RÍO DE JANEIRO – La extrema derecha no será la misma en Brasil después de sus intentos de golpe de Estado en los últimos cuatro años, en que esperaba contar con la fuerza decisiva de los militares, como en el pasado lejano que ahora no se repitió.
Las revelaciones de la Policía Federal sobre el intento de golpe encabezado por militares en noviembre-diciembre de 2022 apuntan al fin del liderazgo castrense en los sueños ultraderechistas de resucitar la dictadura militar de 1964-1985 para imponer sus “valores”.
Entre los 37 conspiradores identificados por la policía, 25 son militares y entre ellos siete generales, un almirante, siete coroneles y cinco tenientes-coroneles. Cinco fueron detenidos el 19 de noviembre, incluidos un general, otros tres oficiales del Ejército y un policía federal.
Diálogos por teléfonos celulares y documentos rescatados, aunque borrados por sus autores, permitieron a la policía reconstituir algunos planes golpistas, que incluían el asesinato del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes.
Se trataba de evitar la toma de posesión de Lula y Alckmin el 1 de enero de 2023. Los dos habían triunfado en las elecciones de octubre y evitado la reelección del ultraderechista Jair Bolsonaro, que tenía como su candidato a vicepresidente al general Walter Braga Netto, exministro de Defensa.
En tenso periodo entre el el triunfo de Lula, el 28 de octubre, y su juramentación el 1 de enero de 2023, al parecer se intentaron varios golpes, el que generó el proceso que va a la justicia es de los 25 militares más Bolsonaro y otros 11 civiles.
También quedo al descubierto un plan para asesinar al presidente electo y evitar así que retomase el poder después de haber gobernado el país entre 2003 y 2010.
Lo que ya trascendió a los medios indica que el 15 de diciembre de 2022 fue decisivo.
Un grupo de seis militares ocuparon posiciones en Brasilia aquel día para secuestrar a Moraes, el juez más odiado, como el encargado en el Supremo Tribunal Federal (STF) de los procesos que más amenazan a Bolsonaro y sus adeptos, sobre intentos de golpe y difusión de mentiras y discursos de odio. La operación se “abortó” por razones aún no aclaradas.
Dos años y 884 páginas de investigación
Las investigaciones policiales de dos años resultaron ahora un informe de 884 páginas que será examinado por el Procurador General de la República, Paulo Gonet, que decidirá sobre el enjuiciamiento o no de los 37 sospechosos.
El juicio le tocará directamente al STF y se espera que ocurra en 2025, ya que en 2026 habrá elecciones generales en octubre que podrían enturbiar el proceso.
Ese es el caso más grave de las amenazas de golpe que Bolsonaro protagoniza desde su elección como presidente en octubre de 2018, cuando dijo que hubo fraude en el escrutinio electoral, pese a su triunfo.
Habría triunfado en la primera vuelta, sostuvo. En la segunda vuelta derrotó a Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y actualmente ministro de Hacienda.
Por esos cuestionamientos infundados y otros delitos conexos, Bolsonaro fue condenado en junio de 2023 a su inhabilitación política durante ocho años, lo que le impide volver a ser candidato en las próximas dos concurrencias a los comicios presidenciales.
Erosión de la democracia
Pero sus actos contra la democracia y el estado de derecho enturbiaron la política brasileña a partir de 2020, cuando convocó a movilizaciones de sus seguidores delante del cuartel general del Ejército en Brasilia y en las grandes capitales del país, para incitar la intervención militar y ataques al STF.
Una de las razones fueron las decisiones de la suprema corte a favor de medidas de prevención contra la pandemia de covid-19, como aislamiento social, suspensión de actividades colectivas y uso de mascarillas, contra las cuales insurgía Bolsonaro.
Las celebraciones del día de la Patria, el 7 de septiembre, se volvieron mítines por más poder a Bolsonaro que, en 2021 llamó “canalla” a Moraes y se declaró en rebelión contra sus fallos.
En 2022 intensificó sus ataques a supuestos fraudes que facilitarían las urnas electrónicas, usadas en Brasil desde 1996, sin evidencias de fallas. Reunió incluso los embajadores extranjeros en Brasilia para desacreditar el automatizado sistema electoral, acto que lo hizo inelegible hasta 2030 por un fallo del Tribunal Superior Electoral.
En todas las manifestaciones masivas de sus adeptos, el grito de “intervención militar” era usual. El objetivo sería fortalecer el presidente Bolsonaro y alejar obstáculos a su poder.
Las acciones se hicieron violentas tras la derrota electoral del 30 de octubre de 2022. Bolsonaristas acamparon delante de decenas de cuarteles en todo el país. En Brasilia incendiaron automóviles y autobuses, e intentaron invadir la sede de la Policía Federal, el 12 de diciembre, tumultos que aparentemente buscaban justificar la intervención militar.
¿Traición?
Fracasada la acción militar que impediría la toma de posesión de Lula y Alckmin, los activistas civiles se volcaron a la invasión del legislativo Congreso Nacional, palacio presidencial y Supremo Tribunal Federal, en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia el 8 de enero de 2023, con un vandalismo que asombró al mundo.
Tampoco lograron esa vez el despliegue de las fuerzas armadas para derrocar al nuevo gobierno y reponer en el poder un Bolsonaro que 10 días antes se había fugado a la ciudad estadounidense de Orlando.
La “traición”, que es como los bolsonaristas encaran la defección de los militares, convirtió a estos en nuevos blancos de los ataques de la extrema derecha en las redes sociales, sellando una división que le quita al movimiento extremista su viga maestra.
La elección y el gobierno de Bolsonaro (2019-2022) fueron un rebrote de la dictadura militar de 1964-1985, aunque producto de elecciones libres. Reveló que ese es un pasado no resuelto, no superado, y que divide la sociedad brasileña, con una buena parte dispuesta a sacrificar la democracia por sus “valores” tradicionales.
Bolsonaro se eligió con un discurso de rescate de la dictadura militar, incluso de sus torturas, de combate sin treguas al comunismo, a la “ideología de género”, al ambientalismo y al “globalismo” (el multilateralismo de las Naciones Unidas), con la consigna “Dios, patria y familia”, del movimiento fascista brasileño de los años 30 del siglo pasado.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército, dejó la carrera militar en 1988 tras enfrentar un juicio por el intento de poner bombas en cuarteles, para reclamar mejores sueldos para los militares. Fue absuelto por la Justicia Militar, pero sin posibilidad de ascenso, lo que le llevó a la política, comenzando como concejal en Río de Janeiro.
Luego fue elegido diputado nacional siete veces, antes de conquistar la popularidad nacional que lo llevó a la presidencia del país en 2018. Basó su carrera política casi exclusivamente en la defensa las fuerzas armadas y de su dictadura de 1964-1985.
Con el deterioro de la imagen de los políticos tradicionales y del Partido de los Trabajadores, que estuvo en la presidencia con Lula y Dilma Rousseff de 2003 a 2016, por escándalos de corrupción, Bolsonaro se convirtió en una alternativa popular como el candidato de los militares.
En Brasil, las fuerzas armadas siempre estuvieron entre las instituciones más confiables para la población brasileña, en las encuestas. La dictadura poco afectó esa confianza, que creció ante la corrupción vista como generalizada entre los políticos tradicionales.
Eso y el apoyo masivo de religiosos conservadores, especialmente los evangélicos, de los “ruralistas”, grandes hacendados que dominan la economía en las regiones Sur y Centro-oeste de Brasil, del empresariado y de gran parte de los trabajadores informales, Bolsonaro ganó las elecciones en 2018.
Los militares, además de la popularidad, operaban como el componente inspirador del movimiento ultraderechista y unificador de los distintos sectores, al aportaba una perspectiva nacional, patriótica y de poder a las demás fuerzas de objetivos fragmentarios.
La extrema derecha sigue con bases sociales amplias en Brasil, pero perdió su factor de unión y potencia. Eso debe afectar su fuerza electoral, incluso porque su principal líder está inhabilitado para las próximas elecciones y camina para condenas judiciales más graves, que pueden incluso llevarlo a la cárcel.
ED: EG
