BUENOS AIRES – Año con año, la crisis eléctrica que sufre la Argentina se agrava. Son varios factores los que componen este problema. Primero, aparece un consumo energético per persona mucho más alto al del resto de la región que crece de forma ininterrumpida desde hace al menos 40 años.
Lo alarmante es que esto se desenvuelve sobre una infraestructura que pide renovación. Además, la red eléctrica nacional está dotada de solo algunas arterias, que son el sostén de la mayor parte de la población, de las industrias y de las empresas.
No es casual que la primera emergencia declarada por el gobierno de Javier Milei haya sido la del sector energético en los segmentos de generación, transporte y distribución, tanto para electricidad como para combustibles. Y aunque la crisis es general, son varias fuentes consultadas para este artículo las que ponen a la transmisión en la cabeza de las prioridades.
“Hoy son muchos los problemas que tenemos, pero el primer objetivo es aliviar el transporte de energía”, confirma Mariela Beljansky, que hasta hace poco más de un mes fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento del gobierno nacional.
Y es que estos desmejorados cables de alta tensión no son capaces de soportar por mucho tiempo un flujo de electricidad que, en los picos de demanda, quizás ni siquiera en su mejor época podrían haber resistido. Hoy corren el riesgo de sufrir daños fatales.
Pero este no es un problema nuevo. El gobierno anterior autorizó en 2023 el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión y el de Distribución Troncal para atender la emergencia del transporte y promover la transición a energías renovables en el sector eléctrico.
Esto también se contemplaba en el ambicioso Plan Nacional de Transición Energética. Sin embargo, tanto los planes como la estrategia nacional parecen permanecer hoy en el congelador. Se contactó a la Secretaría de Energía sobre estos proyectos y sus avances, pero hasta el momento de publicación de este informe, pero sin recibir respuesta.
A pesar de este contexto, el gobierno actual, en el poder desdediciembre de 2023, sí planteó medidas que buscan atender la emergencia del transporte de electricidad.
Por un lado, prorrogó la declaración de emergencia energética hasta julio de 2025, desarrolló medidas como el Plan Verano 2024-2025, el aumento de la importación de combustibles y anunció que lanzará una serie de licitaciones para ampliar el transporte eléctrico.
Durante el 2024 también arrancó el Programa de reconversión y eficiencia energética que tenía como principal objetivo hacer un recambio de tecnología para reducir el gasto eléctrico y, según Bejansky, también la generación distribuida, tanto para el sector residencial, como para la industria y las pyme.
La generación distribuida es, tanto para Beljansky como para el resto de las fuentes consultadas, una de las soluciones a apostar para atender el problema del transporte o transmisión de energía. Según ellos, el potencial es aún vasto y tiene como ventaja que se necesitan inversiones atomizadas.
Primero que nada, con generación distribuida, también conocida como ciudadana, se entiende, en términos llanos, a que las personas que consumen electricidad son también las que la producen. Pero no hay que imaginar tener un pozo petrolero en el jardín o un molino de viento en el techo del edificio. Casi 100 % de la energía que se consume bajo este esquema es fotovoltaica, es decir, que la electricidad proviene de paneles solares.
De hecho, según el informe más reciente sobre generación distribuida de la organización regional Onterra, 50 % de la potencia solar en América Latina está instalada bajo esa modalidad. Esto se debe a que los precios de la tecnología cayeron casi 90 % en los últimos años y también por una cuestión práctica: cabe en más lugares y requiere de poco mantenimiento.
Según el mismo reporte, el año pasado América Latina rompió el récord en instalaciones y plantea que tiene el potencial para aumentar de 31 gigavatios que hubo al cierre del 2023 a 159 gigavatios .
Solo como ejemplo, una familia tipo (dos personas adultas y dos menores de edad) requiere una potencia de alrededor de tres kilovatios en su casa. Esto significa que hasta el año pasado se podría haber abastecido a más de 10 millones de familias y tendría el potencial de cubrir a 53 millones.
Hoy, Brasil, México y Puerto Rico son quienes lideran en la región y muy por debajo, en el penúltimo lugar de la tabla, se encuentra la Argentina. Hasta el año pasado, este país solo tenía 33 megavatios de capacidad instalada, aunque durante el 2024, según datos oficiales, la potencia creció a casi el doble.
Esto pasó en un contexto de recesión, con caída en el consumo y recortes a subsidios, incluidos los destinados a promocionar la generación distribuida. Aquí surgen dos preguntas: ¿Por qué la Argentina tiene tan poco desarrollo comparado con América Latina?, ¿y qué significa el crecimiento de este año?
De los últimos en la lista
De acuerdo con Ignacio Romero, María Paz Cristófalo, Franco Borrello, que son los miembros fundadores de Onterra, la baja potencia de la Argentina se debe a cuatro razones.
La primera es que el país fue uno de los últimos de la región en desarrollar un marco normativo para promocionar la generación distribuida. Fue hasta 2019 que entró en operación el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública que plantea como objetivo llegar al 2030 con un gigavatios de potencia instalada.
“Somos de los países que menos tiempo llevamos desarrollando este tipo de estructura eléctrica. Además, el contexto inflacionario y el desorden macroeconómico no ayudaron nada”, explica Cristófalo. Y es que, para instalar la energía fotovoltaica, dos de los componentes clave se importan: los paneles solares y el inversor de corriente.
Estos dos aparatos vienen primordialmente de China, que en los últimos años se volvió el principal exportador de la tecnología fotovoltaica del mundo. Antes, esta tecnología era muy cara pero desde la llegada del gigante asiático a ese mercado, los precios se desplomaron.
Pero como cualquier acuerdo comercial internacional, la seguridad que brinda un país es clave, y con un contexto de deuda como el de la Argentina, el desarrollo solar en el país no se comparaba con el de otros países de la región.
Esto sumado a que la inflación explosiva y los costos, tanto de la mano de obra como de otros componentes, se dispararon. Pensemos que de diciembre de 2022 a 2023 hubo una inflación acumulada de 211,4 %, algo que disminuyó a 117,8 % de diciembre del 2023 hasta el mismo mes del año pasado.
La tercera razón que destacan los autores es el subsidio a la energía eléctrica que prevaleció hasta la administración pasada y que hacía poco competitiva a la generación distribuida.
A pesar del aumento en los costos de la electricidad, tanto por la inflación como por el alza en el costo de los combustibles fósiles (que es la principal fuente de energía eléctrica del país), los gobiernos anteriores trataron de mantener los precios bajos.
«Con la quita de subsidios y la eliminación de precios artificiales, muchas pymes e industrias empezaron a hacer el recambio por paneles solares. Eso explica el aumento de la generación distribuida durante este año», detalla Beljansky.
Para Pablo Bertinat, ingeniero eléctrico, autor e investigador especializado en transición energética de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina en la ciudad occidental de Rosario, hubo una falta de lectura tanto de esos factores macroeconómicos, como de otros aspectos técnicos y operativos a la hora de desarrollar las políticas de promoción.
“Tenemos un desarrollo con muchísimos equívocos. La ley tuvo un proceso inicial que no fue lo suficientemente discutido y acordado”, plantea. Para él, en consecuencia, el desarrollo de este esquema eléctrico ha sido “completamente anárquico”.
Bertinat explica que cada provincia desarrolló una estrategia distinta para promocionar la generación distribuida. Muchas tenían regímenes de promoción previos al nacional, otras decidieron no adherirse a la propuesta del gobierno, y otras más, han demorado años en reglamentar la ley. Ejemplo de esto es que hay provincias que tienen capacidad instalada que no aparece en los informes nacionales.
Según Martín Dapelo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energía Renovable, esta falta de homogeneidad puede traducirse en mayores gastos por temas administrativos, operativos o de infraestructura, dependiendo de la provincia.
Explica que para una familia tipo, el costo de instalación de potencia solar ronda los 3000 a 3500 dólares, “pero lo que tal vez en un lugar te puede costar eso, en otro lado puede escalar a 6000 dólares”. A pesar de esto, durante el 2024 el país entero vio crecer a la generación distribuida.
Cómo es un desarrollo sin subsidios y regida por el mercado
Beljansky explica que en materia energética, como en el resto de los sectores del Gobierno, la directriz siempre fue reducir la intervención estatal: “Buscamos liberalizar todo lo que el mercado pueda abordar y después que el Estado vea programas de lo que el mercado no pueda solucionar”.
Bajo ese esquema, según el equipo de Onterra, es usual que el desarrollo de la generación distribuida en la Argentina comience en el sector industrial, seguido por las clases altas del sector residencial y, tal vez, en los estratos medio-altos más adelante.
En contraste, para los sectores de menores ingresos resulta poco probable lograr los recambios bajo las reglas exclusivas del mercado y en el contexto económico actual.
Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 1600 usuarios-generadores de energía eléctrica, registrados a nivel nacional, en su mayoría residenciales y, probablemente, pertenecientes a estratos medios y altos, aunque no son ellos quienes más energía consumen.
Según datos oficiales, la potencia instalada, que ronda los 60 megavatios, se concentra principalmente en las industrias. Estos números están influenciados por tres factores clave: los subsidios a la electricidad, el costo de la infraestructura y los incentivos existentes.
Para instalar un sistema fotovoltaico en una vivienda, es necesario contar con al menos 3000 dólares, y esta cifra aumenta considerablemente si se trata de pymes, y aún más en el caso de industrias.
“Muchos usuarios no tienen esa plata. Según las cifras oficiales, la mitad de la población es pobre y no va a poder invertir. Quizás una élite pueda hacerlo dentro del país”, señala Martín Kalos, economista y director de la consultora EP y CA Consult.
Además, los sectores más bajos de la población enfrentan barreras económicas adicionales para acceder a estas tecnologías, por ejemplo, la infraestructura de sus viviendas. Según Dapelo, la infraestructura de más de 50 años no puede soportar paneles solares. “Los techos no están preparados”, explica.
“Teniendo en cuenta que los sectores sin subsidios son los que más consumen energía, es lógico que les resulte conveniente realizar el cambio. En este contexto, el tiempo de repago [cuando la inversión inicial se recupera] es de aproximadamente cinco años, especialmente considerando los costos históricamente bajos de la tecnología solar”, explica Romero.
Pero no es suficiente con la remoción de subsidios para desarrollar este modelo energético, explica quien además de ser miembro de Onterra, fue director del departamento nacional de Generación Distribuida durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Los incentivos elaborados por el Estado, según el propio reporte de Onterra, son herramientas útiles para la promoción de estas tecnologías.
Hasta la asunción de Javier Milei, existían tres tipos de incentivos contemplados por la ley. El Fodis, un fideicomiso que buscaba subsanar la inversión inicial de la infraestructura, beneficios promocionales para abaratar costos y un régimen de fomento de la industria nacional.
Sin embargo, estas herramientas fueron eliminadas por decreto. Según Beljansky, la razón por la que se quitaron fue porque el contexto inflacionario provocaba que se licuaran los subsidios, pues los usuarios hacían la inversión que meses después se devolvía.
No obstante, tanto para Dapelo como para Bertinat esa razón es inválida. El ingeniero eléctrico opina que tiene más una connotación ideológica que un fin práctico.
En sustitución a estos incentivos, a través de una resolución se diseñó una línea de crédito a través del programa de reconversión y eficiencia energética.
Con ella, el Banco de la Nación Argentina podría otorgar créditos de cinco a diez años con una tasa fija para la compra de casi 100 ítems entre los que se encuentran electrodomésticos eficientes, aislantes de temperatura, calentadores de agua solares y celdas fotovoltaicas.
Beljansky explica que esta fue una de las principales medidas que se tomaron en torno a la generación distribuida.
Kalos opina que la generación distribuida seguirá creciendo, pero no considera que el crédito diseñado por el Ejecutivo influya, tampoco piensa que resolverá temas de pobreza energética. “Hay que tener un perfil para acceder a ese como a cualquier crédito. Quién tiene la espalda para hacer pagos a 10 años, mucha gente no”, reflexiona.
A pesar de no tener en cuenta, al menos en un primer momento, a las clases más pobres del país, Blejansky piensa que la energía distribuida seguirá creciendo. Y si el ritmo continúa, se podría llegar al objetivo planteado en el régimen nacional.
El reto para las zonas más pobladas
Además de las variables económicas, el desarrollo de la generación distribuida también se ve moldeado por el espacio. Los paneles solares lo requieren, y es justo en los sitios donde más demanda hay que el espacio escasea.
Los núcleos urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires o capitales provinciales como Rosario y Córdoba son los lugares donde más serviría este tipo de esquemas. Pero, por un lado, los edificios no pueden cubrir con la demanda pues no hay superficie suficiente y, segundo, donde hay sol un día, puede que al siguiente deje de haber.
La referencia es a la construcción de edificios altos que generan sombra.
Beljansky reconoce que es un tema del que se habla poco dentro del Gobierno, pero que al plantearse un desarrollo en zonas urbanas es fundamental. “No hay derecho al sol en la Argentina. Vos podés instalar un panel solar y el año que viene construyen un edificio que te haga sombra”, reflexiona.
Pero tanto ella como Dapelo y el propio Bertinat plantean que para estas zonas, la solución potencial es la de formar comunidades energéticas. Consiste en tener una planta de baja tensión conectada a la red eléctrica de tu barrio, tu pueblo o tu ciudad.
Esta planta estaría lógicamente cerca, pero no lo suficiente como para verse afectada por edificios. Uno podría comprar una porción de la potencia de esa planta y recibir directamente la energía. Es una forma de energía distribuida que recién comienza a formarse en el país, con apenas algunos proyectos en las provincias de Córdoba y en Santa Fe.
Este artículo se elaboró con el repaldo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
