LA HABANA – Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) alcanzaron mayor protagonismo en el panorama económico de Cuba durante el primer semestre de 2025, pese a los obstáculos burocráticos en la aprobación de nuevos de esos emprendimientos privados y los persistentes desafíos financieros.
“El tema financiero sigue siendo el más importante para que se desate, en verdad, el emprendimiento y el crecimiento en Cuba. Hasta que no se resuelva ese tema, no habrá una solución sostenible”, dijo a IPS Marcos Milanés, director ejecutivo de Cuban Engineer, pequeña empresa privada de desarrollo de software.
Desde que se permitió la creación de mipymes en 2021, se aprobaron hasta 2024 unas 11 000, de las cuales, hoy están operativas más de 9000. A su vez, en el sector no estatal de la economía confluyen 470 000 trabajadores por cuenta propia (autónomos), 5000 cooperativas y más de 1000 proyectos de desarrollo local.
Muchos de estos negocios, sin embargo, proliferaron al margen de créditos bancarios, incentivos fiscales, o incluso, de un sistema financiero y cambiario formal, teniendo que completar sus ciclos productivos comprando divisas en el mercado negro, a valores fluctuantes, triplicados a los de la tasa fija de 120 pesos por un dólar que establece el Estado para el sector privado y las personas naturales.
“Un problema muy grande en el sistema financiero es que no hay confianza y las economías actuales están basadas en esa confianza. Sin confianza, la gente lo único que querrá es comprar cosas afuera para revenderlas aquí. Es más sencillo y menos riesgoso”: Marcos Milanés.
“Los desafíos financieros son el problema más grande que enfrentan las empresas privadas para poder funcionar. Cambiar y resolver el problema cambiario y la ausencia de financiamiento para fomentar la actividad empresarial, son cruciales para que se puedan impulsar transformaciones de calado en Cuba”, dijo a IPS Oniel Díaz, gerente general de Auge, empresa privada especializada en servicios a los para emprendimientos.
De acuerdo a Daniel Torralbas, economista y también analista de Auge, la escasez crónica de divisas y la multiplicidad de tipos de cambios y monedas (operan hoy el dólar, el euro, el peso cubano y otras monedas virtuales o criptoactivos) distorsionan el funcionamiento de la economía nacional.
En el sector estatal, existen tipos de cambios de un dólar por 24 pesos o 120 pesos, según el tipo de empresa, mientras que, en el privado, se compran dólares en el mercado informal, a casi 400 pesos, pues el Estado no los transa en sus canales oficiales.
“Aquello crea distorsiones e impide los encadenamientos entre privados y estatales que tanto se quieren lograr. Cuando, contablemente, no se corresponden los tipos de cambios, establecer alianzas se vuelve complicado, más en la economía cubana, que es dependiente del sector externo (las importaciones)”, dijo Torralbas a IPS.
En sesión del parlamento local, que ocurre del 16 al 18 de este mes de julio, el primer ministro, Manuel Marrero, aseguró que, finalmente, se implementará en la segunda mitad de 2025 un mercado cambiario oficial con tasa flotante, una realidad que se intenta gestar desde finales de 2023.
Alianzas entre privados y estatales
Las mipymes, la inmensa mayoría privadas aunque también hay estatales, han alcanzado tanta relevancia en el tejido empresarial cubano que representan actualmente 55 % de las ventas minoristas del Estado en pesos cubanos, superando por primera vez al propio Estado, según datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información.
Además, en la sesión parlamentaria, trascendió que, durante este año,15 % de la producción alimentaria en el país se ha generado gracias a alianzas entre los sectores estatales y privados, un incremento que contrasta con el retroceso general de los indicadores productivos estatales.
Un ejemplo, en la provincia de Pinar del Río, en el extremo oeste de esta nación insular caribeña, donde aproximadamente 40 % de los ingresos de ese territorio provienen de los impuestos de los actores no estatales, esas alianzas son vitales para el desarrollo local.
“En la provincia hemos trazado una estrategia para que el proceso productivo se incremente y no sea un pico circunstancial que después de vuelta atrás, sino que se creen bases sólidas de la capacidad productiva en la provincia”, dijo a IPS Jesús Alberto Gorgoy, director de Desarrollo Territorial del gobierno de Pinar del Río.
Según Gorgoy, las mipymes, como tienen mayor acceso a divisas y menores restricciones financieras por Estados Unidos con respecto a muchas empresas estatales, importan materias primas, maquinarias, equipamientos y piezas de repuestos que se destinan a la industria local estatal.
No obstante, a pesar de la importancia que han adquirido los actores privados en la economía territorial, desde hace más un año el proceso de aprobación de mipymes se ha enlentecido por trabas burocráticas.
Proceso congelado
“El proceso de aprobación de mipymes está prácticamente detenido”, comentó Díaz, el gerente de Auge.
Desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025 solo se aprobaron 231 nuevas mipymes y cooperativas no agropecuarias, reveló a la prensa local Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
Una velocidad deficiente, pues, entre 2021 y 2023, se lograba en tres semanas una cantidad similar, según los cálculos de Auge.
En septiembre de 2024, entraron en vigor los decretos-leyes 88 y 90, que establecen la descentralización del proceso aprobatorio al traspasar la función de autorizar la creación de mipymes a los consejos de la administración municipales –gobiernos locales–, que antes desempeñaba el Ministerio de Economía y Planificación (MEP).
Esa delegación de funciones, que según la norma debió haberse completado en marzo pasado, transformaría el intercambio entre el gobierno y el sector privado, así como la proyección y el impacto de los negocios en cada territorio.
“La realidad es que marzo pasó y ese traspaso no se completó”, dijo Díaz.
El gobierno empezó a ejecutar un programa piloto en septiembre de 2024, en el que solo 15 municipios de Cuba –de los 168 existentes– estaban aprobando directamente la creación de mipymes, a los que se incorporaron otros 28, para un total de 43 localidades.
Para el resto del país, se mantiene el sistema anterior, con el MEP como organismo ejecutor, aunque, aseguró Díaz, el ministerio “solicita opinión a los gobiernos locales, por lo que el proceso ha terminado alargándose”.
“Hay un malestar visible. Lo vemos a diario, entre cientos de solicitantes, que han presentado solicitudes de creación de empresas en el último año y llevan siete u ocho meses, o más de un año, esperando por la respuesta, y no la reciben”, explicó Díaz.
Vaivén de las leyes
“Un problema muy grande en el sistema financiero es que no hay confianza y las economías actuales están basadas en esa confianza. Sin confianza, la gente lo único que querrá es comprar cosas afuera para revenderlas aquí. Es más sencillo y menos riesgoso”, dijo Milanés, el director ejecutivo de Cuban Engineer.
Esa confianza se debilita, en parte, por las recurrentes transformaciones legales que cambian las reglas del juego bajo las que se rigen las empresas privadas.
En diciembre de 2024, por ejemplo, la publicación de la Resolución 56 de 2024 del Ministerio de Comercio Interior generó incertidumbre en la continuidad de las cadenas de suministros en Cuba al restringir el comercio mayorista a un grupo reducido de mipymes: las 408 que tenían esa actividad económica como la principal, y no como secundaria.
Además, incluyó la condición de ejercerlo a través de entidades estatales.
Las críticas a esa norma no faltaron en redes sociales. A las 72 horas de publicarse, el gobierno de Pinar del Río convocó a una reunión con mipymes importadoras y otros funcionarios y representantes del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país.
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“Fue un intercambio para escuchar sus criterios. Te imaginas, ¿no? Fue muy diverso, siempre de un respeto absoluto. Pero ellos (las mipymes) expresaron sus criterios sobre la Resolución 56. Los criterios fueron negativos, porque se les cambiaba el cómo lo venían haciendo hasta ese momento”, dijo Gorgoy.
Meses después, la aplicación de esa norma fue aplazada para septiembre de 2025 y, finalmente, pospuesta indefinidamente –en la práctica, suspendida– por no existir las condiciones idóneas para ejercerla, como “el acceso al mercado cambiario de forma oficial”, explicó la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.
“Creo que la resolución 56 se suspende por dos razones: primero, porque las autoridades comprendieron que no había condiciones técnicas, materiales y financieras para llevarla a cabo; y segundo, porque aplicar esa resolución iba a generar aún más distorsión en la economía”, comentó Díaz, el director de Auge.
La norma pudo haber provocado un impacto en la importación de productos básicos y alimentos al país y afectar esa cadena de suministros en un contexto de escasez, agregó.
El sector privado realizó importaciones por 1195 millones de dólares entre enero y junio de 2025, según datos divulgados en la actual sesión parlamentaria, un récord que marca un crecimiento de 34 % en comparación al mismo periodo de 2024.
De ese total, 70 %, o 836 millones, lo ejecutaron mipymes.
“Hubiera terminado generando más problemas que los que iba a resolver”, sentenció el representante de Auge.
ED: EG
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