CARTAGENA, Colombia – Autoridades de hacienda, economía y finanzas de 16 países constituyeron la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, para ayudarse a lograr una tributación progresiva y más justa, y combatir la evasión fiscal, según asentaron en una declaración.
En el texto los firmantes expresaron su “compromiso para compartir experiencias, establecer posiciones comunes y encontrar soluciones no vinculantes que sirvan para elaborar políticas tributarias de acuerdo con los desafíos de la región”.
El país anfitrión fue designado para ejercer la presidencia pro tempore del nuevo organismo durante los próximos 12 meses, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que auspició la cita de los días 27 y 28 de julio, fue encargada de la secretaría técnica de la plataforma.
En la reunión participaron autoridades de las seis mayores economías de la región: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.
Una idea central de la nueva entidad es fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos para elaborar políticas fiscales “que permitan una mayor recaudación con la cual afrontar adecuadamente las crisis de la región”, según la declaración.
Esas políticas, ya sean internacionales o regionales, “deberán ser incluyentes, equitativas y sostenibles, ambiental y socialmente, y deben contribuir a la reducción de las desigualdades y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030.
Además, el organismo deberá tener en cuenta los aportes de la academia, la sociedad civil, el sector empresarial y los organismos multilaterales, para identificar los problemas en materia de tributación y sus soluciones potenciales.
Un documento divulgado en el marco de la reunión por Amnistía Internacional (AI) sostuvo que “hasta ahora, los Estados de la región no han hecho suficiente en su obligación de maximizar recursos para garantizar nuestros derechos”.
En América Latina y el Caribe, según AI, se recauda en promedio 21,7 % del producto interno bruto, mientras que en los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la recaudación promedia 34,1 % del PIB.
“Desde la perspectiva del gasto, nuestros países tampoco cuentan con herramientas efectivas para corregir las desigualdades que produce el mercado”, sostuvo AI, pues según sus datos las economías más grandes de la región gastaron 166 000 millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles.
La región “requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, con marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes y mejora en la calidad y asignación del gasto”, observó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
“Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”, abundó el responsable de la Cepal.
Por su parte, representantes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de 20 países de la región, entregaron a los participantes una lista de 10 recomendaciones sobre la justicia fiscal que promueven.
Coincidieron en que se debe impulsar en la región, considerada la más desigual del mundo, una tributación progresiva y más justa, combatiendo la evasión fiscal, de forma que se movilicen los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, universales y sostenibles.
“Las reformas en los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe deben proporcionar cambios reales para mejorar la vida de las poblaciones”, resumió Susana Ruiz, portavoz de las organizaciones presentes en Cartagena y responsable de justicia fiscal para la coalición de lucha contra la pobreza Oxfam.
Las organizaciones civiles proponen, en primer lugar, incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en asuntos ambientales como principios generales que guíen y den forma a la toma de decisiones tributarias.
Plantearon promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios, y reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.
Asimismo, tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal y promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.
También plantearon incorporar el enfoque de género en la política fiscal, descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional, y asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.
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