LA PAZ, México – El fantasma de los apagones revolotea sobre la ciudad mexicana de La Paz, la capital del estado de Baja California Sur, en el extremo noroccidental de México, cuando se aproxima el verano, debido al incremento de la demanda eléctrica por el uso de aire acondicionado y la capacidad insuficiente de la red de suministro local.
Desde 2019, la población padece los efectos de esta situación cuando se desata el calor, que los termómetros resienten a partir de junio en esta urbe, a 1680 kilómetros de Ciudad de México y con la dificultad adicional de estar situado en el sur de una península que comparte con el estado de Baja California.
Por estar separado de la red eléctrica nacional, debido a la distancia, Baja California Sur es una isla energética cuya matriz depende de termoeléctricas que queman combustóleo, un combustible muy sucio, diésel y gas, mientras la energía renovable aporta cerca de 10%. La Paz concentra la generación, aunque el mayor consumo se al vecino municipio de Los Cabos, por su crecimiento urbano y su producción insuficiente.
Para Lucía Frausto, directora ejecutiva de la no gubernamental Cómo vamos La Paz, el modelo refleja inequidades en esta ciudad que tenía 292 241 habitantes según el último censo, de 2020.
“Los altos costos no dejan beneficios a la comunidad y eso impacta a todos. Hay sectores que usan un montón de energía y otros que apenas tienen. Cuando hay apagones no se puede bombear agua. Además, afecta la productividad y la competitividad” de las empresas, dijo a IPS.
La evidencia apunta a que la energía renovable, necesaria para reducir las emisiones contaminantes que recalientan el planeta, no ataca la desigualdad y en algunos casos la potencia.
“Los altos costos no dejan beneficios a la comunidad y eso impacta a todos. Hay sectores que usan un montón de energía y otros que apenas tienen. Cuando hay apagones no se puede bombear agua. Además, afecta la productividad y la competitividad”: Lucía Frausto.
Por eso, organizaciones no gubernamentales y grupos académicos a nivel latinoamericano y mundial empujan la transición justa, entendida como un proceso inclusivo, más allá de una mera sustitución tecnológica y ajustada al respeto a derechos humanos.
De hecho, la inequidad energética no es patrimonio mexicano sino que se extiende por toda la región latinoamericana.
En América Latina y el Caribe hay un avance de la energía renovable, aunque su impacto sobre la desigualdad aún es invisible en la región menos equitativa del planeta. Además, casi toda la población tiene acceso a la electricidad, pero persisten retos como formas limpias de cocinar y eficiencia energética.
El reporte Promoviendo la transición energética efectiva 2023, elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), que reúne a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, alerta que la transición energética en México presenta una tendencia a riesgo de desigualdad.
En este país latinoamericano, donde la transición energética está estancada, 15% de su población de 129 millones carece de acceso a fuentes combustibles limpias en la cocina y la eficiencia energética se ubica en 3,2 %, por debajo del promedio mundial (4,6 %). Es parte de la persistencia de la desigualdad energética, así la pobreza haya caído entre 2016 y 2022.
Así lo registra el Monitoreo del ODS 7: Reporte del avance energético 2023, elaborado por las agencias Internacional de Energía, de Energías Renovables, la División de Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.
¿Mal distribuidas?
América Latina y el Caribe, una región con 662 millones de habitantes y con 29 % de ellos en condición de pobreza, tienen la proporción más grande de usos de energía renovable moderna, gracias a la energía hidroeléctrica, la bioenergía y los biocombustibles.
Para Gabriela Cabaña, investigadora del no gubernamental Centro de Análisis Socioambiental, en la mayoría de los países latinoamericanos la energía renovable no se instala en zonas de necesidades económicas y energéticas, sino que predomina el privilegio de la red eléctrica.
“Las renovables y su emplazamiento rara vez siguen criterios donde se necesite más, porque la idea es nutrir el sistema centralizado. Los sectores más rurales o alejados de las ciudades no se conectan a la red, esos avances son más bien lentos”, dijo a IPS desde la isla de Chiloé, en el sur de Chile.
Se trata, en su criterio, de un fenómeno generalizado en América Latina, donde las comunidades locales reciben los impactos pero no necesariamente los beneficios.
En Chile la transición muestra progresos, pero su equidad tiene riesgos, plantea el FEM. En esa nación, la eficiencia energética alcanza 3,6 %.
El informe del FEM considera que el paso a modos menos contaminantes en Argentina registra estabilidad en términos de equidad, pero existe entre las organizaciones ambientales internas que haya un gran retroceso con el gobierno del ultraderechisa Javier Milei, en el poder desde el 10 de diciembre.
Además, esa nación sudamericana ya reporta altibajos en su camino hacia un sistema energético de bajo carbono y una eficiencia energética de 3,5 %.
En cambio, la transición es inequitativa en Brasil, concluye el FEM. En el país más poblado, con 203 millones de habitantes, y con la mayor economía de la región, 3 % de la población padece de cocinas sucias y la eficiencia energética alcanza 4 %.
“Las renovables y su emplazamiento rara vez siguen criterios donde se necesite más, porque la idea es nutrir el sistema centralizado. Los sectores más rurales o alejados de las ciudades no se conectan a la red, esos avances son más bien lentos”: Gabriela Cabaña.
De vuelta en La Paz, Alfredo Bermúdez, investigador del Departamento de Ingeniería en Pesquerías de la pública Universidad Autónoma de Baja California Sur, el esquema energético en la urbe hereda consecuencias ambientales, económicas y sociales.
“La Paz asume los costos y los beneficios no son compensados, no son proporcionales. Hay un trato diferenciado” que es injusto, dijo a IPS.
Debido a la congestión de la red local, el estado solo puede interconectar 28 megavatios (Mw) y habría más espacio quizá en 2026, lo que supone obstáculos para el despliegue de energía solar descentralizada y conexiones ilegales al tendido.
Cifras oficiales indican que en México hay 367 207 permisos de generación distribuida por 2954 Mw, cifras en crecimiento desde 2007. En el primer semestre de 2023 hubo 32 223 aprobaciones, la mitad del registro de 2022. Pero Baja California Sur solo cuenta con 1634 autorizaciones por 23 Mw, de los más bajos del país.
Electrificados pobres
Mientras una minoría puede financiar la instalación de paneles fotovoltaicos en sus casas o conducir un vehículo eléctrico, la mayoría depende de energía sucia o transportes contaminantes.
Esta brecha arriesga el cumplimiento del siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el que promueve una energía asequible y no contaminante. Entre sus metas está el “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, como parte de la Agenda 2030, adoptada en 2015 por los Estados miembros de Naciones Unidas.
En México, la segunda economía de la región, los territorios más pobres carecen de instalaciones renovables o no se benefician directamente de esa infraestructura. Por ejemplo, el sureño estado de Chiapas, uno de los más empobrecidos del país y que se nutre de hidroeléctricas, solo posee un parque eólico privado, de 49 Mw.
Mientras el suroccidental Guerrero, otro estado empobrecido, carece de esta infraestructura, y el norteño Oaxaca tiene la mayor capacidad eólica instalada del país, pero con magros beneficios para las comunidades locales. Oaxaca y Chiapas figuran entre los territorios con menos interconexiones de generación distribuida.
En Brasil, el nororiental Pernambuco era el cuarto estado más pobre en 2021 y es uno de los mayores generadores de energía solar, pero tanto esta fuente como la eólica no atienden a la población de este y otros territorios desfavorecidos del país con 203 millones de habitantes y que en 2023 alcanzó un nuevo récord de generación fotovoltaica.
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En Argentina, con más de 46 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires, donde se sitúa la capital, acapara el segundo mayor lote de aerogeneradores, pero al mismo tiempo registra una de las mayores tasas de pobreza en el país. Un fenómeno similar ocurre con el despliegue de energía solar.
En Chile, con 19,5 millones de habitantes, la norteña región de Atacama ocupa el tercer escalón en generación solar, pero al mismo tiempo es la segunda con mayor umbral de pobreza, una realidad que también se repite en el ramo eólico.
Mejoras
Al fomentar el uso de computadoras e internet, propiciar formas de cocinar más limpias y posibilitar confort térmico, las energías más limpias generan un cúmulo de beneficios que pueden incidir en la disminución de la desigualdad.
La activista Frausto y el académico Bermúdez plantearon un mayor despliegue de renovables y descentralización de la generación en Baja California Sur y otros estados energéticamente vulnerables.
“Necesitamos diversificar la producción y la distribución, tener generación en todo el territorio”, sugirió la activista.
Mientras, Bermúdez aprecia una oportunidad en los altos costos. “Se pueden probar cosas que no son posibles en otros sitios, por las particularidades del estado. Cualquier cosa que reduzca los costos resulta ventajosa” en la generación y eficiencia eléctricas, propuso.
La chilena Cabaña recomendó inversión pública para sustituir infraestructura fósil privada.
“Plantearnos que la infraestructura energética no vaya en pos de un modelo centralizado, sino que pueda considerar algo más comunitario. Se necesita un cambio que ayude a combatir la pobreza energética”, enfatizó.
ED: EG
