Oaxaca, capital del meridional estado mexicano de igual nombre, es el centro de la resistencia de maestros y organizaciones sociales de apoyo que en casi 100 días de protesta han sufrido la muerte de cuatro activistas. La protesta hizo eco en el Congreso nacional, que evalúa intervenir el gobierno local.
El conflicto estalló con la demanda de mejoras salariales de los maestros agrupados en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes tras instalarse en el zócalo (plaza principal) de la ciudad de Oaxaca chocaron en varias ocasiones con la policía municipal que pretendía reprimirlos.
Los maestros reclamaban inicialmente un aumento de sueldos y, en respuesta el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo carecer de recursos para satisfacer esa demanda, lo cual radicalizó las protestas y, consecuentemente, impidió que más de un millón de estudiantes completaran el ciclo escolar 2005-2006.
Tres indígenas fueron asesinados y cuatro más resultaron heridos el miércoles en la emboscada contra miembros del no gubernamental Movimiento de Unificación y Lucha Triqui perpetrada por desconocidos cuando se dirigían a la capital estadual para sumarse al movimiento de los maestros y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que reúne decenas de grupos sociales.
Al día siguiente, una persona más fue asesinada cuando una manifestación de la APPO y de maestros fue atacada por personas armadas, que dispararon y luego huyeron.
La fiscalía, empero, informó que la muerte del manifestante se dio a raíz de una riña entre particulares y rechazó que se haya tratado de una emboscada o una represión por parte de agentes de seguridad del Estado.
Añadió que, incluso, está en curso investigaciones para fundamental cargos contra los líderes de la protesta por la toma temporal que realizaron del aeropuerto de Oaxaca, de una estación de autobuses de pasajeros, de oficinas gubernamentales, de bloqueos de carreteras y de la toma de una estación de radio y otra de televisión.
Casi al inicio de las protestas, los maestros impidieron la realización de la fiesta tradicional de las comunidades indígenas conocida como la Guelaguetza, la más representativa del estado de Oaxaca, cuya capital fue declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Según empresarios, la cancelación de la Guelaguetza dejó pérdidas económicas por más de 300 millones de pesos (unos 28,2 millones de dólares).
Los manifestantes pasaron entonces de la demanda de mejoras salariales a exigir la renuncia del gobernador y la denominada desaparición de poderes del estado, reclamo que ya analiza la comisión permanente del Congreso legislativo federal, la cual pidió el jueves al presidente Vicente Fox que ponga especial atención en resolver el conflicto en Oaxaca.
Rubén Aguilar, el portavoz del gobierno de Fox, rechazó en la víspera que la prolongación del conflicto magisterial y las protestas de otras organizaciones civiles en Oaxaca represente un fracaso para el gobierno nacional y aclaró que corresponde a las autoridades estatales buscar una solución.
"La presidencia lamenta los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Oaxaca. No es con violencia como en una sociedad democrática se resuelven los problemas", dijo Aguilar al referirse a la muerte del activista durante la manifestación del jueves, al tiempo de reiterar el apoyo al gobierno estatal a través del ministerio de Gobernación (Interior).
El gobernador Ruiz había solicitado el envío de la Policía Federal Preventiva para contener a los maestros que habían bloqueado rutas y ocupado el aeropuerto. Sin embargo, esas fuerzas nunca llegaron.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI justificó la situación indicando que hay organizaciones radicales externas y ajenas al conflicto, que intentan desestabilizar al gobierno estatal.
Ruiz acusó en particular al izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática de estar detrás del conflicto y, además, urgió al gobierno federal el envío de fuerzas de seguridad para evitar el cierre de tránsito carretero, ya que éste es un tema de su competencia.
Al iniciarse el conflicto se formó una comisión mediadora integrada por el pintor Francisco Toledo, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y el apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Wilfredo Mayrén Peláez, quienes decidieron disolverla a los 40 días debido a la radicalización del movimiento magisterial.
No obstante, Toledo, quien además de ser reconocido por su obra artística es considerado un defensor de las culturas indígenas, dijo el jueves que estaría dispuesto a volver a fungir como negociador entre manifestantes y autoridades, pues reconoció el riesgo de un estallido social que cause más muertes.
La independiente Confederación Patronal de la República Mexicana hizo, por su parte, un llamado a los gobiernos federal y al estatal para que eviten el uso de la fuerza pública para resolver este conflicto.
"México no necesita de represión, estaríamos enviando un mensaje negativo al exterior. Lo que hace falta es actuar con sensibilidad e inteligencia política", expresó el organismo empresarial a través de un comunicado.
Por su parte, Pablo Gómez, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, acusó al gobierno estadual de Ruiz de dejar crecer el conflicto intencionalmente y de ordenar reprimirlo.
Consideró que, si el Congreso nacional lo destituye y pone a uno interino estaría desactivando el conflicto. Negó que su partido esté detrás de los manifestantes y se opuso a la intervención de los poderes estaduales en Oaxaca, uno de los estados más pobres y de mayor presencia indígena.
A su vez, el diputado Héctor Larios, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional minimizó la dimensión del conflicto.
En su opinión, este tipo de protestas del sindicato de maestros se registran cada año y siempre es para demandar más salario; asimismo, descartó que la intervención de poderes sea una alternativa, ya que sólo se incrementaría la irritación social.
A su vez, Heliodoro Cárdenas, secretario de gobierno de Oaxaca rechazó en la víspera que el gobierno local esté reprimiendo a los activistas y se sumó a la condena por los cuatro asesinatos. Además aclaró que la fiscalía estatal actuará legalmente en contra de quienes han cometido delitos durante las manifestaciones. (
