BRUSELAS – El nuevo pacto europeo sobre migración y asilo, que reparte responsabilidades entre 27 Estados del continente, fue aplaudido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y, a la vez, severamente criticado por organizaciones humanitarias que claman por más protección a los migrantes.
Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, felicitó a la Unión Europea (UE) y a su Comisión ejecutiva por “dar un paso en la dirección correcta” al reformar su sistema migratorio conjunto, el cual “promete un enfoque innovador y unificado para abordar las solicitudes de asilo”.
“Es un paso muy positivo. Ahora hay que implementarlo. La oficina de Acnur está lista para asesorar y apoyar”, dijo Grandi.
En cambio, activistas como Eve Geddie, directora de la oficina de Amnistía Internacional (AI) ante las instituciones europeas, consideró que “este acuerdo hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo”.
El acuerdo “está concebido para dificultar el acceso de las personas a la seguridad. Su resultado probable es un aumento del sufrimiento en cada paso del viaje de quienes busquen asilo en la UE”, dijo Geddie.
La médula del pacto, un conjunto de políticas y regulaciones con el objetivo de establecer un proceso de migración y asilo “justo, eficiente y sostenible”, está en distribuir de forma más equitativa en todos los países del bloque europeo a los migrantes que arriban principalmente a los países del sur del continente.
“El pacto da el pistoletazo de salida a un sistema que probablemente concentrará a miles de personas, incluidos niños, en detención de facto en las fronteras exteriores de la Unión Europea”: Alberto Ares.
Los 27 países de la Unión suman 4,2 millones de kilómetros cuadrados y 448 millones de habitantes, siendo los sureños España, Italia, Malta y Grecia una especie de puerta de entrada a la migración que llega principalmente desde África y Asia.
Según la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), entre enero y noviembre de este año los cruces fronterizos irregulares hacia la UE fueron 355 300, más que en todo 2022 y la cifra más alta desde 2016.
El Mediterráneo central fue la ruta más transitada, con 152 200 detecciones notificadas, seguida de los Balcanes occidentales, el Canal de la Mancha (ambos lados), el Mediterráneo oriental, África noroccidental y el Mediterráneo occidental.
Los cruces marítimos conllevan explotación, trata de personas y riesgo de muerte en los barquichuelos o botes de goma en los que se aventuran los migrantes.
Este año y solo en el Mediterráneo central la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha dado por muertas o desaparecidas a 2511 personas.
El tema ha sido divisivo en Europa durante mucho tiempo, sobre todo desde mediados de la década pasada, reclamando algunos países que soportan una parte desproporcionada de los desafíos de gestionar la migración irregular o que pagan un alto costo por la protección de sus fronteras nacionales.
El nuevo pacto intentará distribuir a migrantes de manera más equitativa en todo el bloque, a través de un “mecanismo de solidaridad”.
Los acuerdos cubren cinco áreas clave: reglas de identificación de nacionales de terceros países a su llegada; bases de datos comunes; procedimientos eficientes de asilo, retorno y fronteras; establecer el nuevo mecanismo de solidaridad, y garantizar que la UE esté preparada para hacer frente a futuras crisis migratorias.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió el acuerdo porque “cada año, cientos de miles de migrantes irregulares emprenden peligrosos viajes para llegar a nuestras fronteras. A menudo son víctimas de contrabandistas y traficantes que los atraen con falsas promesas de salvoconducto y les extorsionan”.
El pacto “garantizará que los Estados miembros compartan el esfuerzo de manera responsable, mostrando solidaridad con quienes protegen sus fronteras externas y al mismo tiempo previenen la migración ilegal a la UE”, dijo Von der Leyen.
Con los nuevos acuerdos, se mantendrá la ficción jurídica de “no entrada”, es decir, que llegar y estar en un centro de recepción de migrantes no se considerará estar en territorio europeo.
Las personas se dividirán entre los que son sujetos de procesos normales o acelerados de frontera, procurando las normas distinguir entre quienes huyen de un conflicto y quienes son migrantes económicos.
También se autoriza a los gobiernos a que en un plazo de tres meses las personas puedan ser devueltas a “terceros países seguros”, o trasladadas a campos de detención de los Estados miembros para ser devueltos a sus países de origen.
Al menos 30 000 inmigrantes al año deberán ser acogidos por países distintos a los que reciben la mayor carga migratoria, a menos que cada país que rechace su cuota pague 20 000 euros (21 900 dólares) por persona.
Geddie dijo que “en lugar de priorizar la solidaridad mediante reubicaciones y reforzando los sistemas de protección, los Estados podrán limitarse a pagar para reforzar las fronteras exteriores o financiar a países de fuera de la UE para impedir que la gente llegue a Europa”.
El pacto “da el pistoletazo de salida a un sistema que probablemente concentrará a miles de personas, incluidos niños, en detención de facto en las fronteras exteriores de la Unión Europea”, lamentó Alberto Ares, director regional del católico Servicio Jesuita a Refugiados.
“Esto no sólo no resolverá las deficiencias del sistema actual, sino que aumentará exponencialmente el sufrimiento de las personas y los obstáculos a los que tienen que enfrentarse para alcanzar protección”, abundó Ares.
Otras entidades como Médicos Sin Fronteras, Caritas Europa, Save the Children y la coalición contra la pobreza Oxfam también criticaron el pacto, que se aplicará desde 2024, una vez que lo aprueben los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
Stephanie Pope, experta en migración de Oxfam, dijo que los mandos europeos “han cerrado la puerta a los solicitantes de asilo con procedimientos deficientes, acelerado la deportación y jugado con la vida de las personas al aumentar el riesgo de devolución”.
El pacto “también se basa en pagar a países no pertenecientes a la UE para que hagan lo que esta les pide. Es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y de la legislación sobre refugiados”, añadió Pope.
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