CARACAS – Una ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y que estrecha el cerco sobre la crítica social y la oposición política, se prepara en el parlamento de Venezuela justo cuando la presidencia del país se juega en una nueva y elección, prevista para el 28 de julio.
En Venezuela “no hay ninguna tendencia de talante fascista, ni siquiera como se caracteriza en la ley, que parece ir contra casi toda corriente opuesta al movimiento bolivariano en el poder”, dijo a IPS el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
La ley “se presenta en un contexto que no es neutro, sino en el que se cierran espacios políticos para tendencia contrarias a la gobernante”, expuso el también decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la privada Universidad Metropolitana de Caracas.
El texto aprobado el primera lectura el 2 de abril por la Asamblea Nacional legislativa proclama como su objeto “prevenir y erradicar toda forma de odio y discriminación basada en motivos raciales, de origen étnico, social o nacional”.
Asimismo, “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”.
Define al fascismo como “postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte y denigra de la democracia”.
“La ley no merece ni siquiera un análisis jurídico porque el contenido viola tantas garantías constitucionales que se hace interminable. Esencialmente se trata de contar con un instrumento legal para caracterizar como delito contra la patria cualquier opinión que, según el arbitrio del poder, pueda calificarse de fascista”: Colette Capriles.
“Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo y la misoginia”, según prosigue el texto; y del neofascismo y similares lo son “toda postura ideológica o expresión que reproduzca”, total o parcialmente, el perfil con el que caracteriza al fascismo.
Para Colette Capriles, jefa de la sección de Ciencia Política en la caraqueña y pública Universidad Simón Bolívar, “la ley no merece ni siquiera un análisis jurídico porque el contenido viola tantas garantías constitucionales que se hace interminable”.
“Lo que importa en efecto es la jugada política que pretende adelantarse con ella”, dijo Capriles a IPS. “Esencialmente se trata de contar con un instrumento legal para caracterizar como delito contra la patria cualquier opinión que, según el arbitrio del poder, pueda calificarse de fascista”, explicó.
Sostuvo que “la ley tiene una función coyuntural: convertir a la candidatura de la líder opositora María Corina Machado (a quien se le niega inscribir su candidatura presidencial), y en general a la oposición más organizada, en una figura amenazante que vendría a cebarse contra los pobres y el socialismo”.
Por años, acusar a los contrarios de fascistas ha sido una constante del liderazgo oficialista, y al presentar el proyecto de ley al parlamento la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que “detener el fascismo en el mundo es una tarea impostergable por el bien de la humanidad”.
“No solo se manifiesta en expresiones de odio, violencia y muerte, sino también en formas de fascismo económico, como el bloqueo criminal impuesto contra Venezuela”, dijo Rodríguez, en alusión a sanciones impuestas por Washington.
Agregó que el texto complementa la ley de partidos políticos y la de 2017 “Contra el odio”, que ha llevado varias personas a la cárcel por sus mensajes y bromas en redes sociales como X y WhatsApp.
Detener y castigar
La ley crea una “alta comisión contra el fascismo”, nombrada por el presidente de la república, para perseguir a las expresiones y organizaciones que considere fascistas o neofascistas, y dispone cierres y castigos por parte de los órganos del poder público.
Unos días después de la presentación de la ley, que necesitará una segunda lectura y discusión parlamentaria para ser aprobada y promulgada, el periodista Orlando Yajure fue bajado del autobús en que viajaba por las llanuras del centro-oeste venezolano, por orden de un militar que esgrimió como argumento la ley antifascista.
Los uniformados revisaron el ordenador portátil del comunicador, hallaron viejas notas de sus trabajos, y lo acusaron de fascista “porque lo dice la ley”. Le pidieron dinero para cesar la intercepción. El periodista se negó en redondo. Y el autobús siguió su marcha por la desolada carretera, sin el comunicador.
El incidente calza con uno de los temores ante la proyectada ley: aumentan los abusos, se reduce el espacio cívico y de libertades -como han denunciado expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- y crece la discrecionalidad confiada a los poderes, en especial el Ejecutivo.
Según el texto toda persona que promueva los principios, hechos y métodos propios del fascismo, neofascismo y expresiones similares será sancionada con prisión de seis a 10 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena.
Las organizaciones y medios de comunicación que incurran en expresiones o manifestaciones que se consideren fascistas se penarán con cierres y multas.
Las ONG al banquillo
La ley “restringe el ejercicio de la libertad de expresión”, al imponer a todos los medios de comunicación el deber de garantizar espacios libres de mensajes fascistas o similares “lo que permite la actuación discrecional para imponer sanciones desproporcionadas”, advirtió la oenegé sobre comunicación Espacio Público.
Asimismo, “limita severamente el derecho a asociación, al otorgar al Estado amplias discrecionalidades para prohibir la constitución de organizaciones sociales y políticas que supuestamente promuevan o hagan apología del fascismo”, según la ONG.
Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, sostuvo que “la penalización de elementos subjetivos como el ¨conservadurismo moral¨ o la criminalización de una ideología, el neoliberalismo, contrarían el estado social de justicia y derecho establecido en la Constitución de 1999”, vigente en el país.
También según Alí Daniels, del grupo Acceso a la Justicia, “fascismo es la nueva excusa para reprimir, pues por ejemplo el conservadurismo es algo tan subjetivo que cualquiera puede ser objeto de persecución, y las organizaciones que se definen como liberales correrían el riesgo de ser declarados fascistas y criminales”.
Uzcátegui consideró que “si la ley se aprueba definitivamente, institucionalizará la persecución por razones ideológicas y eliminará la pluralidad política en el país”.
Avance del autoritarismo
En su conferencia sobre el “fascismo eterno”, el semiólogo italiano Umberto Eco mostró entre sus rasgos la oposición al liberalismo; el rechazo al pensamiento crítico, pues el desacuerdo es traición; la guerra permanente contra el enemigo; la obsesión por el complot, y la fortaleza del líder ante la debilidad de las masas.
(La conferencia «Fascismo eterno: catorce maneras de mirar a un camisa negra», fue publicada en la revista The New York Review of Books, 22 de junio de 1995).
A su vez, los politólogos también italianos Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, en su Diccionario de Política (1990), describen al fascismo como un sistema de dominación autoritaria, con monopolio de la representación política de parte de un partido único de masas organizado jerárquicamente.
Asimismo, con una ideología fundada en el culto al líder, la neutralización de las oposiciones, aparato de propaganda fundado en el control de las informaciones y los medios de comunicación de masas, y un creciente dirigismo estatal en el ámbito de una economía que continúa siendo fundamentalmente privada.
Paradójicamente, algunos de los rasgos que, siguiendo a estos teóricos, pueden atribuirse al fascismo, en Venezuela están más presentes en las conductas del oficialismo que en las de sus contrarios.
En su lenguaje hay un empleo frecuente del léxico castrense y de la descalificación del oponente, y las puestas en escena con unidades militares son usuales para actividades que en otros países se restringen a la vida política y civil.
En esa línea, señala Aveledo, proyectos como la ley antifascista acentúan la participación de Venezuela en el retroceso que experimentan las corrientes democráticas en América Latina y otras regiones del mundo, en beneficio de tendencias y gobiernos más autoritarios.
Venezuela “fue pionera, al estabilizarse como democracia liberal y competitiva en la región desde mediados del siglo pasado, y también la primera que a comienzos de esta centuria decayó, en un sistema distinto a la democracia”, dijo Aveledo, en alusión a los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Maduro.
Los expertos consultados señalan que, como ha ocurrido con otros proyectos, es posible incluso que la ley nunca se apruebe, pero entretanto cumple una tarea de debilitar a las organizaciones opositoras y a la intención de voto de quienes, según las encuestas, buscan afanosamente un cambio político y hoy son mayoría.
ED: EG
