LONDRES – Cuando se cumple el Día Mundial del Medio Ambiente, este viernes 5 de junio, la Asamblea General de la ONU asumió un compromiso fundamental para proteger a las personas de los efectos del cambio climático, al aprobar una resolución sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.
La resolución da continuidad al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitido el año pasado, en el que se determinó que los Estados tienen la obligación legal de impedir las actividades que causan daños al medio ambiente. La mayoría de los Estados votaron a favor de la resolución a pesar de la campaña concertada de la administración Trump para bloquearla.
De la sentencia a la resolución
La sentencia de la CIJ supuso un hito. Dejó claro que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos, ya que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para los derechos humanos en su conjunto. Su sentencia significa que, si los Estados incumplen sus obligaciones climáticas, se trata de un acto ilícito intencionado, lo que los expone a impugnaciones legales.
El caso ante la CIJ fue presentado por el Gobierno de Vanuatu, pero supuso una victoria para la sociedad civil, ya que la campaña para solicitar el fallo fue iniciada por estudiantes de Derecho que formaron una organización, Pacific Islands Students Fighting Climate Change, para presionar a sus gobiernos a acudir al tribunal.
Las opiniones consultivas de la CIJ no son jurídicamente vinculantes, pero su razonamiento suele influir en los litigios, reforzando las demandas climáticas que la sociedad civil interpone cada vez con mayor frecuencia contra Estados y empresas. Ya se está citando en las vistas judiciales. El año pasado, un juez brasileño la citó cuando ordenó el cese de las operaciones de una mina de carbón y una central termoeléctrica, aunque su fallo está actualmente suspendido a la espera de una apelación.
Sin embargo, en la última cumbre mundial sobre el clima, la COP30, celebrada en Brasil en noviembre, el gobierno de Arabia Saudí vetó cualquier referencia al fallo de la CIJ. Por ello, Vanuatu presionó para que la resolución de la Asamblea General reconociera la validez jurídica internacional de la sentencia y fomentara una mayor aplicación.
La aprobación distó mucho de ser unánime. La administración estadounidense de Donald Trump instó a sus aliados a presionar a Vanuatu para que retirara la resolución, como parte de su amplia campaña para defender los intereses de las empresas de combustibles fósiles.
También ha renunciado al Acuerdo de París y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se ha retirado de una serie de organismos internacionales sobre clima y medio ambiente y ha bloqueado un acuerdo sobre las emisiones del transporte marítimo mundial.
Fue uno de los ocho Estados que votaron en contra, junto con Bielorrusia, Irán, Israel, Liberia, Rusia, Arabia Saudí y Yemen, una lista de Estados petroleros, países que ignoran habitualmente las normas internacionales y sus aliados cercanos. La administración Trump sigue impugnando la resolución, tras haber emitido una declaración en la que cuestiona su legalidad.
Impulso y resistencia
Los Estados que respaldaron la resolución han dejado claro que la acción frente a la crisis climática no es una cuestión de conveniencia política, sino de respeto al derecho internacional.
La resolución contribuye además al creciente impulso de la acción climática, a pesar de los intentos de un puñado de Estados poderosos por hacer retroceder al mundo. Las energías renovables proporcionan ahora alrededor de 30 % de la electricidad mundial, y las inversiones en energías renovables en 2025 fueron más del doble que las realizadas en combustibles fósiles.
La Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, celebrada en abril en la ciudad colomiana de Santa Marta, reunió a 57 Estados para comprometerse a desarrollar hojas de ruta nacionales para eliminar gradualmente la producción y el consumo de combustibles fósiles.
El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha puesto aún más de manifiesto la realidad de que la dependencia de los combustibles fósiles solo beneficia a un puñado de Estados petroleros y deja a todos los demás en una situación vulnerable.
Estos cambios están surtiendo efecto. En mayo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU descartó su peor escenario posible para los efectos del cambio climático —en el que las temperaturas globales podrían haber aumentado hasta 4,5 grados por encima de los niveles preindustriales—, ya que la reducción de las emisiones está marcando la diferencia.
Activistas en el punto de mira
El caso ante la CIJ es solo un ejemplo de cómo la sociedad civil está marcando una diferencia crucial a la hora de impulsar la acción climática. Los activistas están exigiendo ambición y resistiéndose a los nuevos proyectos de combustibles fósiles. Pero están pagando un alto precio.
El Centro de Empresas y Derechos Humanos constató que, en 2025, tres cuartas partes de los casi 800 ataques que documentó contra personas que se pronunciaron en contra de las empresas se dirigieron contra quienes se movilizaron en torno a cuestiones climáticas, medioambientales y de derechos sobre la tierra.
Diez activistas del grupo ecologista Madre Naturaleza Camboya siguen en prisión, tras haber sido condenados a duras penas en 2024 como represalia por su labor de sensibilización pública sobre los impactos de los proyectos extractivos y de infraestructura. En México, Kenia Hernández, líder del movimiento campesino Zapata Vive que defiende los derechos sobre la tierra, cumple una condena de diez años y medio por cargos falsos.
En Uganda, el año pasado las autoridades detuvieron a 11 activistas por protestar contra la construcción del oleoducto de crudo de África Oriental.
En enero, la policía registró el domicilio de Harjeet Singh, uno de los activistas medioambientales más destacados de la India y defensor acérrimo de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. En Chile, donde el Gobierno ha debilitado las leyes medioambientales, las activistas indígenas sufren intimidación, acoso judicial y ataques violentos por oponerse a proyectos a gran escala.
El año pasado, el gobierno alemán inició una investigación sobre la financiación pública de los grupos ecologistas; el parlamento neerlandés aprobó una moción en la que declaraba a Extinction Rebellion «organización ilegal, perturbadora de la sociedad y vandálica», y el gobierno portugués incluyó a los grupos ecologistas en una sección sobre terrorismo de su informe anual de seguridad.
Las autoridades de Australia y Nueva Zelanda han detenido a numerosas personas en protestas climáticas y medioambientales, incluidas las de oposición a la minería del carbón.
La resolución de la ONU deja claro que la criminalización y la violencia son incompatibles con las obligaciones de los Estados, y que todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la acción climática. Insta a los Estados a «garantizar la participación plena, significativa e igualitaria de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las personas de ascendencia africana, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables en la toma de decisiones sobre la acción climática».
Los Estados que respaldaron la resolución están atacando a las personas con las que esta les exige que colaboren. No podrán cumplir sus obligaciones climáticas a menos que dejen de reprimir a la sociedad civil. La resolución debería dar un nuevo impulso a los llamamientos de la sociedad civil para sustituir la represión por la colaboración.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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