Jon Sarmiento vive en la provincia de Cavite, al sur de la capital de Filipinas, donde planta varias frutas y verduras. Pero su principal cultivo, el arroz, está en peligro. Según este agricultor, el “arroz dorado” transgénico, aprobado por el gobierno, contiene beta-caroteno, que el cuerpo convierte en vitamina A, pero puede arruinarle la vida.
“El arroz transgénico no combatirá la falta de vitamina A, pues hay muchas otras fuentes de ese nutriente. Empeorará el hambre, además de matar la diversificación y contaminar otros cultivos”, se lamentó Sarmiento, también oficial de programa de agricultura sostenible de Pakisama, un movimiento nacional de organizaciones agrícolas.
Sarmiento se expresó así durante una protesta organizada el 11 de este mes frente a la Oficina de la Industria de Plantas (BPI), del Departamento de Agricultura, en la que los agricultores extendieron un enorme lienzo con una ilustración en tres dimensiones de las Terrazas de Arroz Ifugao, una provincia del norte de Filipinas.
Este país de Asia sudoriental, con 100 millones de habitantes, es el octavo productor de arroz del mundo, con 2,8 por ciento de la producción global, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Pero también fue el mayor importador del grano en 2010, en gran parte debido a que el área donde se encuentran los arrozales es muy pequeña comparada con las de otros grandes productores asiáticos.
Además de no tener suficientes tierras para cubrir la demanda de arroz, Filipinas sufre por lo menos 20 tifones al año, que destruyen sus cultivos, señala la FAO.
Pero a los científicos y autoridades les preocupa convertir ese alimento básico en una gran fuente de nutrientes para la población. El gobierno e institutos de investigación independientes están muy preocupados por las deficiencias nutricionales causantes de la malnutrición, en especial en las comunidades más pobres.
Según el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), con sede en Filipinas, “la deficiencia de vitamina A sigue generando un problema de salud pública, pues afecta a más de 1,7 millones de menores de cinco años y a unas 500.000 mujeres embarazadas o que están amamantando”.
La mayoría de los damnificados viven en zonas alejadas, sin acceso a los programas de nutrición del gobierno. El IRRI estima que garantizando a las comunidades aisladas suficiente vitamina A se reduciría la mortalidad infantil entre 23 y 34 por ciento.
Ese razonamiento incentivó investigaciones sobre un arroz modificado genéticamente, pese a las numerosas protestas que derivaron en un episodio muy sonado en agosto de 2013, cuando cientos de activistas ingresaron en un campo de pruebas estatal y arrancaron plantas del controvertido arroz dorado.
Mientras los científicos continúan con sus pruebas, las protestas redoblan en Filipinas, motivadas por un movimiento global contra los organismos genéticamente modificados (OGM).
La movilización del día 11, que contó con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace Asia sudoriental y en la que participaron agricultores, consumidores y comerciantes de productos orgánicos y ambientalistas, denunció las investigaciones del gobierno sobre el arroz dorado y los campos de prueba, así como la distribución y la recolección de maíz y berenjenas modificadas genéticamente.
Monica Geaga, una de las agricultoras que participó en la protesta y quien pertenece a la organización Sarilaya, que reúne a productores orgánicos de las provincias arroceras en la isla de Luzón, dijo que las mujeres soportan múltiples cargas con los OGM.
“Es una forma de acoso y violencia contra las mujeres, quienes no solo son agricultoras, sino también consumidoras y madres a cargo de sus hogares, de la salud y de la nutrición de sus familias”, dijo a IPS.
Los manifestantes urgieron al gobierno a proteger las variedades de arroz y evitar la contaminación de transgéncios, y que destine los recursos invertidos en ellos a proteger la biodiversidad y el rico patrimonio cultural, así como el equilibrio entre la ecología y la agricultura.
Faltan datos sobre cuánto destinó el gobierno en la investigación de transgénicos, pero la Coalición de Biotecnología de Filipinas estima que, junto a sus socios multinacionales, gastó unos 2,6 millones de dólares, solo en la creación de un maíz genéticamente modificado.
Además, activistas y científicos sostienen que los OGM violan la Ley Nacional Orgánica que apoya la propagación de variedades de arroz que ya poseen múltiples nutrientes, como carbohidratos, minerales, fibras y potasio, según el Consejo Nacional de Nutrición de Filipinas (NNC).
El NNC también dijo que otras variedades de arroz tradicionalmente producidas en Filipinas, como la marrón, la roja y la púrpura contienen esos nutrientes.[related_articles]
El agricultor ecologista Danilo Ocampo, de Greenpeace Filipinas, explicó que el “sistema normativo defectuoso” de BPI, la única agencia estatal que da el visto bueno a los OGM, llevó a aprobar todas las solicitudes sin reparar en su impacto a largo plazo en el ambiente y en la salud humana”.
“El problema con el sistema actual es que no hay un solución administrativa para los agricultores tras la contaminación. También es frustrante que los consumidores y la población en general, no tengan posibilidades de participar en la regulación de los transgénicos”, se lamentó.
“Ya es hora de que ejerzamos nuestro derecho a participar y a formar parte del sistema de regulación que afecta a nuestro alimento, nuestra salud y nuestro futuro”, sentenció.
Un comunicado de Greenpeace sostiene que aparte de la falta de consenso científico respecto de la seguridad de los transgénicos sobre el ambiente y la salud humana, también amenazan la rica biodiversidad de este país.
Greenpeace Filipinas dijo que los OGM como el maíz o el arroz tienen pesticidas incluidos, que pueden resultar tóxicos, y que su capacidad de cruzarse y de que haya polinización cruzada con otros cultivos inalterados puede ocurrir en un ambiente abierto, y no se puede frenar.
Durante este mes se han sucedido varias protestas en distintas ciudades de Filipinas que reclamaron al gobierno proteger la diversidad de variedades de arroz y de otros cultivos y que ponga fin a las investigaciones de transgénicos y a los campos de prueba.
Editado por Kanya D’Almedia / Traducido por Verónica Firme
