Prohibición de teléfonos inteligentes priva a las periodistas afganas de herramienta esencial

La autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por razones de seguridad.

La prohibición del uso de teléfonos inteligentes en la administración pública dificulta el acceso de los periodistas a la información y afecta especialmente a las mujeres periodistas, que por las restricciones de los talibanes no pueden realizar entrevistas presenciales y tenían en las aplicaciones una vía para comunicarse con las fuentes. Ahora temen que esto restrinja aún más sus perspectivas laborales. Imagen: Learning Together

KABUL – A los periodistas afganos les resulta ahora difícil obtener información de las autoridades, a los que solo se les permite utilizar teléfonos inteligentes con una autorización especial. Esta prohibición afecta especialmente a las mujeres, para quienes las entrevistas presenciales no son una opción.

El trabajo de Hadia (nombre ficticio), periodista de una emisora de radio con sede en Kabul, se ha complicado considerablemente desde que el gobierno talibán prohibió en junio el uso de teléfonos inteligentes dentro de la administración afgana.

Muchos de los reportajes de Hadia quedan incompletos porque ya no puede obtener información de los funcionarios por teléfono como solía hacer.

«Si a las periodistas se les priva del acceso a la información, ¿por qué iban a seguir en los medios de comunicación? Además, ninguna entidad en Afganistán exige responsabilidades a los talibanes si estos no responden a las preguntas de los periodistas o de los ciudadanos», detalló.

«Los teléfonos fijos no ofrecen las mismas posibilidades que WhatsApp, y recabar información lleva mucho tiempo. La mayoría de los funcionarios talibanes solían responder a nuestras preguntas a través de aplicaciones móviles. ¿De dónde obtenemos ahora nuestra información?», se pregunta Hadia.

Según las nuevas normas, el uso de un telefóno inteligente requiere un permiso especial, y los funcionarios que incumplan la prohibición se arriesgan a que les confisquen y destruyan sus teléfonos.

La prohibición dificulta el acceso de los periodistas a la información y afecta especialmente a las periodistas, que temen que la prohibición de los teléfonos inteligentes socave aún más sus perspectivas laborales.

Anteriormente, aunque los funcionarios no quisieran reunirse en persona, solían enviar información, fotos y archivos de audio a través de WhatsApp u otras aplicaciones para los teléfonos inteligentes. Ahora, ese canal está cerrado.

El impacto de la nueva prohibición de los teléfonos inteligentes es especialmente significativo fuera de la capital, donde los servicios digitales han sido cruciales para acceder a la información.

«Ya ha habido problemas con varias autoridades. Por ejemplo, las conexiones a internet en la comisaría de Herat y otras oficinas no funcionan porque ya no es posible compartir la conexión de red desde los teléfonos inteligentes», explica Nasrin (nombre ficticio), que trabaja en una cadena de televisión de la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán.

Y agrega que «el personal de algunos organismos afirmó que solo podía responder a preguntas fuera del horario laboral porque el uso de WhatsApp estaba prohibido en el lugar de trabajo».

Según Nasrin, la prohibición de los teléfonos inteligentes en las oficinas gubernamentales reduce el número y la influencia de las periodistas en el panorama mediático afgano.

La situación de las periodistas en Afganistán ya se había deteriorado tras el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021. Ya no pueden asistir a ruedas de prensa como solían hacerlo, y la comunicación con las autoridades está restringida.

Los funcionarios se niegan cada vez más a conceder entrevistas presenciales a las periodistas a menos que vayan acompañadas de un pariente masculino cercano. Al mismo tiempo, las mujeres han ido siendo retiradas progresivamente de la función pública, lo que significa que tampoco están disponibles para conceder entrevistas.

El número de periodistas mujeres también se ha desplomado. Según la organización canadiense Free Speech Centre, había aproximadamente 2000 periodistas mujeres en Afganistán antes de que los talibanes retomaran el poder; ahora, hay menos de 200.

Las autoridades del gobierno talibán se niegan cada vez más a conceder entrevistas presenciales a las periodistas a menos que vayan acompañadas de un pariente masculino cercano. Imagen: Learning Together

La organización independiente de periodistas Afghanistan Journalists Center (AFCJ) ha advertido sobre el impacto de la prohibición. Según la organización, esta dificulta el acceso de los periodistas a la información y socava la libertad de prensa.

AFCJ sospecha que se trata de un intento de los talibanes de reforzar el control sobre la comunicación y obstaculizar el funcionamiento de los medios de comunicación independientes.

Los directivos de los medios de comunicación también están preocupados por el impacto de la prohibición en el acceso a la información.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha tratado de tranquilizar a los medios de comunicación, afirmando que la prohibición aún no se ha confirmado y que todavía se está debatiendo.

Sin embargo, Hijran (nombre ficticio), una periodista de televisión que trabaja en la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán, está preocupada.

«Nos enfrentaremos a problemas reales si la prohibición sigue en vigor. A veces tenemos que elaborar dos o tres reportajes al día, lo cual es factible si recibimos información a través de WhatsApp. Ahora, obtener respuestas y concertar entrevistas puede llevar varios días», dice.

Para este reportaje se entrevistó a periodistas mujeres de todo Afganistán, y todas se enfrentaban a los mismos problemas. En casi todas partes, las periodistas solo han podido comunicarse con los responsables talibanes a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Asma (nombre ficticio), directora de informativos de una emisora de radio de Kabul, señala que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información.

«Si se priva a las periodistas de información, ¿por qué iban a seguir en los medios de comunicación? Además, ninguna entidad en Afganistán exige responsabilidades a los talibanes si estos no responden a las preguntas de los periodistas o de los ciudadanos», plantea con preocupación.

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