BUENOS AIRES – “Estuve cerca de una cantidad de adolescentes que quedaban embarazadas por falta de acceso a métodos anticonceptivos, porque no tenían información o tenían información errónea”, cuenta Luz Noli. Ella trabajó durante cinco años en una política pública que redujo en 50 % los embarazos adolescentes no deseados en Argentina, suspendida por el gobierno de Javier Milei sin explicación.
Noli fue asesora comunitaria del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), que funcionó en Argentina desde 2017 hasta 2024.
Trabajaba en barrios vulnerables de varias localidades de la norteña provincia de Tucumán, donde la mayoría de las y los adolescentes habían abandonado la escuela.
“El Plan Enia representaba el Estado llegando sus vidas después de muchos años. Y las demandas que recibíamos eran de todo tipo, no solo de métodos anticonceptivos; también aparecían abusos sexuales, otros tipos de violencia, cuestiones de salud, problemas en los vínculos con los padres, hasta temas alimenticios”, afirma Noli a IPS desde San Miguel de Tucumán, la capital provincial.
El proyecto funcionó en 12 de las 23 provincias argentinas y –gracias a que unió acceso a la información y a métodos anticonceptivos- logró resultados muy concretos: en 2017, el año que comenzó, se registraron en las provincias participantes 64 480 partos de madres adolescentes entre 15 y 19 años; en 2022 ese número bajó a 30 929, de acuerdo a estadísticas elaboradas con datos oficiales.
El espíritu fue mejorar las oportunidades de vida para las adolescentes en este país sudamericano de 46 millones, donde 63 % de los menores de 17 años vive en la pobreza, según datos de la Universidad Católica Argentina (Uca).
“Fue la primera política pública que tuvo la Argentina de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Evitó que muchas chicas se de convirtieran en madres y les facilitó que terminaran la escuela para insertarse más y mejor en el mercado de trabajo”: Silvina Ramos.
Y el éxito fue tal que hoy sus fundamentos se están replicando en otros países de América Latina, con la participación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que se ocupa entre otras tareas de la salud sexual y reproductiva.
Entre 2019 y 2022, el plan logró evitar 91 124 embarazos de adolescentes, de acuerdo a un estudio realizado por el no gubernamental Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) con el apoyo de Unfpa. La estimación surge de mantener la tendencia evolutiva de los partos de madres adolescentes registrados en las provincias incluidas en la política durante el período 2015-2018.
Actualmente, en el legislativo Congreso Nacional se están discutiendo distintos proyectos que apuntan a restablecer el plan con una ley que le dé certeza y continuidad y evitar que en el futuro sea eliminado por la simple voluntad del gobierno, como sucedió en esta ocasión.
El presidente ultraderechista Javier Milei lo desmanteló pocos meses después de asumir, en diciembre de 2023, y no renovó los contratos de sus más de 600 trabajadores.
Lo hizo en el marco del “ajuste más grande de la historia” sobre los gastos del Estado, según se jacta, que provocó también una brutal caída de los ingresos a los jubilados, un reducción a cero de la obra pública y el despido de cerca de 50 000 empleados públicos.
Se trata de la famosa “motosierra” de la que Milei hizo una bandera desde su campaña electoral, que ha arrasado gran cantidad de derechos y políticas sociales, pero ha dejado intacto los fondos destinados a pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores de la deuda pública argentina.
Desde el comienzo de gobierno de Milei, en diciembre de 2023, ha destruido distintas políticas destinadas a los sectores más vulnerables de la población.
Un ejemplo: continúan las políticas de transferencias directas de ingresos (la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo), pero se eliminó la moratoria previsional que permitían jubilarse a quienes no hubieran completado todos los aportes exigidos y se redujo el número de personas con acceso a medicamentos gratuitos.
Además, de acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), se rechazaron 75% de los reclamos de pensiones por discapacidad (frente a 40% anterior), en muchos casos sin fundamentación, y se revocaron pensiones ya otorgadas.
Silvina Ramos, coordinadora del Plan Enia e investigadora del Cedes, explica que «fue la primera política pública que tuvo la Argentina de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Evitó que muchas chicas se convirtieran en madres y les facilitó que terminaran la escuela para insertarse más y mejor en el mercado de trabajo”,
“Creo que el gobierno lo desmanteló un poco por la motosierra y otro poco por ignorancia de lo que significa para un país que sus jóvenes puedan desarrollarse estudiando y trabajando”, agrega la socióloga a IPS.
Problema latinoamericano
El Plan Enia fue lanzado en 2017, por el gobierno de derecha de Mauricio Macri (2015-2019), debido a que el embarazo no deseado de adolescentes es considerado por los especialistas el problema más importante de salud sexual y reproductiva en América Latina.
“Nos dijeron que el gobierno estaba dispuesto a financiar el plan si le demostrábamos cuánto iba a rendir la inversión. Entonces nos propusimos desarrollar un modelo econométrico con el que pudiéramos medir el costo del embarazo adolescente”, cuenta a IPS Federico Tobar, economista de Unfpa.
Con ese disparador, Unfpa elaboró el Modelo de Impactos Laborales, Educativos, en la Nómina y Asistenciales (Milena), que compara las trayectorias de las mujeres que fueron “madres tempranas” (19 años o menos) con quienes fueron “madres adultas” (entre los 20 y los 29 años).
El modelo midió de qué manera se inserta una adolescente en el mercado laboral, qué ingresos genera de acuerdo a sus estudios, y otras variables cómo cuánto cuesta atender el embarazo y el parto –que son más riesgosos en el caso de adolescentes- o cuánto pierde el Estado en impuestos que ella no va a pagar debido a la precariedad de ingresos.
El principal hallazgo fue que el embarazo adolescente le cuesta a Argentina el equivalente a 0,22 % de su producto interno bruto (PIB). A valores de 2018 fueron unos 835 millones de dólares.
De ese total, 68 % son atribuibles a pérdidas de ingresos generadas por las brechas que enfrentan las mujeres que fueron madres tempranas en el mercado laboral y el restante 32% corresponde a costos afrontados por el Estado, tanto en términos de gastos directos en atención médica como de impuestos no percibidos.
La estructura del modelo resultó tan precisa que hoy Unfpa lo está usando en otros 16 países, como República Dominicana, para medir el impacto del embarazo no intencional en la adolescencia.
“Está demostrado que la madre adolescente, aun cuando no venga de un hogar pobre, tiene una altísima probabilidad de formar ella misma un hogar pobre”, dice Tobar en un diálogo desde Nairobi, en cuya oficina de Unfpa esta destinado ahora.
“Y también se sabe que los hijos de madres adolescentes viven en condiciones peores y que el embarazo adolescente es sucesivo: las hijas de madres adolescentes suelen ser ellas mismas madres muy jóvenes”, añade.
De acuerdo a la estimación de Unfpa, por cada dólar invertido en el Plan Enia se generaron 4,3 dólares de retorno social.
Con presupuesto y personal
El éxito del Plan Enia se logró gracias a que existió una política que tuvo presupuesto y personal propio en 12 provincias. Se basó en el fortalecimiento de la educación sexual, en asesorías en las escuelas y en la provisión de métodos anticonceptivos de larga duración (principalmente, implantes subdérmicos).
Los números dicen que 249 911 niñas, adolescentes y jóvenes recibieron métodos anticonceptivos de larga duración y que se brindaron 212 295 asesorías en salud integral en escuelas, servicios de salud y espacios comunitarios.
Además, fueron capacitados en el tema 20 143 docentes y 23 345 profesionales de la salud.
La médica pediatra Liliana Ensisa, quien fue coordinadora del Plan Enia en el Chaco, provincia del norte del país, cuenta que los trabajadores tuvieron que enfrentar prejuicios y propaganda negativa de los adultos para acercarse a las adolescentes.
“Sobre todo al comienzo nos generó problemas la organización No te metas con mis hijos, que tenía llegada a medios de comunicación. Tuvimos que dar peleas para que se conocieran los derechos”, dice a IPS desde Resistencia, la capital provincial.
En Chaco, afirma Ensisa, una de las cosas que llamaba la atención es que las adolescentes, al momento de parir, estaban casi siempre solas, sin pareja.
“Esta era una provincia con una fecundidad muy alta. Con una población de unos 200 000 adolescentes en la provincia, teníamos alrededor de 5000 partos anuales. Ese número se bajó a 2470, según los últimos datos oficiales de 2023”, afirma.
“El plan Enia marcó un antes y un después, porque nunca el Estado había escuchado a las adolescentes y les había dado la posibilidad de ejercer sus derechos”, concluye.
ED: EG
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