MONTEVIDEO – Australia tuvo la oportunidad de dar un paso adelante para reparar la exclusión de sus pueblos indígenas, y eligió no hacerlo. En un referendo celebrado en octubre, los votantes rechazaron una enmienda constitucional para establecer una institución que permitiera a los indígenas opinar sobre asuntos que les conciernen.
Con una participación de 90 %, el voto en contra fue de 60 %. Los partidarios del referendo se quedaron señalando con el dedo a la desinformación, y a quienes lo impulsaron para obtener beneficios políticos.
Una historia de exclusión
Durante mucho tiempo, los indígenas australianos -actualmente 3,8 % de la población del país- carecieron de reconocimiento. Los colonos europeos no veían la necesidad de un tratado con los pueblos que ya estaban allí.
Los indígenas australianos no obtuvieron el derecho al voto hasta 1962 y, tras un referendo, se les incluyó en el censo hasta 1972. Hasta entonces, literalmente no contaban, y siguen sin estar reconocidos en la Constitución del país.
Durante la mayor parte del siglo XX, las leyes de asimilación separaron a los niños indígenas de sus familias de forma masiva. Se calcula que entre 1910 y 1970, entre 10 % y 30 % de los niños indígenas fueron entregados a parejas blancas sin hijos para que los criaran como blancos. El horror de las «generaciones robadas» no empezó a reconocerse hasta mediados de la década de los 90.
En 1997, la Comisión Australiana de Derechos Humanos publicó un informe con recomendaciones para la curación y la reconciliación. Pero la tardía disculpa del primer ministro no llegó hasta 2008. Ese mismo año, el gobierno publicó un plan para reducir las desventajas de los indígenas. Después de que la mayoría de sus objetivos no se cumplieran, en 2020 se elaboró un nuevo enfoque en colaboración con una coalición indígena.
Pero se ha avanzado poco en la superación de la exclusión. En casi todos los indicadores, la situación de los indígenas sigue siendo entre dos y tres veces peor que la de los australianos no indígenas. Al estar dramáticamente infrarrepresentados en los órganos de decisión, también carecen de las herramientas necesarias para cambiarlo.
La declaración de Uluru desde el corazón
El camino hacia el referendo del 14 de octubre comenzó hace más de una década, cuando un grupo de expertos consideró que el reconocimiento constitucional era el camino a seguir. Pero la convocatoria del referéndum se retrasó. En 2016, un Consejo de Referéndum volvió a concluir que la reforma constitucional debía seguir adelante.
En 2017, los Diálogos de las Primeras Naciones emitieron la Declaración Uluru desde el Corazón, que pedía una Voz al Parlamento Federal para los indígenas, una comisión de la verdad y un tratado. La Voz se consideró el primer paso para abrir una diálogo y permitir nuevos avances.
El entonces primer ministro Malcolm Turnbull (2015-2018), del centroderechista Partido Liberal, rechazó la Declaración de Uluru. Pero en 2018 se creó otro comité para investigar las opciones de cambio constitucional y, de nuevo, respaldó una Voz consagrada constitucionalmente. La oposición laborista prometió someter la propuesta a referendo si ganaba las siguientes elecciones.
Cambio político: potencial y limitaciones
La coalición Liberal/Nacional perdió las elecciones de mayo de 2022, y el primer ministro entrante, el laborista Anthony Albanese, prometió avanzar en políticas largamente estancadas para abordar los derechos indígenas.
La propuesta de enmienda constitucional y el texto de la pregunta electoral se hicieron públicos en marzo de 2023 y fueron aprobados por el Parlamento en junio.
El gobierno respaldó una serie de principios de representación, transparencia y rendición de cuentas que se utilizarían para diseñar la Voz. Se dejó claro que, como su nombre implicaba, este nuevo organismo daría voz a los indígenas pero no tendría autoridad para tomar decisiones ni poder de veto. Cualquier otra decisión sobre su composición, funciones, poderes y procedimientos estaría en manos del Parlamento.
Presagiando lo que estaba por venir, los opositores Partido Liberal y Partido Nacional de Australia presentaron informes discrepantes, y el Nacional rechazó totalmente la propuesta. Al alinearse con la campaña del “No”, la oposición condenó el referéndum. Nunca se ha celebrado un referéndum sin apoyo bipartidista.
A favor y en contra
Dada la obligación legal de distribuir un folleto oficial que presentara los argumentos de ambas partes, los diputados que habían votado a favor y en contra del proyecto de enmienda redactaron y aprobaron un texto que contenía los argumentos de cada parte.
Esto significó que la desinformación se introdujo en el proceso desde el principio: como demostró una iniciativa independiente de verificación de hechos, varias afirmaciones del folleto del No eran falsas o engañosas.
La campaña por el “Sí” centró sus mensajes en la justicia, la reconciliación y la sanación, intentando vender la idea de que Australia mejoraría si se reconociera un espacio para que los indígenas tuvieran voz y voto en la política nacional.
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Los indígenas apoyaron abrumadoramente la propuesta, aunque algunos se opusieron a ella porque pensaban que no iba lo suficientemente lejos, la consideraban un encubrimiento o esperaban que no se dejaran de lado las relaciones que habían desarrollado con tanto esfuerzo. La campaña del No hizo hincapié en destacar las voces indígenas contrarias, impulsadas de forma desproporcionada por los medios de comunicación.
Las distintas organizaciones del No se dirigieron a grupos diferentes. Advance, un grupo de presión conservador, se dirigió a los jóvenes progresistas con su campaña «No es suficiente», sugiriendo que la Voz no era lo que los indígenas australianos querían y no resolvería sus problemas. El Blak Sovereign Movement cuestionó el calendario, argumentando que primero debía negociarse un tratado. La desinformación y los abusos raciales fueron moneda corriente.
Dos afirmaciones muy repetidas fueron que la Voz dividiría a los australianos y consagraría privilegios para los indígenas. Los partidarios del No propagaron una idea de suma cero: que los no indígenas perderían si ganaban los indígenas. Afirmaban falsamente que la gente perdería sus granjas o que los indígenas les cobrarían por acceder a las playas.
Otro argumento que infundía miedo era que la Voz era solo el principio, que después de que se aseguraran esto, los indígenas irían a por más, hasta quitárselo todo al resto. Podría, por ejemplo, abrir una conversación sobre los derechos a la tierra.
Es posible que las poderosas industrias extractivas australianas tuvieran ese temor, lo que explica por qué los grupos de reflexión de derechas que se han opuesto sistemáticamente a la acción climática también presionaron en contra de la Voz.
Tras sembrar la desinformación y la confusión, la campaña del No dijo a los votantes que, en caso de duda, debían ir a lo seguro y votar No. Y funcionó.
¿Y ahora qué?
El resultado podría provocar una reacción aún más violenta. Envalentonados, algunos políticos de la oposición se han retractado de su apoyo al tratado y han sugerido dar marcha atrás en prácticas que ahora presentan como concesiones inadmisibles a la política identitaria. Esto podría ser un presagio de que la oposición basa sus esperanzas de retorno en una estrategia de guerra cultural.
Pero aunque la derrota en el referéndum ha asestado un duro golpe a las esperanzas de desafiar la exclusión de los indígenas australianos, aún no se ha acabado el juego. Se ha rechazado una propuesta concreta, pero queda mucho por defender.
Todavía es posible avanzar en el programa de reconciliación, que incluye otras formas de reconocimiento y reparación, sobre todo a nivel estatal y local. La Declaración de Uluru desde el Corazón sigue siendo la brújula, y la sociedad civil seguirá instando a los políticos y al público a seguir su camino.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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