LONDRES – El nacionalista hindú Narendra Modi ganó su tercer mandato como primer ministro de India. Pero el resultado de las elecciones celebradas entre abril y junio no alcanzó el triunfo arrollador que parecía estar a su alcance.
El Partido Bharatiya Janata (BJP, Partido Popular India) de Modi ha cedido escaños en comparación con las elecciones de 2019, perdiendo su mayoría parlamentaria.
Modi sigue siendo primer ministro gracias a sus socios de coalición pero está muy lejos de la súper mayoría de 400 escaños que Modi proclamó que quería, lo que le habría dado poder para reescribir la Constitución.
Como resultado, puede ser que Modi se enfrente a más controles de su poder. De ser así, eso solo puede ser una buena noticia para aquellos a los que ha atacado sistemáticamente, incluida la sociedad civil y la minoría musulmana de la India.
La represión de Modi
Bajo el mandato de Modi, en el poder desde 2014, las condiciones del espacio cívico se han deteriorado. Las elecciones en India estuvieron acompañadas de los habituales titulares sobre el país como la mayor democracia del mundo.
Pero la democracia india se ha sustentado durante mucho tiempo en una sociedad civil activa, vibrante y diversa. Modi ha intentado restringir esta energía cívica, considerándola un obstáculo para su gobierno altamente centralizado y personalizado.
El gobierno de Modi ha recurrido reiteradamente a leyes represivas, como la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales, para acosar, intimidar y detener a activistas y periodistas con acusaciones falsas.
Las fuerzas del orden han realizado redadas en numerosas organizaciones de la sociedad civil y empresas de comunicación. En octubre de 2023, por ejemplo, la policía registró los domicilios de unos 40 empleados del portal NewsClick y detuvo a su director.
Este fue uno de los muchos ataques contra la libertad de prensa. Los periodistas independientes sufren habitualmente acoso, intimidación, amenazas, violencia, detenciones y persecuciones. El año pasado, el gobierno prohibió un documental de la BBC sobre Modi, seguido de redadas de investigación fiscal en las oficinas indias de la corporación.
Las autoridades también han utilizado la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras para bloquear el acceso a la financiación internacional de las organizaciones de la sociedad civil, dirigiéndose a quienes critican sus ataques contra los derechos humanos.
En 2020, el gobierno modificó la ley para hacerla aún más estricta, ampliando los poderes para congelar cuentas bancarias. Desde principios de 2022, las autoridades han cancelado el registro de casi 6000 organizaciones.
Las autoridades también han desatado la violencia contra los manifestantes.
En 2019, la legislación sobre ciudadanía creó una vía para que los migrantes indocumentados se convirtieran en ciudadanos indios, pero solo si no eran musulmanes.
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A pesar de la Constitución laica de India, la ley introdujo criterios religiosos en la determinación de la ciudadanía. La aprobación de esta ley discriminatoria sacó a decenas de miles de personas a la calle. Las fuerzas de seguridad respondieron con palizas, gases lacrimógenos y detenciones, acompañadas de cortes de internet.
Lo mismo ocurrió cuando los agricultores protestaron en 2020 y 2021, al considerar que las nuevas leyes agrarias socavarían su capacidad para ganarse la vida.
Al final, los agricultores triunfaron y Modi derogó las impopulares leyes.
Pero varios agricultores murieron a consecuencia de la dura respuesta de las autoridades, como cuando el coche de un ministro arrolló a una multitud de manifestantes.
Una vez más, las autoridades cortaron los servicios de internet y de telefonía móvil, y la policía utilizó porras y gases lacrimógenos y detuvo a muchos manifestantes.
Como dejó claro la nueva ley de ciudadanía, los que menos acceso tienen a los derechos son los más atacados. Los musulmanes son el blanco preferido del BJP, ya que pretende refundar el país como una nación explícitamente hindú.
Los políticos del partido no han dejado de avivar el odio contra los musulmanes, por ejemplo en relación con el uso del hiyab, los matrimonios interreligiosos y la protección de las vacas, un animal venerado en el hinduismo.
Modi ha sido acusado de difundir discursos de odio antimusulmán y teorías conspirativas, incluso durante la campaña electoral.
Durante las elecciones, calificó a los musulmanes de «infiltrados» y aludió a la versión india de una narrativa a menudo avanzada por partidos de extrema derecha: que una población minoritaria pretende sustituir a la mayoría mediante una mayor tasa de natalidad y la conversión de sus parejas.
La retórica populista del BJP ha fomentado el odio y la violencia. En 2020, Delhi vivió sus peores disturbios en décadas, desencadenados por la violencia en una protesta contra la ley de ciudadanía. Grupos de hindúes y musulmanes se enfrentaron y murieron 53 personas, la mayoría musulmanes.
La violencia institucional desde arriba siguió a la revocación unilateral del estatuto especial de autonomía de Jammu y Cachemira en 2019.
La eliminación de las protecciones constitucionales para esta región de mayoría musulmana vino acompañada de una ocupación militar, toque de queda, prohibición de reuniones públicas, restricciones de circulación y uno de los cierres de internet más largos del mundo.
Las autoridades gubernamentales indias han detenido a miles de activistas cachemires y criminalizado a innumerables periodistas.
Prospera la desinformación
Antes de las elecciones, el Estado detuvo a políticos clave de la oposición, como el ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, y congeló cuentas bancarias de la oposición, incluidas las del principal organización de la oposición, el Partido del Congreso Nacional. Casi todos los políticos investigados por la Dirección de Ejecución del gobierno son de la oposición.
Las elecciones indias siempre duran varias semanas, dado el enorme reto logístico que supone permitir que voten hasta 969 millones de personas. Pero éstas, repartidas en 82 días, han sido inusualmente largas.
Esto permitió a Modi viajar por el país y hacer tantas apariciones como fuera posible, representando una campaña que puso su personalidad en primer plano.
En la campaña abundó la desinformación. Los políticos del BJP difundieron afirmaciones de que los musulmanes estaban comprometidos en lo que llamaban una «yihad del voto» contra los hindúes, acompañadas de acusaciones de que la oposición favorecería a los musulmanes.
El líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, fue uno de los objetivos, con falsas acusaciones de vínculos con China y Pakistán y vídeos trucados en circulación.
Pero a pesar de los numerosos desafíos, la coalición opositora obtuvo mejores resultados de lo esperado. El resultado sugiere que al menos algunos están cansados del culto a la personalidad de Modi y de la política de polarización.
Y a pesar de todos los intentos del BJP por destacar el éxito económico, muchos votantes no se sienten mejor. Lo que les importa es el aumento de los precios y el desempleo, y han juzgado al presidente en funciones en consecuencia.
Es de esperar que el resultado lleve a un cambio de estilo, con menos retórica divisoria y más énfasis en el compromiso y la búsqueda de consenso. Puede que sea mucho pedir, pero ahora la oposición podría desempeñar mejor su papel de rendición de cuentas.
Modi ha perdido su brillo de invencibilidad. Para la sociedad civil, esto podría abrir oportunidades para contraatacar e instar al Gobierno a detener su embestida.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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