SANTIAGO – La creciente dificultad para comprar viviendas por el alza de precios y la irrupción de cambios demográficos que incrementan la demanda precarizó la vida en las ciudades de América Latina y el Caribe, donde reside 82 % de sus habitantes.
En esta región de 663 millones de personas existen 74 ciudades con más de un millón de habitantes y entre ellas hay nueve urbes donde viven más de cinco millones. Un 44 % de latinoamericanos y caribeños habitan urbes con más de 500 000 personas.
En los últimos años nuevamente creció en estas ciudades la informalidad de las viviendas y simultáneamente el nivel de hacinamiento en un cóctel que aumenta las dificultades de acceso a trabajos e impacta la vida de cuidadoras de niños y adultos mayores.
“Hay países con particularidades como Costa Rica donde un número importantísimo de sus viviendas, cuatro de cada cinco, fueron construidas con apoyo del Estado. Pero en el resto de la región buena parte de las construcciones son informales”, explicó Diego Aulestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“En gran cantidad de países de la región estamos viendo un crecimiento de asentamientos precarios y una disminución en la tasa de los hogares que son propietarios de sus viviendas”: Diego Aulestia.
Eso significa que “las personas se asientan en suelos de riesgo y sin acceso a servicios públicos”, añadió a IPS en la sede del organismo en Santiago de Chile.
Este experto de origen ecuatoriano apunta que si bien el proceso de informalidad es histórico en la región, el problema es que volvió a desmejorar tras una pausa con indicadores estables.
“En gran cantidad de países de la región estamos viendo un crecimiento de asentamientos precarios y una disminución en la tasa de los hogares que son propietarios de sus viviendas”, aseveró.
Como ejemplo citó a Chile que registró un incremento en la población que vive en ese tipo de asentamientos, localmente conocidos como campamentos, sin acceso a agua potable, luz ni servicios de alcantarillado. “En Chile los asentamientos precarios crecieron en alrededor de 68 % entre 2019 y 2022¨, indicó.
Detrás están varios factores, como el encarecimiento de las viviendas, que comenzó con la pandemia de covid, cuando subieron fuertemente los materiales de construcción.
En coincidencia, aumentaron el precio del suelo y las tasas de interés de los créditos hipotecarios, acentuando la tendencia al alquiler de viviendas.
“En la región tenemos una disminución en el número y en la proporción de hogares que son propietarios de sus viviendas. Hoy hay un mayor porcentaje de gente que alquila su vivienda respecto a una década atrás”, resumió Aulestia.
El incremento de las tasas de interés marginó el acceso a crédito de la clase media, que ya era prohibitivo para sectores pobres.
Simultáneamente la región vive un cambio demográfico con aumento de personas mayores, hogares monoparentales y familias reducidas.
En la mayoría de los países de América Latina más de 10 % de sus hogares son familias de una sola persona, situación muy diferente a dos décadas atrás con hogares de cuatro personas.
“Hay cada vez más hogares unipersonales lo que modifica los patrones de demanda de viviendas y la construcción no ha respondido adecuadamente. Esa es una tarea pendiente”, aseveró el jefe de Asentamientos Humanos de la Cepal.
La migración incrementó la demanda de casas en varios países y es otra causa de la crisis regional de la vivienda.
La región vive una explosión de migración intrarregional desde la segunda década del siglo y solo entre 2010 y 2020 creció en 83,2 %, al pasar de 5,3 millones a 11,3 millones de personas, según datos de las Naciones Unidas. Venezuela, Haití y Nicaragua son los principales expulsores y Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana y Brasil los mayores receptores.
Como antes se produjo un éxodo masivo del campo a las ciudades, generando un déficit de vivienda mal solventado con cronificación de los asentamientos informales, los migrantes de este siglo buscan de manera creciente un mejor futuro entre sus países vecinos, empujados por la violencia política y delictiva, los desastres climáticos y la falta de oportunidades en sus lugares de nacimiento.
En Chile en 2017 casi 80 % de la población migrante vivía como arrendataria mientras a nivel nacional esa condición solo la tenía 18 %. Paralelamente, la población en campamentos creció intensamente y en 2022, 40 % de quienes habitaban en asentamientos precarios eran migrantes.
En Costa Rica en ese mismo año más del 50 % de los migrantes vivían en alquiler, muy por encima de 18 % de los nacionales que arrendaban. Ese mismo año un migrante tenía cinco veces más probabilidad de estar en condición de hacinamiento.
“Muchos migrantes se instalan en zonas susceptibles de ser inundadas o expuestas a deslizamientos y, además, alejadas, lo que dificulta su acceso a opciones laborales”, detalló Aulestia.
El especialista remarcó que «las condiciones habitacionales tienen una íntima relación con las condiciones de bienestar de los hogares. Está probado que el hacinamiento es perjudicial para el rendimiento escolar de los niños. En la pandemia claramente hubo una relación entre el hacinamiento y las condiciones de salud».
«Cuando hablamos de las condiciones de vivienda, del acceso a servicios públicos, de la infraestructura y de movilidad son situaciones que están afectando el bienestar de los individuos y las economías nacionales», detalló.
Para enfrentar la crisis Aulestia plantea, entre otras medidas, la urgencia de incrementar la oferta de suelos para construir viviendas sociales y, simultáneamente, sumar nuevos recursos para políticas de vivienda.
“Una idea es modificar el cambio de uso de los suelos a fin de valorarlos y con ello obtener una cifra para financiar viviendas sociales. Otras alternativas son crear bancos de suelos y destinar subsidios para arriendo”, planteó.
Asentamiento chileno, ejemplo de otros muchos latinoamericanos
Karen Fernández, de 47 años, tiene tres hijos. Completó 18 años luchando por el derecho a una vivienda digna y hoy preside el Comité de Vivienda número 13 Villa La Reina.
Esta villa, de 1620 casas en 70 hectáreas del sector noreste de Santiago, surgió en los años 60 como experiencia de autoconstrucción con apoyo del Estado destinada a sectores pobres en el municipio La Reina, uno de los que conforman Santiago.
Hoy en cada pequeño espacio se multiplicaron las viviendas, en un asentamiento precario que es ejemplo de otros muchos que se multiplican por las urbes latinoamericanas, y también de sus luchas y de logros.
“Aquí vivimos dos, tres y hasta cinco generaciones en un domicilio. No parece campamento (asentamiento precario), pero finalmente es un campamento oculto. Es muy difícil encontrar una casa en la Villa habitada por una sola familia», dijo Fernández a IPS en el lugar.
En su propio pequeño espacio había originalmente una casa de autoconstrucción. Ahora en el mismo recinto se construyeron dos ampliaciones, separadas, para dar cabida a los 15 familiares, de tres generaciones.
“Nadie se quiere ir de esta comuna (municipio) porque tiene buena forma de vida, tenemos conexiones, trabajos, colegios, familias y amistades. Esto es lo que genera el campamento oculto”, aseveró.
Fernández subraya que el hacinamiento provoca problemas más allá de la desigualdad de vivienda en asentamientos como el suyo.
“Hablamos de falta de vivienda, pero esta trae problemas como la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la drogadicción. Hay muchas mujeres, pero también hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar. En mi comité hay hombres que son papás solos y viven historias de desigualdad en la sociedad”, comentó.
“Se dice, por ejemplo, por qué el niño adolescente se está drogando….porque hay familias con tres o cuatro hijos que viven en una sola pieza. Entonces el adolescente sale obligado a la calle y encuentra otras cosas”, agregó.
Su lucha por una vivienda digna dio un enorme paso: se está construyendo el Condominio Aldea El Encuentro, con edificios de cinco pisos que darán solución a 320 pobladores organizados en cinco comités.
Todos los pobladores pusieron su subsidio (dinero de ayuda del Estado) y sus propios ahorros para lograr el equivalente de hasta 1250 dólares para que les asignaran un departamento de 60 metros cuadrados.
Serán entregados en agosto del 2025 y los adjudicados ya visitaron las obras. Salieron llorando de emoción, contó a Fernández a IPS.
“Las torres se ve bien bonitas, hermosas. Son un sueño”, añadió.
El Condominio se construye en un terreno que servía de área deportiva y que fue donado por la municipalidad de La Reina.
“La pandemia mostró aquí en La Reina que más de 1600 familias organizadas necesitan una solución habitacional”, declaró la lideresa.
Estas 320 familias cumplirán su sueño de permanecer en La Reina “donde nacimos y fuimos criados. Fue nuestra primera pelea. No irnos a la periferia para no perder oportunidades de trabajo, escuelas, salud y redes familiares” concluyó.
Soluciones como esta son necesarias en América Latina para mejorar la vivienda urbana.
Aulestia considera que «existe interés en los gobiernos locales y nacionales de ir mejorando esta situación, pero lamentablemente no vemos una variación o crecimiento positivo en el presupuesto público que se destina a desarrollo urbano y vivienda».
El estancamiento, cuando no reducción los presupuestos en vivienda en los países latinoamericanos, «responde a una restricción de los recursos presupuestarios, que lamentablemente en el tema de vivienda es una deficiencia muy visible», concluyó el jefe de Asentamientos Humanos de la Cepal.
ED: EG
