SAN SALVADOR – El fenómeno de las desapariciones de personas en El Salvador continúa a pesar de que el régimen de excepción, la política gubernamental de detenciones masivas, pareciera que ha desarticulado a las pandillas, las mayores responsables de esos hechos en la posguerra.
Hay además indicios de que, en el contexto de esa estrategia, al menos una persona ha desaparecido a manos de agentes del Estado, lo cual representaría un oscuro recuerdo, y acaso un retroceso, a los años de la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
El conflicto en ese país centroamericano dejó 75 000 personas asesinadas y unas 8000 desaparecidas.
“Hemos documentado un caso con esas características, se trata de un joven, desaparecido en septiembre de 2022, ya en pleno régimen de excepción”, explicó a IPS el abogado Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
“Las últimas personas con las que fue visto fueron agentes de la Policía Nacional Civil. No está preso, no está procesado (registrado en los tribunales), está desaparecido”, añadió.
“Luego de la desaparición de mi hijo, pasó un mes sin que nadie, ninguna autoridad, me dijera absolutamente nada”: Silvia Montalbán.
En marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele impulsó el régimen de excepción, aún vigente, con el que inició una lucha frontal contra las pandillas, las organizaciones criminales conocidas también como “maras”.
Las autoridades de seguridad han encarcelado desde entonces a unas 70 000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, aunque se han confirmado variadas capturas arbitrarias de gente sin vínculos con esos grupos criminales.
En todo caso, un importante porcentaje de los detenidos, cuya cifra se desconoce, ha sido encarcelado arbitrariamente, de acuerdo a varios reportes de organizaciones de derechos humanos que han investigado esos hechos.
Por su parte, el gobierno ha liberado ya a unas 5000 personas detenidas, al poder demostrar que no tenían participación en pandillas.
Un fenómeno que persiste
Y a pesar de que las pandillas han sido golpeadas y han dejado de tener presencia territorial, las desapariciones continúan en El Salvador, aunque se entiende que en menor escala, en la medida en que las maras han sido anuladas.
Hay que considerar que otros actores del crimen organizado también han desaparecido a personas.
Ha habido además feminicidios en los que los asesinos enterraron los cuerpos de las víctimas, como el caso de María Flor García, de 33 años, extraviada en marzo de 2021.
Un caso muy sonado, en pleno estado de excepción, ha sido el de Paola Arana, de 18 años.
Ella salió de casa, en las cercanías de Ciudad Delgado, al norte de San Salvador, el 26 de mayo de 2022, dos meses después de que comenzaron las redadas policiales, y no regresó más.
Arana había sido detenida el 26 de abril por presuntamente pertenecer a pandillas, y pasó un tiempo en prisión pero fue dejada en libertad posteriormente al no encontrarse evidencias en su contra.
Previo al régimen de excepción, cuando el gobierno salvadoreño ya se vanagloriaba de ir reduciendo la ola de homicidios en el país, las familias seguían reportando a parientes desaparecidos.
Entre esos se encuentra el caso de Carlos Ernesto Santos, un estudiante de sicología, de 22 años.
La mañana del 1 de enero de 2022, Santos salió a correr para darle la bienvenida al nuevo año, y desde entonces su madre lo busca desesperadamente.
“El 1 de julio cumplimos 18 meses de mantener la incansable búsqueda de mi hijo Carlos”, dijo a IPS la madre, Eneida Abarca, con lágrimas en los ojos.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos reveló en abril que 2022 registró 306 casos activos de personas desaparecidas, según la información que le proveyó la policía.
Sin embargo, si bien la policía brindó el dato consolidado, el Observatorio advirtió que debido a que el gobierno mantiene en reserva el detalle de esa información, se desconoce si esos casos son nuevos, es decir, generados en 2022, o son parte de los expedientes acumulados de años anteriores.
En otro estudio, publicado en junio, Fespad analizó el fenómeno de las desapariciones durante buena parte del actual periodo del presidente Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019. El informe abarcó desde enero de 2019 a junio de 2022.
Esa organización estimó que 6443 personas fueron desaparecidas durante ese periodo, mientras alrededor de 37 %, unos 2397 casos, se mantienen activos, sin resolverse, en la Fiscalía General de la República.
Se entiende que el resto de los casos, 63 % restante, fueron resueltos por las autoridades y colocados en las categorías de “encontrados con vida” y “encontrados sin vida”, entre otras.
El estudio de Fespad también advirtió que las cifras son estimaciones a partir de varias fuentes, incluyendo declaraciones de funcionarios.
También se desconoce si las cifras surgidas de fuentes oficiales, como la policía, están actualizadas, debido a las restricciones a la información.
Fronteras invisibles en los territorios
Abarca agregó que ella advirtió a su hijo de que no saliera a correr esa mañana del 1 de enero, pues por ser el primer día del año todo amanecía desolado y la zona era insegura, con presencia de pandillas, en referencia el barrio Montserrat, en el sur de San Salvador.
Pero él desoyó las advertencias.
“Se lo dijimos, que no fuera a correr, pero cuando nos levantamos, el 1 de enero, ya había salido”, recordó.
La madre hizo averiguaciones en los barrios cercanos y, en efecto, confirmó que su hijo solía correr por barrios cercanos, controlados por la pandilla rival de la que dominaba el área donde vivía el joven.
En El Salvador, cuando las maras aún no habían sido reducidas, las personas tenían que conocer las fronteras “invisibles” que dividían los territorios que dominaba una u otra pandilla, las principales eran la MS-13 y el Barrio 18.
Muchos fueron asesinados solo por ingresar a una zona “equivocada”.
“Es probable (que haya sido víctima de pandillas) somos conscientes de que anduvo corriendo en una zona contraria, en la colonia Luz”, comentó.
Esos grupos fueron los responsables, mayoritariamente, de los altos índices de homicidios que hasta hace unos años ponían al país a la cabeza de las naciones más violentas del mundo, con un pico de 106 homicidios por cada 100 000 habitantes, en 2015.
El Salvador es un cementerio
Las maras asesinaron a miles de personas, y cuando les convenía dejaban los cuerpos tirados en cualquier lugar, para sembrar el terror entre la población, y cuando no, los enterraban en tumbas o “fosas clandestinas”, para no dejar evidencias.
Muchas de las personas desaparecidas pudieran haber sido asesinadas ya y los cuerpos enterrados, como ha venido sucediendo desde hace décadas.
“Nosotros hemos documentado por lo menos 277 fosas clandestinas, los salvadoreños estamos viviendo sobre un montón de cadáveres, en un gran cementerio”, sostuvo Fino, de Fespad.
“Yo siento que mi hijo ya está muerto, es mejor pensar que ya no está sufriendo”, dijo a IPS Silvia Montalbán, madre de Rodrigo Alejandro Montalbán, que tenía 16 años y cursaba octavo grado de educación básica cuando desapareció en febrero de 2015.
La madre del joven, su único hijo, agregó que no tiene ninguna pista sobre su desaparición.
El joven salió del colegio y nunca regresó a casa. Ese día no llegó el abuelo a recogerlo, así que él solo hizo el recorrido, que incluía tomar un autobús hacia su barrio; se extravió en algún punto de ese trayecto.
“Yo me he bloqueado, el dolor de su ausencia me ha hecho olvidar algunos detalles sucedidos ese día”, aseguró la madre.
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Añadió que su salud ha desmejorado notablemente. Se le ha complicado aún más la esclerosis, no logra reconciliar el sueño y por eso ha buscado ayuda profesional siquiátrica.
“Para lograr dormir, debo beberme un cóctel de 4 pastillas todas las noches”, comentó.
La indiferencia gubernamental
“Luego de la desaparición, pasó un mes sin que nadie, ninguna autoridad, me dijera absolutamente nada sobre mi hijo”, sostuvo. Luego una fiscal se comunicó con ella, pero no pasa nada después.
“Todavía me siguen diciendo que mi hijo ya va a aparecer”, narró.
Tanto Montaltán como Abarca, la madre de Carlos Ernesto Santos, forman parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, un colectivo de madres que, a pesar de la indiferencia gubernamental, continúan buscando por ellas mismas a sus hijos extraviados.
Al menos con Montalbán y Abarca, el gobierno no ha mostrado ninguna empatía con ellas ni interés en querer investigar y resolver los casos, según dijeron.
Abarca dijo que en la primera semana de febrero una amiga de su hijo aseguró que lo vio caminando cerca del parque Cuscatlán, en la zona sur de San Salvador. El joven iba acompañado de alguien más.
“Varias veces solicitamos a los investigadores de la policía que revisaran las cámaras públicas que monitorean esa zona, y nunca lo hicieron”, narró.
“Esa actitud es muy frustrante, es una completa negligencia”, aseguró, y “ahora estamos a ciegas, sin ninguna pista”.
Y agregó: “Me decían que mi hijo seguro se metió en drogas y por eso se fue, pero no está permitido dar ese tipo de valoraciones, ellos deben investigar y dar resultados”.
“Eso es ridículo, porque él fue siempre un muchacho de casa, concentrado en sus clases y en la iglesia”.
ED: EG
