Para los fiscales que investigan el atentado de 1994 contra la AMIA en Argentina, son múltiples los elementos que involucran a la embajada de Irán en el ataque, cuyo motivo es atribuido a la cancelación de contratos de cooperación nuclear entre los dos países.
"Acreditamos que desde mucho antes del atentado, Teherán montó en Argentina una estructura clandestina de inteligencia y espionaje que, a medida que se acercaba (la fecha del ataque) fue progresiva y convenientemente reforzada", reza el dictamen presentado al juez para que ordenara, como lo hizo, la captura de ocho ex altos funcionarios iraníes y un dirigente libanés.
El ataque contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) se perpetró el 18 de julio de 1994, causando la muerte a 85 personas y heridas a otras 300. Los acusadores señalan que el móvil que contribuyó a justificar el atentado fue la cancelación unilateral por parte de Argentina de contratos de cooperación nuclear bilateral suscritos a fines de los años 80 con Irán.
Pero al mismo tiempo sostienen en el escrito presentado al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que, "sin la existencia de la estructura" montada en torno a la embajada iraní y los apoyos logísticos y operativos derivados de ese desarrollo, Argentina no hubiese podido ser el blanco de un atentado explosivo de esa magnitud.
La orden de captura dictada a mediados de este mes por Canicoba Corral es a los efectos de indagatoria, una instancia de la justicia argentina para que el sospechoso de un crimen se defienda.
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Miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) argentina declararon ante los investigadores que la transferencia de material para el plan de desarrollo nuclear iraní se abortó a pedido de la cancillería argentina luego de que Estados Unidos le hiciera saber que "no veía con agrado la continuación de esos contratos".
Empero, la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la AMIA considera que ese motivo no fue excluyente, aunque sí determinante.
Sus expertos analizaron el contexto político de Medio Oriente, las negociaciones de paz en curso entonces entre israelíes y palestinos y recogen interpretaciones acerca de la inconveniencia de los acuerdos de paz para el futuro de Irán y del libanés Hezbolá (Partido de Dios, en árabe), chiita, prosirio y proiraní.
En diálogo con IPS, una fuente de la CNEA, que pidió mantener el anonimato, manifestó sus dudas acerca de la posibilidad de que la ruptura de contratos haya provocado una respuesta de tal magnitud por parte de Irán. "Era tecnología para producir uranio al dos o tres por ciento, no era conocimiento para una bomba", explicó al argumentar su opinión.
No obstante, admitió que Estados Unidos tenía temor por "no saber cómo iba a evolucionar luego ese desarrollo" nuclear iraní. De los tres contratos con Argentina, se cancelaron los dos firmados en último término.
"El primero (que sobrevivió) estaba amparado por un convenio de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), pero los otros dos no", por eso se cancelaron, explicó la fuente de la CNEA. "Me llama la atención que la fiscalía considere que éste fue el móvil", agregó.
Luego sostuvo, "si fuera por responder a la cancelación, más sensible había sido el contrato que Irán tenía con Francia para proveerse de uranio enriquecido en los años 80".
"Irán había adquirido en 1975 parte (10 por ciento) de la empresa francesa Eurodif (también de capitales belgas e hispanos), y París canceló ese contrato (luego de que la Revolución Islámica derrocó en 1979 al sha Mohammad Reza Pahlevi), pero no por eso tomaron ninguna revancha", comentó.
Sin embargo, en esa época se registró una serie de atentados en París, atribuidos a Irán y por esa operación en litigio. Uno de ellos fue el asesinato en 1986 de Georges Besse, gerente de Eurodif, perpetrado por agentes de inteligencia iraníes según señalan David Carr Brown y Dominique Lorentz en su libro titulado "La República Atómica. Francia Irán. El Pacto Nuclear".
Los fiscales argentinos, además de indagar en el tema nuclear como móvil del ataque, ponen énfasis en que la estructura montada con la embajada iraní en Buenos Aires como eje es otro elemento que ubica a Argentina como blanco del ataque.
En este sentido, señalan el "movimiento inusual de correo diplomático" hacia la embajada iraní en Argentina en los meses previos al ataque, el cambio de correo-bolsa a correo-persona y el "sospechoso incremento de fondos" que manejaba el agregado cultural, Mohsen Rabbani, uno de los requeridos por la justicia.
"Rabbani fue el principal responsable de la logística del ataque", dicen los fiscales que hicieron un detallado seguimiento de las llamadas del celular utilizado por este diplomático, destinado a una tarea de captación religiosa y política entre miembros de la comunidad islámica en este país, agregan.
Entre marzo y abril de 1994, tres meses antes del ataque, se indica en el dictamen que "se efectuaron transferencias desde el exterior por una suma aproximada de 150.000 dólares", en las cuentas de Rabbani, un incremento considerado "sustancial" comparado con los fondos que manejaba en los años previos.
También el informe da cuenta de los intentos de Rabbani por adquirir un vehículo como el que se utilizó como coche-bomba, al igual que de la decisión de la cancillería iraní de dotarlo de inmunidad diplomática cuatro meses antes del atentado pese a que hacía 11 años estaba en Argentina.
Es coincidente asimismo, dicen, la partida de embajadores ante países vecinos en vísperas del ataque en Argentina. Tal el caso del representante en Chile, Hamid Reza Hosseimi, quien tenía en su prontuario haber sido expulsado de Estados Unidos por espionaje, y del acreditado en Montevideo, Mohammad Alí Sarmadi Rad, antes identificado como agente secreto en Turquía.
También el embajador de Irán en Argentina en ese entonces, Hadi Soleimanpour, había sido expulsado de España por espionaje.
Sobre la participación de Hezbolá, los fiscales indican que el entonces jefe del servicio exterior de ese partido libanés, Imad Moughnieh, ingresó a Argentina semanas antes del atentado.
Moughnieh, considerado máximo responsable de coordinar la operación en Buenos Aires, es otro de los requeridos ahora por la justicia argentina. También entienden probado que el conductor suicida de la camioneta que explotó frente a la sede era el libanés Ibrahim Hussein Berro, de Hezbolá.
