Por más de una década, la tribu dongria kondh, que habita las colinas de Niyamgiri, cadena montañosa en el oriental estado indio de Orissa, ha visto amenazados su ambiente y su sustento.
Durante siglos, la tribu vivió pacíficamente en las colinas, adorando a la sagrada "montaña de la ley" y protegiendo los bosques que la rodeaban.
Pero cuando el conglomerado minero Vedanta Resources, con sede en Londres, descubrió ricos depósitos de bauxita en el tope de la montaña, la comunidad vio de pronto invadida su tierra ancestral.
En 2006, la compañía instaló una fábrica al pie de la montaña para convertir a la bauxita local, de excepcional calidad, en aluminio. Casi de inmediato, la población tribal comenzó a sentir los impactos de la contaminación en el aire y en el agua.
Gracias a una fuerte campaña de organizaciones internacionales, grupos locales defensores de los bosques, representantes tribales y asesores legales, la fábrica fue clausurada en 2012.
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Un paso crucial en el camino a la victoria fue la enmienda de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Tribus y otros Habitantes Tradicionales de los Bosques, de 2006.
La enmienda estableció que cualquier compañía que quisiera iniciar un proyecto que pudiera afectar a las comunidades locales primero debía obtener el consentimiento de los "gran sabhas" (concejos de las aldeas).
Hoy, los frutos de esa dura batalla, que aseguró cierto grado de protección a los derechos y al ambiente de las comunidades tribales de India, se ven amenazados.
Marcha atrás
A comienzos de este mes, el gobierno del primer ministro Manmohan Singh anunció que solo se pediría el consentimiento de las comunidades en casos excepcionales, atribuyéndose la potestad de decidir cuándo los proyectos realmente podían amenazar la vida de esas poblaciones o el ambiente.
El gobierno decidió excluir de la consulta con las comunidades a todos los proyectos "lineales" (los que involucran la construcción de carreteras y canales o la instalación de oleoductos, fibras ópticas y líneas de transmisión), considerados clave para el desarrollo.
Ashish Kothari, de la organización conservacionista Kalpavriksh, explicó que esos proyectos muchas veces tienen consecuencias extremadamente negativas para el ambiente.
"Las carreteras, las líneas ferroviarias y las de transmisión (eléctrica o telefónica) a través de los bosques causan una fragmentación y amenazan la vida de animales", dijo a IPS, señalando que decenas de elefantes han muerto tratando de cruzar las vías de tren.
"También dividen las aldeas o grupos de aldeas, con serios impactos en las relaciones sociales y económicas. Los proyectos lineales a través cursos de agua pueden afectar la cría de especies y bloquear su movimiento", agregó.
Para Kothari, la decisión de exceptuar los proyectos lineales es el primer paso hacia la anulación de la ley.
"En los últimos años, el gobierno apenas implementó la ley, y ahora que las comunidades están defendiendo sus derechos resistiendo proyectos que consideran dañinos a su ambiente y sustento, el gobierno está desesperado por encontrar formas de eludirlos", dijo a IPS.
Swati Shresth, de la Global Forest Coalition, dijo a IPS que la decisión del gobierno es "una continuación del acaparamiento de tierras y una violación de los derechos de los habitantes tradicionales de los bosques en nombre del desarrollo, la economía y el bien nacional".
La nueva disposición del gobierno provocó indignación general. Cartas de protesta fueron enviadas a la oficina del primer ministro por diversas organizaciones internacionales, incluyendo Oxfam y Rights and Resources, así como por un grupo de abogados indios.
Invasiones corporativas
Por más de siete años, los concejos de las aldeas en India aprovecharon disposiciones contenidas en la ley para bloquear intentos de la South Korean Pohang Steel Company (POSCO) de adquirir más tierras.
A comienzos de febrero hubo intentos de desalojar a los agricultores de su tierra en el distrito de Jagatsinghpur, en Orissa, para prepararle el camino a una gigantesca planta de acero por 12.000 millones de dólares.
Varias organizaciones indias e internacionales, incluyendo surcoreanas, expresaron su rechazo a los violentos intentos de la empresa para adquirir la tierra.
Según una declaración divulgada el 3 de este mes por el Foro de todos los Movimientos por los Bosques de India (AIFFM, por sus siglas en inglés), "unas 4.000 familias que serán afectadas por el proyecto no quieren que sus hogares y sus fuentes de sustento cedan ante la construcción de una planta de acero".
No obstante, el ministro de Asuntos Tribales, Kishore Chandra Deo, aseguró a IPS que el gobierno "siempre estará comprometido con el fortalecimiento de los gran sabhas de India".
El gobierno cree que estos proyectos fortalecerán "al débil producto interno bruto (PIB) y crearán acceso a industrias mineras en nombre del desarrollo económico", señaló Sanjay Basu Mallick, del AIFFM.
"Pero, en términos humanos, es un paso antidemocrático hacia la total negación del desarrollo y del bienestar de las comunidades de los bosques", dijo a IPS.
El crecimiento económico en esta, la tercera economía de Asia, se redujo a su nivel más bajo en una década, al llegar a 6,2 por ciento el año fiscal cerrado en marzo de 2012, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgado a comienzos de este mes.
"En el periodo 2011-2012, la tasa de crecimiento de India fue de 6,5 por ciento, y podría caer a 5,4 por ciento en el periodo 2012-2013", alertó el organismo multilateral.
El FMI sostuvo que la falta de inversiones en infraestructura y las demoras en el desmonte de tierras para proyectos industriales eran algunas de las razones detrás de la caída del PIB.
El gobierno de Manmohan Singh está dando pasos para revitalizar la economía, incluyendo una serie de reformas anunciadas el año pasado. Pero a pesar de todo esto, el FMI considera que "se debe hacer más".
En noviembre de 2012, se filtró un informe de la oficina del primer ministro recomendando que se "diluyeran" los derechos de las tribus, probablemente en respuesta a la presión de conglomerados mineros e industrias relacionadas para concretar sus proyectos en los bosques.
Según la Autoridad Nacional de Autopistas de India, un total de 101 proyectos de infraestructura, incluyendo 32 referidos a construcción de carreteras, se encuentran estancados debido a demoras en el desmonte de las tierras.
