TEGUCIGALPA – A 1100 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad de Tierra Amarilla, ubicada en el cerro de Quipua, en el municipio de Victoria, en el departamento hondureño de Yoro, se encuentra Martha Gracia Ramos, de 36 años, una lideresa del pueblo tolupán que ha dedicado la mayor parte de su vida a salvaguardar los recursos de la Madre Tierra.
Ramos se convirtió este año en la segunda mujer en asumir la presidencia del Consejo Directivo Tribal de Las Vegas de Tepemechín, una de las 28 tribus del pueblo indígena tolupán que aún mantienen vivo su legado en Honduras y en cuya cosmovisión los árboles, las montañas y los ríos son considerados sus hermanos.
Como presidenta del consejo, ella tiene a su cargo 32 comunidades. Las tribus tolupanes creen en la autodeterminación de los pueblos y se rigen por sus propias normas.
Pese a poseer títulos ancestrales de sus tierras desde 1864, esta tribu enfrenta múltiples retos y amenazas, siendo el principal de ellos la pérdida de bosques.
“Lo que más nos preocupa es la deforestación, producto de la avaricia del ser humano, que piensa que los bienes comunes de la naturaleza son mercancía. La deforestación está acabando con nuestra biodiversidad y las fuentes de agua”, expresó Ramos.
A principios de 2024, Ramos viajó a España para acudir a un encuentro de mujeres ambientalistas, donde escuchó hablar acerca de la 16 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) que se llevará a cabo en la ciudad colombiana de Cali, del 21 de octubre al 1 de noviembre.
Compartió que se emocionó mucho al escuchar todos los temas que se abordarán, pero nunca imaginó que sería una de las voces que expresaría las preocupaciones de los pueblos ancestrales en torno a la pérdida de la biodiversidad a través de una entrevista.
Desde su punto de vista, la deforestación, principalmente en áreas protegidas, debe ser uno de los puntos más importantes en la agenda de la delegación hondureña.
La lideresa ve a la COP16 como una oportunidad para que las autoridades de Honduras puedan aprender de los casos de éxito de otros países, buscar financiamiento y adquirir un compromiso genuino con la preservación de la biodiversidad, tal como lo establece el Marco Global de Biodiversidad (MGB).
Una mirada al Plan Nacional de Biodiversidad
De acuerdo con el viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Jorge Salavarri, al menos 250 000 hectáreas de bosque han sido afectadas por la deforestación en los últimos años en Honduras.
Pese a que este país centroamericano posee leyes nacionales de protección medioambiental como la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y que es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica(CDB), la deforestación de áreas protegidas es uno de los principales problemas que afronta el país.
La meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, vigente desde 2022, busca garantizar que para 2030, al menos 30 % de las zonas terrestres, aguas continentales, zonas marinas y costeras, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados equitativamente.
En su última Estrategia y Plan Nacional de Biodiversidad (NBSAP, en inglés), publicada en 2017, Honduras reporta que “la ganadería y agricultura extensiva han sido identificadas como las principales causas de la pérdida de los recursos forestales en los bosques latifoliados”.
Añade que “los incendios y la agricultura migratoria son las principales causas del deterioro de los bosques de pino” y que “otros ecosistemas forestales como los manglares han sido reducidos sustancialmente por la expansión de la actividad de la camaricultura (…) y la creciente urbanización con fines turísticos”.
Otro problema mencionado que agrava la deforestación es el narcotráfico (por el hecho que Honduras es un país de paso de droga desde Sudamérica a Norteamérica).
El documento apunta que “la tasa de pérdida de bosques en Honduras aumentó dramáticamente con el crecimiento del crimen organizado”, por las pistas de aterrizaje en los bosques y porque los narcotraficantes “lavan” su dinero de la droga invirtiendo en operaciones de tala de árboles, agricultura y ganadería.
También se cita como un desafío para el país reducir sus tasas de deforestación ante el hecho de que hay alta dependencia de la leña como fuente de energía, con unos 38.3% de la población haciendo uso de ella para fines domésticos.
El texto indica que “en el país no hay inventarios continuos, es muy difícil determinar en un cierto período de tiempo las tasas de deforestación”, y resalta “la necesidad de un programa continuo de inventarios forestales”.
Entre los compromisos establecidos en su NBSAP de 2017, Honduras señala que busca conservar “al menos 30 % de los ecosistemas forestales actuales”. El país se plantea reducir la tasa de deforestación en 20 % para 2025.
Entre las medidas mencionadas se encuentran el manejo forestal sostenible con participación comunitaria, el uso de ecofogones para disminuir el consumo de leña, y proyectos de agroforestería con café y cacao. Además de trabajar en la creación de un mecanismo y un fondo de incentivos destinados a canalizar recursos hacia zonas prioritarias.
Otros instrumentos mencionados en la estrategia nacional incluyen el Plan Nacional de Reforestación, programas de gestión de microcuencas y manejo de áreas protegidas. A nivel regional, nueve de las 16 regiones del país cuentan con Planes Regionales de Desarrollo, los cuales incluyen acciones para la protección y gestión de los recursos naturales.
Cabe destacar que la COP16 será la primera COP de biodiversidad que se realizará después de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal en 2022.
Por ello, los países deberán presentar sus Estrategias y Planes Nacionales de Biodiversidad (NBSAP) actualizadas, las mismas que son clave para implementar el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Líderes ambientales exigen acción más allá del discurso
El Marco Global de Biodiversidad propone como estrategia de conservación reconocer “cuando proceda, los territorios indígenas y tradicionales, garantizando al mismo tiempo que toda utilización sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con la obtención de resultados de conservación”.
Ramos, la lideresa, ambientalista y defensora de derechos humanos, ve con preocupación el hecho de que “en Honduras existen muchas leyes escritas, pero falta de conciencia para impartir justicia ambiental”.
Destacó que durante años se han otorgado permisos inconsultos para la extracción de madera y concesiones mineras contra las que han tenido que luchar.
Ramos se ha convertido en el rostro visible de la lucha indígena en su sector. Es la encargada de custodiar el territorio e interponer las denuncias ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y la Fiscalía Especial de Medioambiente.
Para atender estos asuntos, camina más de tres horas entre densos matorrales para llegar a la sede del Consejo Directivo Tribal, y pese a que ha recibido amenazas, no le tiembla la voz para denunciar las injusticias y delitos ambientales.
“El impacto de la deforestación ha sido grande, se ve fácilmente si hacemos un recorrido. Cuando era niña recuerdo que me levantaba como a las 4:00 de la mañana y ya escuchaba pájaros cantando, el clima era muy fresco y había bastantes árboles de madera de color, pero ahora los caudales de los dos ríos que bajan de la montaña han ido mermando y tenemos bastante contaminación por plástico”, dijo Ramos.
La lideresa agregó que espera que los representantes de Honduras cuenten la realidad nacional durante su participación en la COP16, en vez de “hacer creer que todo marcha bien” en el país y que están comprometidos con los acuerdos alcanzados, mientras los defensores del ambiente luchan para que se ratifique el Acuerdo de Escazú que los protege.
Según un reciente informe de Global Witness, 18 personas defensoras de la tierra y el medioambiente perdieron la vida en Honduras durante el 2023. La lucha por la ratificación del acuerdo se ha intensificado luego de que la noche del 14 de septiembre, el defensor del ambiente y regidor del municipio de Tocoa, Colón, Juan López, fuera asesinado en su vehículo al salir de la iglesia.
Las áreas protegidas en Honduras
Honduras cuenta actualmente con 93 áreas protegidas. De estas, 75 están legalmente declaradas y 18 a nivel propuesta. Aunque las penas por delitos forestales en estas áreas van desde los nueve meses hasta los 12 años de reclusión, la deforestación ha sido durante décadas su principal amenaza, explica el ingeniero Daniel García, jefe del departamento de Áreas Protegidas del ICF.
“Tenemos muchos problemas que impactan en la biodiversidad, pero ninguno como la deforestación”, dijo García, quien reveló que entre 2016 y 2020 se perdieron más de 81 000 hectáreas de bosque por año, principalmente de bosque latifoliado, que deriva en la pérdida de hábitat y fragmentación del paisaje.
Las áreas protegidas en Honduras son declaradas por el legislativo Congreso Nacional, mientras que las microcuencas hidrográficas abastecedoras de agua a las comunidades para uso doméstico, productivo y energético, son declaradas por el ICF, según establece el artículo 109 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
El ICF también es el encargado de administrar las áreas protegidas, elaborar sus planes de manejo y velar por su cumplimiento a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (Sinaph).
Para realizar esta labor, el ICF puede hacerlo de forma directa o a través de terceros. “Esta actividad podrá realizarla en forma directa o por delegación, mediante la suscripción de convenios o contratos de manejo o co-manejo con municipalidades, mancomunidades, organizaciones comunitarias o de la sociedad civil organizada dedicadas a la protección y conservación de áreas protegidas y vida silvestre.”, según el artículo 111 de dicha ley.
De acuerdo a los registros de ICF, estas áreas abarcan más de cinco millones de hectáreas y el sistema cubre cerca de 28 % del territorio terrestre hondureño, “lo que subraya la relevancia y el impacto de estas áreas en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales del país”.
Entre 2022 y 2023, el ICF estima que se perdieron aproximadamente 65 000 hectáreas de bosque anuales, una cifra menor que años anteriores, pero que preocupa a las autoridades.
“Aunque están bajando, aún son cifras muy altas de deforestación, si seguimos a ese ritmo estaríamos perdiendo significativamente territorios de las áreas protegidas, aproximadamente 55 % de la deforestación en los últimos siete años ha sido en áreas protegidas”, dijo García.
Para García, frenar la deforestación es un trabajo enorme, que requiere de muchos recursos, voluntad política y trabajo coordinado de muchas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, ya que la deforestación en Honduras también ha estado asociada a actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.
En ese contexto, dio a conocer que el ICF ha optado por ejecutar medidas neutralizadoras para hacerle frente a la deforestación, priorizando algunas zonas para optimizar los recursos, a la vez que reconoció que el financiamiento es una de las grandes limitantes.
“Los planes de manejo son ambiciosos, están enfocados en muchas cosas, pero recientemente se elaboró una evaluación sobre la brecha financiera de algunas áreas protegidas y uno llega a la conclusión de que se planifica mucho, pero realmente hay poco presupuesto disponible”, expresó.
En los últimos dos años, el presupuesto asignado para el Fondo de Manejo de Áreas Protegidas ha rondado los 100 millones de lempiras (algo más de cuatro millones de dólares), según registros del ICF, una cantidad que se vuelve insuficiente al evaluar la magnitud del daño que ha ocasionado este flagelo.
García destacó que cada área protegida cuenta con planes de reforestación y que en 2023 se lanzó el programa presidencial Padre Andrés Tamayo, cuyo objetivo es impulsar la restauración en 22.000 hectáreas de tierras deforestadas y degradadas en 300 microcuencas de los 18 departamentos del país.
No obstante, hizo hincapié en que frenar y revertir el daño no será posible si los tres poderes del Estado no se unen para hacerle frente a la deforestación.
Sin plan estratégico, los parques nacionales siguen amenazados
Enrique Joya, de 65 años, es miembro fundador del Movimiento Ambientalista de Morazán Yoro (Moamy) y creció nadando en las pozas cristalinas del parque nacional Pico Pijol. El parque, que es comanejado por la organización, es hogar de venados cola blanca, monos, armadillos, ranas, iguanas, tucanes, orquídeas y varias especies en peligro de extinción.
Uno de sus atractivos más conocidos es la famosa cascada de Los Piratas, pero también una de las huellas más latentes de la deforestación, ya que su caudal ha disminuido considerablemente.
Según explicó Joya, en el parque también se ha perdido la mayor parte del bosque conífero y ahora está en riesgo el bosque latifoliado debido a la tala ilegal, la sobreexplotación de recursos por parte de empresas madereras, la ganadería y cultivos como el café y el jengibre.
“Es lamentable, uno que conoce el parque desde antes que fuera declarado en 1987, es testigo del grave daño que estas actividades le han causado”, expresó.
De acuerdo con Joya, el avance poblacional es otro factor que ejerce gran presión, ya que el parque está rodeado de 16 comunidades, por lo que es casi imposible evitar que a diario se sustraiga madera de forma ilegal o se trafique con la flora y fauna. Además, se han visto amenazados por concesiones mineras e hidroeléctricas.
Enrique compartió que estos factores los llevaron a organizarse desde principios de los 2000 y en 2018 obtuvieron su personería jurídica.
No obstante, frenar la deforestación ha sido imposible.
Para el ambientalista, el problema radica en la falta de conciencia por parte de autoridades que durante los diferentes gobiernos han concedido permisos inconsultos en estas áreas y que no velan por el cumplimiento de las leyes.
También se carece de fondos para financiar programas de vigilancia y restauración que sean sostenibles.
Por su parte, el ambientalista y defensor de derechos humanos Pedro Landa considera que los principales desafíos para frenar la deforestación en áreas protegidas son la falta de capacidad institucional, la poca o nula aplicación de las leyes, la carencia de fondos y un plan estratégico para hacerle frente a estos delitos ambientales.
Landa dijo que escenarios como ese se replican en el resto de las áreas protegidas, siendo la Biósfera del Ríos Plátano y el parque Jeannette Kawas dos de los más afectados a nivel nacional.
Destacó que este año, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), lanzó la estrategia “Cero deforestación al 2029”, “operativizada a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA), la cual es liderada por ICF, y también integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas de Honduras.
Como parte de la estrategia, ya se han ejecutado desalojos de familias que vivían en áreas protegidas, afectando las zonas de amortiguamiento con cultivos como el café. Al respecto, Landa subraya que “no basta solo con los desalojos, sino que también se requiere de un ordenamiento territorial para reubicar a estas familias” y garantizarles que tendrán medios de vida.
La estrategia cero deforestación, que en sus primeros tres años contará con un presupuesto de 19 000 millones de lempiras (alrededor de 760 millones de dólares), ha sido criticada por organizaciones protectoras del ambiente, señalando que carece de participación comunitaria, campesina y de pueblos indígenas, delegando la tarea de protección a las Fuerzas Armadas, institución a la que se destinarán gran parte de los recursos.
Oportunidades en la COP16
Pese al difícil panorama que enfrenta Honduras, Mauricio Mejía, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Honduras, destaca que existen iniciativas que buscan educar y crear conciencia en la población y los tomadores de decisiones.
Acerca de la COP16, Mejía indicó que “las COP siempre representan una oportunidad, el reto es que el país sepa presentarse como un país que sí quiere hacer cosas, porque ya ha habido tantas COP que hay un factor de cansancio, porque pasa el año y no se hizo nada en el campo, todo quedó en un bonito reporte”.
Mejía señaló que es importante que la delegación hondureña esté conformada por tres actores claves: la Serna, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el ICF. “Si estas tres agencias del gobierno no están hablando un mismo idioma, van divididos a la COP16”, expresó.
“El mensaje es que lleven un planteamiento claro de la importancia y de los compromisos que tiene el país para conservar y preservar la biodiversidad, para ser un ejemplo en la región y poder regresar con fondos para implementar planes de acción que sean eficientes y sostenibles en el tiempo”, añadió.
Para García la COP16 es un espacio importante para hacer planteamientos sólidos respecto a la conservación de la biodiversidad, porque reúne a muchos tomadores de decisiones y científicos que pueden hacer incidencia, sobre todo a nivel de las políticas globales y el compromiso que cada país pueda adquirir en torno a ellas.
Contactamos a representantes de la delegación hondureña, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
De todos modos, Joya considera la COP16 como una oportunidad para que las autoridades hondureñas puedan acceder a fondos para financiar la acción climática y la biodiversidad, tomando en cuenta que los flujos financieros y la movilización de recursos, principalmente de los países más industrializados, será uno de los temas focales en la agenda de las negociaciones de esta cumbre.
