GINEBRA – El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas declaró este jueves 4 que el Estado mexicano incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, de la desaparición de un joven que fue sustraído de su casa por hombres armados uniformados como policías.
El jurista español Juan José López Ortega, miembro del comité, dijo que la decisión “por primera vez establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada, y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia”.
“Deseamos que las pautas fijadas en este caso proporcionen a México las herramientas necesarias para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada, que azota el país, y para poner fin a una situación de casi absoluta impunidad, de la que este caso es solo una muestra”, agregó López Ortega
El caso analizado es el de Yonathan Mendoza Berrospe, quien tenía 17 años cuando un grupo de aproximadamente seis hombres entró violentamente en su domicilio en la oriental ciudad de Veracruz, donde vivía con su familia, en diciembre de 2013.
Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra «policía» escrita en la parte delantera y trasera. Al mismo tiempo, más de una docena permanecieron fuera, participando en lo que parecía ser una operación de seguridad.
Los hombres golpearon y esposaron a Mendoza y lo introdujeron en una camioneta Suburban negra. Según testigos, algunos perpetradores eran de la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, y otros a la Policía Estatal de Veracruz.
Cuando la familia de Mendoza acudió al centro de detención de la Policía Naval para buscarlo, vieron algunos de los vehículos que presuntamente habían participado en su desaparición. Se presentó una denuncia ante las autoridades fiscales del estado y se interpuso un amparo ante un juzgado de Veracruz.
En junio de 2015 el amparo fue archivado, sin información sobre la desaparición de Mendoza por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades fiscales locales, estadales y federales. Ni la investigación a nivel estadal ni la federal localizaron su paradero, ni llevaron a los responsables ante la justicia.
La madre de Mendoza llevó entonces el caso ante el Comité, contemplado en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por un centenar de países y en vigor desde 2010.
El Comité es parte del sistema de protección y defensa de los derechos fundamentales cuyo núcleo es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que actúa desde esta ciudad suiza.
El Comité observó que la mayoría de las investigaciones mencionadas por el Estado sobre el caso Mendoza se llevaron a cabo después del 2019, y que la mayoría de las acciones de búsqueda se cumplieron después de 2021, es decir, seis y ocho años después de la desaparición, respectivamente.
Así pues, el Comité constató que las autoridades del Estado no procedieron a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, como exige el artículo 12 de la Convención, ni tomaron todas las medidas necesarias para buscar a la víctima, como pauta el artículo 24.
A falta de dicha investigación, el Comité concluyó que la víctima había sido objeto de una desaparición forzada.
En su dictamen dijo que “la investigación debe emprenderse con seriedad y no como simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. No puede depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que el Estado parte busque efectivamente la verdad”.
Dado que aún se desconoce lo sucedido a Mendoza, y su paradero, y que las víctimas no han recibido reparación alguna, el Comité también consideró que México había violado su derecho a conocer la verdad, y a la reparación.
El Comité pidió a México que garantice una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes de la desaparición forzada de Mendoza, enjuicie a los responsables, incluidos los agentes del Estado a todos los niveles, y proporcione una reparación adecuada a su familia.
“Este caso, como muchos otros en México, está tristemente marcado por la impunidad a causa de la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la ausencia de acciones prontas y adecuadas para buscar a la persona desaparecida e investigar su desaparición”, lamentó finalmente López Ortega.
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