SRINAGAR, India – Un nuevo informe concluyó que miles de millones de dólares vinculados a la deforestación ilegal fluyen a través de las cadenas mundiales de suministro, mientras el secreto en torno a la propiedad de la tierra y los registros empresariales permite que productos derivados de la madera, la soja y la carne vacuna ingresen sin control a los mercados internacionales.
El informe Financial Secrets of the Forests: How Secrecy Fuels Deforestation in Brazil and Cameroon (Secretos financieros de los bosques: cómo el secretismo alimenta la deforestación en Brasil y Camerún), publicado el 26 de mayo por la Coalición para la Transparencia Financiera en asociación con el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de América Latina (Cefilat), examinó la pérdida de bosques y los flujos financieros ilícitos en Brasil y Camerún, dos países que albergan algunos de los bosques tropicales más extensos del mundo, y que representa un ejemplo de lo que sucede en muchas otras partes.
Los investigadores responsables del informe afirman que la tala ilegal, las estructuras de propiedad ocultas y las débiles leyes de transparencia están privando a los gobiernos de fondos muy necesarios para financiar acciones climáticas y de biodiversidad. Sostienen que, aunque los países aprobaron leyes contra la deforestación, la falta de acceso público a los registros de propiedad empresarial permite que quienes se benefician de la destrucción ambiental permanezcan ocultos.
El informe estima que la manipulación de precios comerciales vinculada a las exportaciones de madera costó a Camerún un promedio de 289 millones de dólares anuales entre 2013 y 2023. En Brasil, discrepancias no explicadas en las exportaciones de madera ascendieron a alrededor de 214 millones de dólares durante un período similar.
Consultado sobre si el informe considera que el secretismo financiero es un factor central de la deforestación ilegal y cuáles fueron los principales obstáculos para identificar a los verdaderos beneficiarios detrás de las empresas madereras, sojeras y ganaderas en Brasil y Camerún, uno de los autores principales del informe, Matti Kohonen, director ejecutivo de la Coalición para la Transparencia Financiera, dijo a IPS en una entrevista exclusiva que no lograron identificar a los beneficiarios finales de estas empresas pese a utilizar los mejores datos disponibles, incluidos datos geoespaciales satelitales.
“En el estado de Mato Grosso, en Brasil, que representa una quinta parte de toda la deforestación del país, identificamos cientos de miles de parcelas de tierra que fueron deforestadas ilegalmente desde 2010 para producir soja y ganado, pero solo pudimos encontrar la identificación de las parcelas y, en algunos casos, de las empresas vinculadas, no así de sus beneficiarios finales. Cuando solicitamos esta información a la autoridad local respecto de las principales parcelas de tierra, respondieron que no podían proporcionarla por cuestiones de privacidad, a pesar de tratarse claramente de una solicitud de interés público”, afirmó.
“En Camerún, por otro lado, nos centramos en la madera y pudimos mapear las principales concesiones forestales: Unidades de Manejo Forestal (FMU) y Ventas de Volumen en Pie (SSV), descritas en el informe. Las empresas que poseían esas concesiones eran en su mayoría identificables en las bases de datos, pero no pudimos determinar, con la mejor información disponible, si se trataba de empresas pantalla controladas por firmas extranjeras ni identificar a sus beneficiarios finales”.
Según Kohonen, Camerún sí cuenta con una base de datos de beneficiarios finales, pero esta no es de acceso público. Añadió que existe cierta información sobre empresas mineras y de combustibles fósiles a través de la Iniciativa para la EITI (Transparencia de las Industrias Extractivas), pero que el sector forestal no está incluido en su alcance.
“Cuando solicitamos esta información al gobierno camerunés, no obtuvimos respuesta alguna, ni siquiera sobre la lista actualizada de empresas madereras sancionadas, algunas de las cuales descubrimos que seguían recibiendo concesiones hasta julio de 2025. Parte de la información sobre estas compañías estaba disponible en línea, pero no para los años más recientes, y tampoco encontramos datos históricos más allá de reportes previos del Pulitzer”, señaló.
Los hallazgos sugieren que las regulaciones internacionales vigentes no están logrando impedir que productos vinculados a la deforestación ingresen a los mercados mundiales.
Kohonen indicó que las principales fallas en la aplicación de las normas, tanto en los países productores como en los importadores, son la incapacidad para identificar a las empresas y a sus beneficiarios finales responsables de la deforestación y la falta de transparencia en las cadenas de suministro, lo que impide rastrear los productos hasta su origen.
“Este es un buen estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) que pone de relieve estos problemas. Otro problema clave es la falta de voluntad política para abordarlos. Esto se refleja en nuestro informe en el caso de Camerún, cuyas autoridades no nos proporcionaron ningún dato, así como en el estado de Mato Grosso, que se negó a revelar los beneficiarios finales de las principales parcelas vinculadas a la deforestación ilegal, pese a la legislación brasileña sobre acceso a la información”, detalló
Kohonen añadió que la falta de registros públicos de beneficiarios finales también constituye un problema fundamental, ya que impide que organizaciones de la sociedad civil y periodistas identifiquen a quienes se benefician de la destrucción ilegal de los bosques.
Por parte de los países importadores, agregó, «la falta de voluntad política para impedir que productos provenientes de tierras deforestadas ingresen a los mercados globales también es un problema importante, especialmente en grandes importadores como China y Vietnam, que siguen adquiriendo estos productos de empresas denunciadas y sancionadas en el pasado, como vemos en Camerún».
«Por eso afirmamos que, sin transparencia sobre la propiedad financiera y las cadenas de suministro, iniciativas como el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR) difícilmente podrán tener éxito”, dijo.
El informe sostiene que los bosques no solo están siendo destruidos por motosierras e incendios, sino también por sistemas financieros opacos que dificultan identificar quién obtiene beneficios de la deforestación.
“El secretismo financiero y sobre la propiedad de la tierra es un factor clave detrás de la deforestación ilegal”, señala el informe.
En Brasil, los investigadores se centraron especialmente en Mato Grosso, un estado conocido por ser uno de los mayores centros mundiales de producción de soja y ganado. Los datos satelitales mostraron que, entre 2010 y 2023, extensas áreas fueron desmontadas sin los permisos correspondientes.
Los investigadores encontraron que 48 % de las áreas de producción de soja y 15 % de los pastizales de ganadería intensiva se superponían con parcelas que carecían de permisos de deforestación.
El impacto ambiental fue severo. La ganadería ilegal vinculada a la deforestación en Mato Grosso generó unas 502 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono entre 2001 y 2023. El cultivo de soja asociado al desmonte ilegal produjo otras 250 millones de toneladas durante el mismo período.
Los investigadores afirman que atribuir responsabilidades resulta extremadamente difícil porque la información sobre la propiedad suele estar oculta o es inaccesible.
Brasil mantiene registros de tierras y ambientales, pero el acceso público a la identidad de las personas detrás de las empresas y propiedades sigue siendo limitado. Los investigadores señalaron que incluso solicitudes oficiales realizadas bajo las leyes de transparencia brasileñas no lograron revelar la identidad de personas vinculadas a tierras desmontadas ilegalmente.
Uno de los estudios de caso destacó una enorme estancia de Mato Grosso llamada Fazenda Santa Silvia, donde presuntamente se desmontaron de manera ilegal más de 3000 hectáreas entre 2022 y 2023. Los investigadores vincularon la propiedad con empresas dedicadas a la producción de soja y ganado y rastrearon conexiones en la cadena de suministro con gigantes frigoríficos como JBS y Marfrig.
“Solo analizamos Mato Grosso, pero creemos firmemente que este estado refleja la realidad del conjunto de Brasil, por lo que resulta muy preocupante que un porcentaje tan elevado de las tierras destinadas a la soja y la carne vacuna haya sido deforestado ilegalmente. Posteriormente, algunas de estas parcelas obtienen permisos para producir soja o pasturas, pero la literatura especializada sugiere que son una minoría y eso no cambia el hecho de que originalmente fueron deforestadas de manera ilegal”, afirmó Alfonso Daniels, autor principal del informe.
“Nuestros datos parecen reflejar investigaciones globales realizadas por organizaciones de la sociedad civil, como un informe de la organización Forest Trends de hace algunos años, que concluyó que al menos 69 % de los bosques tropicales convertidos para actividades agrícolas, como la ganadería y los cultivos, entre 2013 y 2019 fueron desmontados en violación de leyes y regulaciones nacionales. Otras investigaciones muestran porcentajes similares”, añadió.
El informe señala que este tipo de investigaciones depende actualmente de extensos trabajos de campo realizados por periodistas y grupos ambientalistas, debido a que las bases de datos públicas no revelan información sobre los beneficiarios finales.
La selva de la cuenca del Congo, donde se encuentra Camerún, es el segundo sistema de bosque tropical más grande del mundo después de la Amazonia que en 60 % se extiende por el norte de Brasil. Solo en 2025, Camerún perdió más de 100 000 hectáreas de bosque, lo que generó unas 130 millones de toneladas de emisiones de carbono.
Los investigadores detectaron grandes discrepancias entre el valor de las exportaciones de madera declarado por Camerún y las cifras de importación registradas por socios comerciales como China, Vietnam y los países de la Unión Europea. Entre 2013 y 2023, la brecha comercial alcanzó 1200 millones de dólares con China y 760 millones de dólares con Vietnam.
El informe señala que esto podría indicar una subdeclaración de exportaciones destinada a evadir aranceles e impuestos.
Camerún introdujo reformas que obligan a las empresas a revelar información sobre sus beneficiarios finales ante las autoridades tributarias. Sin embargo, el registro no es público, lo que dificulta que organizaciones de vigilancia y periodistas puedan rastrear quién controla en última instancia las empresas madereras y las concesiones forestales.
Los investigadores también descubrieron que algunas compañías sancionadas por tala ilegal siguieron recibiendo permisos de explotación años después. Una de las tablas del informe enumera varias firmas que obtuvieron nuevas concesiones incluso después de haber sido penalizadas por las autoridades.
Los grupos ambientalistas sostienen que la débil aplicación de las normas en los países importadores agrava el problema.
Aunque la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos cuentan con leyes que prohíben las importaciones de madera ilegal, el informe sostiene que empresas vinculadas a la deforestación continúan accediendo a mercados importantes porque sus estructuras de propiedad permanecen ocultas.
El nuevo Reglamento Europeo sobre Deforestación, cuya entrada en vigor está prevista para fines de 2026, prohibirá productos vinculados a tierras recientemente deforestadas. Sin embargo, los investigadores advierten que su aplicación seguirá siendo difícil mientras los gobiernos no hagan completamente públicos los registros de propiedad.
El informe propone crear registros públicos de beneficiarios finales, fortalecer la transparencia en las cadenas de suministro, desarrollar bases de datos públicas sobre delitos ambientales y establecer un registro mundial de activos que permita identificar quién posee bosques, tierras agrícolas y concesiones forestales en todo el mundo.
Los investigadores sostienen que enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requerirá algo más que promesas de proteger los bosques. Afirman que los gobiernos también deben enfrentar los sistemas de secretismo financiero que permiten que los delitos ambientales sigan siendo rentables.
El informe estima que el dinero perdido por tala ilegal, evasión fiscal y flujos financieros ocultos podría ayudar a cerrar importantes brechas de financiamiento para los bosques, la biodiversidad y la acción climática.
Consultado sobre por qué Camerún y Brasil cuentan con registros de beneficiarios finales pero el acceso público sigue siendo limitado, y por qué los gobiernos continúan resistiéndose a la transparencia sobre la propiedad de tierras y empresas pese a las implicancias ambientales, Daniels explicó que las leyes que establecieron estos registros tienen un alcance limitado respecto del uso de los datos.
Con frecuencia, estos registros se crean para cumplir con los cambios recientes introducidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en sus recomendaciones 24 y 22, que ahora exigen registros centralizados y administrados por los gobiernos para fines de prevención del lavado de dinero.
En el caso de Camerún, dijo, el país figura en la lista gris del Gafi y establecer un registro centralizado y de alta calidad administrado por el gobierno le ayuda a salir de esa lista. Esa es una de las motivaciones para crear un registro de beneficiarios finales, pero los marcos normativos actuales no exigen que sea público.
“Solo en el caso de las industrias extractivas, definidas como minería y petróleo/gas, existe ese requisito, ya que Camerún es signatario de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti) y debe cumplir con la obligación de acceso público. Parte de esos datos está disponible, pero el sector forestal no se considera una industria extractiva y queda fuera de su alcance”, explicó Daniels, quien añadió que la presión pública interna aún no ha sido suficiente para exigir que esos datos sean totalmente públicos.
“En el caso de Brasil, la autoridad tributaria federal administra el registro de beneficiarios finales, establecido antes de la norma del GAFI para cumplir con las disposiciones de intercambio de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir de 2016, principalmente por razones de recaudación fiscal”, señaló Daniels.
Según explicó, los datos también se comparten con autoridades anticorrupción para cumplir con normas posteriores del Gafi.
Sin embargo, esta información no es pública. “Como Brasil no es miembro de la Eiti, tampoco divulga estos datos públicamente ni siquiera en los sectores minero, petrolero y gasífero. No existe suficiente presión interna desde ningún sector de la sociedad para hacer públicos los registros de beneficiarios finales, aun cuando ello podría contribuir a combatir la tala ilegal, que es una importante preocupación política para la actual presidencia”, dijo Daniels.
Según Kohonen, los flujos financieros ilícitos vinculados a la deforestación ilegal pueden surgir en distintas etapas.
“Si la tala se realiza sin las licencias adecuadas, se considera ilegal y, por tanto, todo el valor de la madera es ilícito. Es importante garantizar que las sanciones y multas se apliquen con rapidez para desalentar estas prácticas, pero actualmente sigue siendo demasiado frecuente que se talen bosques ilegalmente, ya que hasta 30 % de toda la madera proviene de tierras explotadas de forma ilegal. Esto refleja una falla en la aplicación de la ley. Con datos satelitales, se podrían imponer automáticamente sanciones y multas a las empresas que hayan deforestado sin las licencias correspondientes”, explicó.
“Otra etapa es la exportación (entre 10 % y 15 % de toda la madera producida en Brasil se exporta; el consumo interno es muy elevado, mientras que en Camerún la mayor parte se destina al mercado internacional). En ese momento, las autoridades aduaneras podrían verificar si la madera está correctamente valorada y detectar irregularidades en las declaraciones aduaneras que podrían derivar en manipulación de precios comerciales, es decir, brechas inexplicables entre el valor declarado en origen y el registrado en el país de destino”, detalló.
Kohonen añadió que también existen problemas vinculados a las autoridades tributarias, ya que la subvaloración de la madera suele estar asociada a la evasión fiscal cuando conduce al pago de menos IVA, regalías o impuestos a la exportación.
Además, a su juicio, las empresas pueden declarar incorrectamente sus impuestos corporativos si no informan adecuadamente las ventas de madera o productos forestales, o si no registran correctamente los productos cultivados en tierras deforestadas (por ejemplo, soja o carne vacuna).
“Por último, las empresas pueden recurrir a mecanismos de traslado de beneficios, transfiriendo ganancias imponibles a paraísos fiscales donde pagan impuestos más bajos o reciben exenciones tributarias», dijo.
Añadió qu «también pueden mover beneficios mediante transferencias internas dentro del mismo grupo empresarial con precios manipulados, por ejemplo, a través de financiamiento interno o del uso de marcas y propiedad intelectual. Todo ello contribuye a hacer que la deforestación y los productos asociados resulten más rentables y más difíciles de detectar”.
T: GM / ED: EG
