CARACAS – El asalto de Ecuador sobre la embajada de México en Quito el 5 de abril asestó un golpe al corazón del derecho de asilo, atesorado por las naciones de América Latina como un patrimonio compartido, sin distinción de bandos políticos, desde hace mucho más de un siglo.
Unidades fuertemente armadas de la policía de Ecuador irrumpieron la noche del viernes 5 en la sede diplomática para capturar a Jorge Glas, exvicepresidente con el mandatario izquierdista Rafael Correa entre 2013 y 2018, quien se encontraba en la embajada en calidad de asilado político.
Violaron de modo flagrante y violento la sede diplomática, avasallaron al personal mexicano y maltrataron al responsable de la sede, Roberto Canseco, a la vista de periodistas, televisión y transeúntes presentes en esa zona capitalina.
La reacción de México fue romper de inmediato las relaciones diplomáticas con Ecuador, y se desató una catarata de condenas y críticas por parte de los gobiernos americanos y europeos, principalmente.
Se están convocando reuniones urgentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para considerar el nuevo conflicto que vive la región.
Con el asalto a la embajada, el gobierno del joven presidente derechista ecuatoriano Daniel Noboa violó la Convención de Viena de 1961, firmada y aceptada por 190 naciones del mundo, entre ellas todas las de América, y la cual garantiza la inviolabilidad de los recintos diplomáticos y la inmunidad de su personal.
También contradijo y violó la institución del asilo que se ha construido en América Latina, de modo pionero, desde mediados del siglo XIX, y que se ha desarrollado en acuerdos de los cuales Ecuador ha sido parte firmante, y además en sentencias de la justicia internacional y regional.
Por eso el asalto atenta contra un credo y una institución muy latinoamericana y que no solo protege a las personas en peligro por motivos relacionados con la política, sino que es un escudo de los Estados más pequeños y relativamente débiles –como en algunas ocasiones el propio Ecuador- frente a los más grandes y poderosos.
Ocurre cuando el continente está atravesado por tendencias autoritarias, ya no del puño de las dictaduras militares, sino de gobernantes y líderes populistas que se saltan las normas cultivadas en la región sobre las formas democráticas de hacer política y de dar prioridad al imperio del derecho y a los derechos humanos.
Más aún, ocurre cuando en otros países de la región personas que se ven perseguidas por los gobiernos a los que adversan buscan refugio naciones vecinas o en embajadas, como es el caso de cinco opositores venezolanos actualmente acogidos y a la espera de salvoconductos en la embajada de Argentina en Caracas.
Ecuador justificó la incursión en la embajada argumentando que “se conocía de un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la Justicia (Glas)”, según dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por lo que la fuerza de seguridad actuó para cumplir una orden judicial de captura.
“Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político”, dijo Sommerfeld, recordó que a Glas se le condenó por delitos en una trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, era solicitado por otros y al respecto su país “agotó el diálogo diplomático con México”.
Pero la calificación de quien merece o no asilo, diplomático en este caso, corresponde al Estado receptor del solicitante y no al país que le acusa o persigue, se acuerdo con las normas internacionales y regionales que rigen la materia.
México, tras críticas y a la vez llamados a la calma de su presidente Andrés Manuel López Obrador, llevará prontamente el caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, anunció su canciller Alicia Bárcena.
El patrimonio violentado
El asilo, con raíces religiosas en la Edad Media europea y en la paz de Westfalia, que en 1648 cimentó el sistema de relaciones internacionales, avanzó en América Latina tras la independencia de sus países en el siglo XIX y el respeto de las legaciones diplomáticas fue parte integrante de su conformación como Estados.
Por ejemplo, tan temprano como en 1858 el derrocado presidente venezolano José Tadeo Monagas se refugió en la legación francesa en Caracas y las naciones entonces acreditadas en esta capital –Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Países Bajos- disuadieron al gobierno golpista de asediar o atacar la embajada.
El 23 de enero de 1889 plenipotenciarios de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en Montevideo un tratado sobre derecho penal internacional que reconoció bases del derecho de asilo para fijar normas sobre la materia.
Se estableció la inviolabilidad del asilo para las personas perseguidas por delitos políticos y comenzó a regularse tanto el asilo territorial -ahora invocado por miles de migrantes que se desplazan por el continente- como el diplomático, en embajadas.
El 20 de febrero de 1928 se adoptó la Convención sobre Asilo de La Habana, en la sexta Conferencia de los Estados Americanos: se fijó que las personas acusadas o condenadas por delitos comunes no deben beneficiarse del asilo diplomático pero sí los perseguidos políticos.
El 26 de diciembre de 1933 se adoptó en Montevideo una convención hemisférica sobre asilo político, en la cual se precisó que la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado asilante.
En esas conferencias, y al ingresar a la Sociedad de las Naciones (predecesora de las Naciones Unidas) en 1931, México presentó su Doctrina Estrada (por el nombre de su entonces canciller, Genaro Estrada) acerca de la no interferencia en los asuntos internos y decisiones de los Estados, como en el caso de la concesión de asilo.
Finalmente, la Conferencia de Estados de 1954 en Caracas fijó las convenciones hemisféricas sobre asilo diplomático y territorial que están en vigor, tras el examen del largo litigio entre Colombia y Perú por el asilo en la embajada colombiana en Lima, entre 1949 y 1954, del líder político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre.
Dos casos
El asalto ecuatoriano solo tiene dos antecedentes, y ninguno con la espectacularidad o admisión de los hechos que ha exhibido el actual gobierno en Quito.
El primero fue la captura de siete asilados civiles y militares el 14 de junio de 1956 en la embajada de Haití en Argentina. Habían participado en un frustrado alzamiento de partidarios del general Juan Domingo Perón, derrocado el año anterior.
El poeta Jean Brierre, embajador de Haití, y su esposa Dilia Vieux, actuaron con denuedo para tratar de impedir la captura, y luego para reclamar la devolución de los capturados, lo cual consiguió en la cancillería en plena noche bonaerense.
Se hicieron famosas sus palabras con el reclamo “No porque Haití sea una nación pequeña va a permitir semejante atropello. Por el contrario, los pequeños países deben ser respetados más escrupulosamente por ser pequeños”, y luego “un país chiquito, de negros ha logrado que se imponga el derecho sobre la fuerza”.
El otro caso es el secuestro en la embajada de Venezuela en Montevideo, el 28 de junio de 1976, de la maestra uruguaya Elena Quinteros, de 30 años, opositora de la dictadura militar enmascarada con el civil Alberto Demicheli como presidente.
Quinteros, previamente detenida y llevada a la zona por agentes encubiertos para tratar de capturar a su esposo, José Félix Díaz, caminó por una vereda y desde una casa vecina entró a la embajada, saltando un muro divisorio.
Los agentes entraron al jardín de la embajada, tomaron a Quinteros, golpearon al consejero venezolano Frank Becerra cuando trató de auxiliar a la docente, y se llevaron a la insurgente en un automóvil con matrícula privada que partió veloz.
La maestra engrosó la lista de desaparecidos por la dictadura y de quienes nunca más se supo. El gobierno uruguayo negó la autoría de su secuestro.
El gobierno del entonces presidente venezolano, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979, y luego 1989-1993) rompió las relaciones con Uruguay.
Algo distinto se registró en La Habana cuando agentes cubanos penetraron en la embajada de Ecuador el 13 de febrero de 1981 para arrestar a unos 30 individuos que solicitaban asilo. Pero en ese caso mantenían como rehenes al embajador Jorge Pérez y al consejero Francisco Proaño.
Salvo esos casos, las embajadas han sido escrupulosamente respetadas, y en general las solicitudes asilo atendidas, por los gobiernos de todo signo político en América Latina, incluidas las dictaduras que proliferaron hasta la década de 1980.
De allí el abultado contraste con la medida adoptada por el gobierno de Noboa, elegido además para completar, desde noviembre de 2023 y hasta mayo de 2025, el período de su predecesor Guillermo Lasso y así conjurar, con apego estricto a las normas escritas de su país, una crisis de gobernabilidad sin recurrir a medidas de fuerza.
Por añadidura, Ecuador resultó un país pionero en defensa del derecho al asilo, al obtener de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un dictamen a su favor en la protección que brindó durante varios años al activista australiano Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido.
Las reuniones de la Celac y la OEA, al calor de las críticas desatadas contra el asalto a la embajada mexicana, podrían producir decisiones que ratifiquen el valor del derecho al asilo y el respeto a las normas establecidas entre los Estados, para evitar que los hechos del 5 de abril se constituyan en un mal precedente.
Las críticas de algunos gobiernos, como las de Canadá, Estados Unidos, La Unión Europea, Paraguay y Perú, han sido matizadas con llamados a resolver con más diálogo las diferencias entre Quito y México. La diplomacia hemisférica de nuevo está puesta a prueba.
ED: EG
