LA HABANA – Si bien generan empleos, diversifican la producción y los servicios, y varias aportan soluciones tecnológicas e innovaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba encuentran críticas a su gestión, además de obstáculos que impiden un mayor despegue en un contexto económico de crisis.
“Como clienta diría que las mipymes ayudan a resolver un problema fundamental, la venta de alimentos como pollo, aceite, leche condensada, confituras, detergente y productos que en ocasiones no encuentras en los establecimientos estatales, e incluso, a mejores precios”, dijo a IPS la contadora Maricela Reyes, una residente en Centro Habana, uno de los 15 municipios que conforman La Habana.
No obstante, “tampoco puedo comprar en ellas todo lo necesario, porque parte de las mercancías todavía son prohibitivas para quienes dependemos de salarios y pensiones”, contrastó Reyes, en alusión a la capacidad adquisitiva de asalariados y pensionados muy mermados por la alta tasa de inflación.
En agosto de 2021 el decreto ley No. 46 dio luz verde para constituir mipymes bajo la figura de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), y un mes después se aprobó la constitución de las primeras 35.
En dependencia del número de trabajadores empleados se clasifican en microempresas, (de hasta 10 personas); pequeñas empresas (de 11 a 35); y medianas empresas (de 36 a 100 personas).
“Han demostrado que, sin recursos del Estado, generando los suyos propios, ofertan bienes y servicios fuera de los marcos estatales; han buscado financiamiento, incluso cómo hacer pagos desde el exterior”: Omar Everleny Pérez Villanueva.
La norma “nos dio la oportunidad de adquirir personalidad jurídica”, resaltó la ingeniera civil Yulieta Hernández, presidenta de Construcciones Pilares, una mediana empresa privada de 100 trabajadores instituida en La Habana en octubre de 2021 y especializada en servicios de construcción, mantenimiento, reparación, rehabilitación y remodelación de inmuebles.
Cuando nació en 2018 ya como negocio autónomo (privado), “teníamos dificultades para inscribirnos en el registro de constructores, proyectistas y suministradores del Ministerio de la Construcción. Nos limitaba para hacer inversiones, solo podíamos acometer mantenimientos constructivos”, valoró Hernández en diálogo con IPS.
El ingeniero Pavel Sánchez, administrador general de Ecomadera Cubana, creada en diciembre de 2021, destacó que transitar hacia el nuevo modelo de gestión “facilitó realizar contratos y acceder a créditos de instituciones bancarias”.
Surgida en 2014 como un pequeño negocio, esta mediana empresa privada con sede en el municipio de Fomento, en la central provincia de Sancti Spíritus, sobresale por la producción de madera plástica o ecomadera, resultado del procesamiento de distintos tipos de polímeros con la cual se elaboran tablas, columnas, vigas y viguetas idóneas para disímiles construcciones.
“Pasar a ser una mediana empresa nos permitió llegar a los 43 trabajadores actuales y aumentar la producción, hoy diversificada hacia pinturas, morteros y otros materiales de construcción”, subrayó Sánchez al dialogar con IPS.
Contexto
La creación de mipymes, tanto estatales como privadas, se limita a sectores no estratégicos de este país insular caribeño. Su actividad, junto con la de cooperativas y de trabajadores autónomos, se considera complementaria a las de las empresas estatales socialistas, catalogadas como los sujetos principales de la economía interna.
Nacieron en un entorno marcado por la pandemia de covid-19 y el fortalecimiento del embargo estadounidense que pesa sobre el país desde 1961, combinados con una profundización de la crisis económica interna y el desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Demandadas durante años, el gobierno autorizó su constitución como parte de un plan de reactivación económica pospandemia dirigido a incrementar la producción de alimentos y de otros bienes y servicios para contribuir a la insatisfecha demanda de los 11 millones de habitantes del país.
Hasta el momento han sido autorizadas más de 8300 mipymes, en su mayoría privadas, que emplean en conjunto a cerca de 225 000 personas, según datos oficiales.
Sus actividades fundamentales se concentran en la producción de alimentos; actividades manufactureras como la fabricación de materiales de la construcción, muebles, confecciones textiles, calzado, plásticos, así como productos de limpieza y aseo; servicios informáticos; recuperación de materiales y reciclaje; así como servicios técnicos.
No obstante, apenas representaron 4,1 % de las ventas totales de bienes y servicios en Cuba durante los primeros seis meses de este año, según la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
“Han demostrado que, sin recursos del Estado, generando los suyos propios, ofertan bienes y servicios fuera de los marcos estatales; han buscado financiamiento, incluso cómo hacer pagos desde el exterior”, valoró a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.
“Me parece incuestionable el desempeño de las mipymes en el actual escenario económico. Todavía pueden hacer una mayor contribución a la recuperación económica”, agregó el experto.
Autoridades gubernamentales han afirmado que las mipymes son un complemento de la economía, actúan en igualdad de condiciones que el resto de los actores económicos reconocidos y que no habría retrocesos ni frenos en la apertura al sector privado.
Sin embargo, especialistas y emprendedores consideran excesiva la carga fiscal que pesa sobre ellas, y deploran la ausencia de exenciones tributarias durante sus primeros años para garantizar su despegue, como en otros países.
Un porcentaje significativo de estas empresas son señaladas por importar productos finales, sin valor agregado, por lo cual, otros criterios tienden a considerarlas “revendedoras de productos” y reclaman mayores regulaciones.
Enfrentar prejuicios
A inicios de este mes el Banco Central de Cuba (BCC) inició un proceso para aumentar paulatinamente los instrumentos de pago y canales electrónicos, en lugar de utilizar dinero en efectivo, aun cuando las autoridades reconocen que existe una deficiente infraestructura para ello.
Si bien la medida apunta a aumentar la fiscalización de las operaciones bancarias y financieras y evitar la la llamada subdeclaración en el pago de impuestos, no pocos empresarios consideran que la denominada “bancarización” parece una decisión también dirigida a poner frenos a las mipymes.
La resolución del BCC pauta que las operaciones de cobros y pagos de los diferentes actores económicos que superen los 5000 pesos cubanos (unos 42 dólares al cambio oficial) deben efectuarse sin usar efectivo.
Ello en un país donde todavía la ciudadanía usa mayoritariamente el efectivo para las compras y una bolsa de 4,5 kilogramos de carne de ave vale alrededor del equivalente a 21 dólares.
Aunque las mipymes venden en pesos cubanos, necesitan divisas para importar a través de empresas estatales y reabastecerse.
Permanece irresuelta la posibilidad de que puedan adquirir en las entidades bancarias la cantidad de euros o dólares que necesitan, por lo cual deben acudir al mercado negro, uno de los factores que encarece las cotizaciones de las monedas extranjeras, en paralelo a la depreciación del peso cubano.
Por ello, parte de las preocupaciones ciudadanas y de especialistas se centran en las consecuencias que la bancarización pudiera provocar en las ofertas de bienes y servicios por parte de las mipymes, debido a parálisis de contratos con proveedores y hasta su cierre.
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De acuerdo con el maderero Sánchez, “como una forma de gestión con determinado éxito nos hemos tenido que enfrentar a prejuicios sociales que se reflejan también en la forma en que nos ven el resto de los actores económicos”.
Pérez Villanueva coincidió en que “permanece latente cierto ‘temor’ al sector privado. A veces se le quiere achacar males que no le corresponden. Es un error adjudicarle a las mipymes la responsabilidad de los altos precios e inflación. Lo que causa la inflación en Cuba, esencialmente, tiene su origen en la insuficiente producción”.
Por su parte la constructora Hernández opinó que el marco legislativo relacionado con los nuevos actores económicos “no se aplica correctamente” y que en el ámbito mediático aprecia “una fuerte campaña antisector privado. En su momento vimos como una oportunidad ser mipyme, pero hoy es una problemática y un desafío muy grande”.
Aplicar incentivos
Especialistas en temas económicos consideran indispensable aportar mayores estímulos para que las mipymes operen y contribuyan a desabloquear plenamente las fuerzas productivas y sus potencialidades.
Para el economista Humberto Blanco “las mipymes no son ni ángeles ni demonios. Son actores económicos legitimados en los documentos rectores del Partido Comunista de Cuba y en la Constitución, como parte de nuestro modelo socialista de desarrollo”.
Al conversar con IPS, Blanco insistió en que dichas empresas esperan “por mercados mayoristas de insumos y otros bienes que aún no se crean, carecen de incentivos reales para exportar, pagan elevados impuestos sobre las ventas y utilidades, y se les eliminó -en el caso de las que surgen nuevas- la exención de impuestos en su primer año. A diferencia de sus pares estatales, no son subsidiadas en caso de pérdidas”.
A su juicio, las mipymes orientadas a la producción de bienes y las de base tecnológica “debieran ser objeto de políticas e incentivos diferenciados para fomentar su aporte al mercado doméstico y a las exportaciones”.
Asimismo, el analista sostuvo que en la medida que se creen más empresas, incluidas las comerciales, “podrán aminorarse prácticas monopólicas y de posible colusión entre participantes; en otras palabras, bajar precios, como ha estado ocurriendo con algunos bienes, mediante la entrada de nuevos competidores”.
ED: EG
