COX’S BAZAR, Bangladés – Los vítores y celebraciones estallaron en el complejo bangladesí de campamentos de refugiados de Cox’s Bazar, al otro lado de la frontera con Myanmar, tras la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que determinó que el régimen militar había cometido genocidio contra la minoría rohinyá.
Multitudes se congregaron alrededor de las pantallas instaladas en Jamtoli, uno de los campamentos del complejo formado por refugios de bambú y lonas que albergan a más de un millón de refugiados en Cox’s Bazar, en el sureste de Bangladés, para escuchar en directo la lectura del veredicto de la CIJ en La Haya.
Tras casi tres horas de lectura del comunicado final del tribunal, el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, pronunció finalmente la primera sentencia de la historia dictada por un tribunal internacional en la que se condena a un Estado por genocidio.
Por nueve votos a favor y seis en contra, dijo, los jueces de este tribunal de 80 años de antigüedad, establecido por la Carta de las Naciones Unidas, determinaron que Myanmar había «cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rakhine», también conocido como Arakán.
Multitudes vitorearon y aplaudieron por todo Cox’s Bazar mientras los intérpretes utilizaban megáfonos para transmitir el mensaje que llevaban años esperando.
«Es un momento histórico para los rohingya y para el pueblo de Myanmar, para todas las personas que sufren a causa de diferentes crisis en todo el mundo. Hoy, la CIJ también ha reconocido la verdad y la realidad, y el mundo sale ganando», aseguró a IPS un activista de 30 años, Mohammed Tofile.
A su juicio, «es una prueba de que el mundo se opone a la impunidad, la dictadura y la brutalidad. Es un punto de partida para que se rindan cuentas». A continuación, agradeció a Gambia por llevar el caso ante la CIJ, a los defensores de los rohinyás de todo el mundo y a Bangladés por acoger a más de un millón de refugiados.
Las investigaciones, audiencias y deliberaciones del tribunal habían tardado siete años en completarse, centrándose principalmente en los acontecimientos de 2017, cuando el ejército de Myanmar puso en marcha lo que denominó «operaciones de limpieza» en el estado de Rakhine tras los ataques de militantes rohinyás contra unidades policiales.
El veredicto de genocidio de la CIJ desencadenará sin duda un amplio debate, ya que los nueve jueces que respaldaron la condena consideraron que existían pruebas circunstanciales suficientes para inferir «la intención» genocida, un elemento esencial en una decisión en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Algunos defensores de Israel, y en particular miembros de la administración estadounidense de Donald Trump, habían advertido a los 15 jueces de la CIJ que no «rebajaran el listón» a la hora de dictar una condena por genocidio, por temor a que se sentara un precedente.
Israel se enfrenta a un caso ante la CIJ, presentado por Sudáfrica, en relación con Gaza.
Al dictar 13 sentencias distintas, la CIJ también determinó que Myanmar había incumplido sus obligaciones de impedir el genocidio cometido por particulares junto con sus fuerzas de seguridad, que había ocultado pruebas de crímenes de genocidio y que no había promulgado una legislación para prevenir el genocidio ni había castigado a los autores.
En concreto, el tribunal determinó que el número de civiles entre las más de 10 000 personas asesinadas superaba con creces al de combatientes y que se asesinó a muchos civiles mientras huían hacia Bangladés, cuando un total de 700 000 personas cruzaron la frontera.
La violencia sexual cometida por las fuerzas armadas y otros actores fue «generalizada y sistemática», las violaciones en grupo de mujeres eran habituales y estimaciones fiables indicaban que más de 730 niños menores de cinco años habían sido asesinados. Se ejecutó a niños y hombres. Casi 400 aldeas del norte de Rakhine fueron destruidas parcial o totalmente.
Durante las «operaciones de limpieza» de 2017, se difundió sistemáticamente el discurso de odio contra los rohinyás por parte de Min Aung Hlaing —el entonces comandante militar que este 2026 se erigió en presidente—, mientras que el ejército avivaba las diatribas contra los rohinyás a través de simpatizantes en Facebook y otras plataformas.
Los rohinyás son una minoría étnica musulmana asentada principalmente en Rakhine, en el oeste de Myanmar, antes Birmania, que ha soportado persecución y forzados desplazamientos, siendo el éxodo de 2017 el mayor y más convulso de ellos.
El tribunal situó la violencia en el contexto de décadas de discriminación y estigmatización contra esta comunidad, mayormente seguidora del islam, en un Myanmar predominantemente budista, con la intención de reducir su número.
Una ley de 1982 privó a la mayoría de los rohinyás de su ciudadanía; en el municipio principal se impusieron restricciones al matrimonio y a la natalidad; se denegó o se limitó el acceso a la educación superior y la libertad de circulación.
En otra primicia histórica —que además pone de manifiesto la falta de poderes coercitivos del tribunal—, la CIJ ordenó a Myanmar que ofreciera reparaciones facilitando el retorno seguro y voluntario de los refugiados a sus hogares o, en su defecto, una indemnización.
Se concedió a Myanmar un plazo de dos años para informar a la CIJ con el fin de determinar las modalidades y los importes de las reparaciones.
Pero la realidad es que el régimen de Myanmar ha perdido el control sobre la mayor parte de Rakhine a manos de los insurgentes de la etnia arakanesa en la guerra civil que estalló después de que Min Aung Hlaing derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021.
Ahora, ya instalado como presidente, viaja libremente estos días por los países vecinos y entre sus principales aliados, China y Rusia. Estados Unidos también mantiene contactos con su régimen.
El mandato de la CIJ le permite resolver únicamente casos entre Estados, no enjuiciar a particulares, y debe recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU y a la presión política para respaldar sus fallos. El Reino Unido expresó su apoyo el mismo jueves 19 y expulsó al agregado de Defensa de Myanmar.
La administración de Trump ya había expresado su descontento con los jueces de la CIJ antes de que dictaran sus sentencias.
A pesar de todo ello, los rohinyás saben que este es su momento de reivindicación.
«El tribunal más alto del mundo ha confirmado lo que el pueblo rohinyá lleva años diciendo: lo que nos ocurrió fue un genocidio», afirmó Mohammed Amin, director del Centro Rohinyá del Reino Unido.
Asistió a la vista en La Haya junto a su madre, quien lo sacó de Rakhine cuando tenía tres años.
«Escucharlo es muy emotivo. Se nos ha negado durante tanto tiempo, y ahora la ley ha reconocido la verdad, y ya nadie puede negarla. Esta sentencia pertenece a las familias de los campamentos, a quienes aún viven en Arakan y a aquellos a quienes hemos perdido», dijo a IPS desde La Haya.
Sabekun Naher, fundadora de la Red de Arakan por los Derechos de las Mujeres, tenía 11 años cuando huyó de la matanza en Myanmar con su familia; su abuelo falleció durante el trayecto. Contó a IPS en Cox’s Bazar que se le puso la piel de gallina y lloró mientras escuchaba el fallo de la CIJ.
«Como mujer rohinyá, me siento increíblemente feliz. Estoy segura de que muchas otras mujeres rohingya sienten lo mismo, quizá incluso con más intensidad», dijo.
Agradeció sinceramente a Gambia por su apoyo y a los jueces de la CIJ.
«Hasta hoy, parecía haber confusión y desacuerdo sobre si las atrocidades cometidas contra nosotros constituían un genocidio y si nosotros, como rohinyá, pertenecemos realmente a Myanmar. Hoy siento que esta confusión se ha aclarado y resuelto», afirmó.
T: MF / ED: EG


