuel Quijano, dijo que Estados Unidos, con un gasto anual en drogas de unos 100.000 millones de dólares, no tiene autoridad para hacer de juez.
Las autoridades de los países afectados, en cambio, se mostraron mucho más cautas.
Si bien el gobierno de México ha criticado públicamente por ilegítima e intervencionista la práctica estadounidense de calificar la lucha de otros países contra el narcotráfico, algunos de sus miembros más destacados realizaron en Washington discretas gestiones para evitar la sanción.
Y el presidente de Colombia, Ernesto Samper, afirmó que para su país es fundamental continuar trabajando con Estados Unidos para derrotar de una vez por todas "el flagelo del narcotráfico", en un mensaje enviado esta semana a Clinton en el que no hace referencia explícita al proceso de certificación.
El procedimiento "revela la esquizofrenia de la política de Washington", según Peter Andreas, experto en política internacional de la Brookings Institution de Estados Unidos.
En el caso de México, mientras las autoridades desean enviar una clara señal al gobierno del presidente Ernesto Zedillo para que endurezca su posición contra los narcotraficantes y combata la corrupción, numerosos asesores gubernamentales expresan su temor ante las consecuencias económicas de la descertificación.
México ha sido muy criticado en el Congreso de Estados Unidos y una ley aprobada recientemente con el respaldo de demócratas y republicanos exige que ese país refuerce su campaña contra el narcotráfico antes de que se le conceda una prórroga de seis meses en la garantía de préstamo de 20.000 millones de dólares.
En los últimos años, la descertificación total se reservó a países con los que Estados Unidos tiene una relación conflictiva, como Afganistán, Irán, Laos, Myanmar y Siria.
Se estima que México, que en los últimos 10 años obtuvo la aprobación total, sería certificado ahora por razones de "seguridad nacional" de Estados Unidos, un argumento que Washington utilizó el año pasado para no penalizar a Colombia.
Colombia, en tanto, sólo en el mejor de los casos obtendría en esta oportunidad esa certificación condicionada, según coinciden en señalar analistas estadounidenses y colombianos, y las autoridades del país sudamericano se preguntan con preocupación si repetirán el buen resultado del año pasado,
La descertificación es posible, pese a los esfuerzos hechos en el último año por Bogotá contra los carteles de la droga y la erradicación de cultivos de coca, ya que Washington desearía castigar a Samper por negarse a renunciar, tras la denuncia sobre presuntos aportes del narcotráfico a su campaña electoral.
En cuanto a la calificación que obtendría Perú, el mayor productor de coca del mundo, el presidente de la Comisión Andina de Juristas anotó que este país tiene "buena y mala vitrina" en la represión del narcotráfico.
"Si bien bien el gobierno de (el presidente Alberto) Fujimori incautó 23 toneladas de cocaína en 1995 y hay jefes militares enjuiciados por colaborar con el narcotráfico, hay muchos otros que no han sido tocados y la producción peruana de pasta básica el año pasado fue de 600 toneladas", comentó.
Raúl Serrano, experto de Cedro, un instituto independiente de Lima que trabaja contra la drogadicción, estimó que Fujimori obtendrá "un certificado a medias porque tiene excelentes relaciones con Clinton".
"Naturalmente, Perú, el principal productor de pasta básica de cocaína en el mundo, no puede ser declarado eficiente en la erradicación del narcotráfico. Pero creo que Washington no apretará al gobierno de Fujimori como probablemente hará con el de Bolivia, por ejemplo", añadió Serrano.
Bolivia, segundo productor mundial de coca, erradicó en 1995 algo más de las 5.400 hectáreas de este cultivo exigidas por Washington, por lo que este país no tiene que preocuparse esperando el 1 de marzo, según el embajador de Estados Unidos en La Paz, Curtis Kamman. (FIN/IPS/al-dc-yf-jcr/ag/ip/96)
