WASHINGTON – El Fondo Monetario Internacional (FMI) está imponiendo condiciones para sus préstamos que pueden menoscabar derechos económicos, sociales y culturales de las personas, señaló la organización humanitaria Human Rights Watch (FMI) en un informe divulgado este lunes 25.
Sarah Saadoun, investigadora del área de Justicia y Derechos Económicos de HRW, dijo que “a pesar de la promesa, expresada al inicio de la pandemia, de que aprendería de los errores del pasado, el FMI impulsa políticas que se ha comprobado ampliamente que exacerban la pobreza y la desigualdad y deterioran los derechos”.
El informe “Una simple venda sobre una herida de bala: Pisos de gasto social del FMI y la pandemia covid-19”, de 131 páginas, analiza préstamos aprobados desde marzo de 2020 hasta marzo de 2023, para 38 países con una población total de 1100 millones de habitantes.
Sostiene que la gran mayoría de esos financiamientos están condicionados a políticas de austeridad, las cuales reducen el gasto público o aumentan los impuestos regresivos de formas que posiblemente dañen los derechos.
También concluye que las iniciativas recientes que el FMI anunció al comienzo de la pandemia para mitigar estos impactos, como los pisos de gasto social, son deficientes e ineficaces para responder a los daños causados por las políticas.
Las propias investigaciones internas del FMI indican que estas políticas tampoco suelen ser eficaces para reducir el endeudamiento, que es su principal objetivo.
“A pesar de la promesa, expresada al inicio de la pandemia, de que aprendería de los errores del pasado, el FMI impulsa políticas que se ha comprobado ampliamente que exacerban la pobreza y la desigualdad y deterioran los derechos”: Sarah Saadoun.
HRW dice al respecto que el informe “Perspectivas de la economía mundial” del FMI, que se publicó en abril de 2023, observó que las consolidaciones fiscales, un término que generalmente se asocia con programas de austeridad, “en promedio, no reducen los índices de endeudamiento.
El análisis de HRW presenta un estudio de caso, Jordania, donde los programas del FMI incorporaron reformas económicas radicales durante la última década, pero las medidas de mitigación no han sido suficientes para paliar el deterioro de los derechos.
En el conjunto de países prestatarios, mientras 32 de los 39 programas examinados incluían al menos una medida que podría perjudicar los derechos, solo uno procuraba de manera explícita evaluar el impacto para los ingresos reales de las personas.
Encontró 22 programas que incluyen medidas destinadas a contener o reducir el gasto salarial del sector público, y que por lo general lo hacen cesando las contrataciones o poniendo topes a los salarios o los reducen.
Esas medidas “comprometen la posibilidad de los gobiernos de prestar servicios públicos de calidad que se garanticen con carácter de derechos, y persisten a pesar de la orientación del FMI, aprobada en 2007, que desalienta los topes a los salarios públicos salvo en circunstancias excepcionales”, según el informe.
En 23 programas se incluyen consejos o medidas destinadas a incrementar la recaudación de los impuestos al valor agregado, un impuesto indirecto que, por lo general, tiene carácter regresivo y profundiza las desigualdades, dado que el índice es el mismo para todas las personas, con independencia de cuáles sean sus ingresos.
Hay 20 programas que eliminan o reducen los subsidios a la electricidad o los combustibles basados en el consumo, o que desarrollan planes con ese objetivo, sin invertir suficientemente en seguridad social u otras medidas compensatorias ni en fuentes de energía no contaminantes.
Los subsidios a los combustibles fósiles destinan cantidades enormes de recursos públicos a reducir de manera artificial los costos de esos combustibles, y eliminarlos es un paso necesario para responder a la crisis climática y orientarnos hacia un contrato social que sea más congruente con los derechos económicos y sociales.
Sin embargo, a menos que se establezcan con antelación medidas compensatorias adecuadas, eliminar las subvenciones tiene un efecto particularmente severo en las personas de bajos ingresos, según el análisis de HRW.
Ello porque obliga a esas personas a destinar una parte mayor de los ingresos que perciben y que necesitan para efectivizar sus derechos, al transporte y a los bienes y servicios vinculados a los precios de la energía.
El texto recuerda que las acciones destinadas a mitigar el impacto de las medidas de austeridad suelen incluir la incorporación de lo que el FMI denomina “pisos de gasto social”, que normalmente establecen objetivos mínimos de gasto público en áreas como educación, atención de salud y protección social.
Según HRW, si bien es positivo que se preste mayor atención al gasto social y la protección social, a estos pisos no se aplican criterios objetivos ni congruentes para asegurar que sean efectivos, su alcance varía de manera considerable y la mayoría no incluye información que permita comparar con el nivel de gasto anterior.
De acuerdo con HRW, el FMI debería llevar a cabo reformas radicales para ayudar realmente a los gobiernos a generar economías que permitan que todos ejerzan sus derechos económicos, sociales y culturales.
Debería replantear los pisos de gasto social con el fin de abordar las deficiencias sistémicas, comprometerse a apoyar programas de protección social universales y dejar de impulsar programas basados en la comprobación de recursos.
Además, debería comprometerse de manera formal a reconocer el deber de respetar, proteger y asegurar el ejercicio de todos los derechos humanos, incluidos los derechos socioeconómicos, en todos los aspectos de su trabajo, sin discriminación.
“El experimento del FMI, por el cual intenta compensar el daño causado por los programas de austeridad, sencillamente no está funcionando”, expresó Saadoun. “Se precisa de un nuevo enfoque que proponga como punto de partida el aseguramiento de los derechos económicos y sociales”, concluyó.
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