GINEBRA – La comunidad internacional debe tomar medidas inmediatas para detener los desalojos forzosos y el desplazamiento de palestinos en Jerusalén Este por parte de Israel, demandaron en una declaración, este jueves 13, expertos en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas.
“Ha habido una tragedia en curso y sin control: el desalojo forzoso de palestinos de sus hogares como parte de la anexión y despalestinización de la ciudad por parte de Israel”, se afirma en la declaración.
El texto expone que “a pesar de los esfuerzos de activistas y organizaciones internacionales, los palestinos bajo la ocupación israelí continúan siendo expulsados de sus hogares y despojados de sus tierras y propiedades sobre la base de leyes discriminatorias”.
Firman la declaración Francesca Albanese, relatora sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino ocupado desde 1967; Balakrishnan Rajagopal, relator sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Paula Gaviria Betancur, relatora sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
Los relatores son expertos independientes -y no empleados de las Naciones Unidas- que actúan como especialistas bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esta ciudad suiza.
Indicaron que “la atención del mundo se ha centrado en la imprudencia de Israel en Al-Aqsa (la mezquita más grande e importante de Jerusalén), los cohetes disparados desde Gaza, el Líbano y Siria, con ataques mortales contra civiles israelíes e internacionales en los titulares” de medios de comunicación.
En lo que va de abril se ha desplegado abundante información sobre los ataques de uniformados israelíes a palestinos en Al-Aqsa, el disparo de cohetes de las milicias palestinas desde la Franja de Gaza y Líbano, y las fuertes réplicas de Israel.
También sobre la muerte de una madre y sus dos hijas, británico-israelíes, tiroteadas por un atacante palestino, así como de un ciudadano italiano, más algunos turistas heridos, a lo que siguieron allanamientos, represión y la muerte de un joven palestino por parte de agentes de Israel en un campo de refugiados.
La declaración de los relatores, por el contrario, hace énfasis en el desalojo de palestinos de sus tierras o viviendas, y el asentamiento en esas áreas de grupos israelíes.
“La transferencia de Israel de su propia población al territorio palestino confirma una intención deliberada de colonizar el territorio que ocupa, una práctica estrictamente prohibida por el derecho internacional humanitario”, indicaron los expertos.
Aseveraron que “se trata de un crimen de guerra prima facie (a primera vista)”.
Relataron que unas 150 familias palestinas de los barrios adyacentes de la Ciudad Vieja de Jerusalén, como Silwan y Sheikh Jarrah, corren el riesgo de ser desalojadas y desplazadas por las autoridades israelíes y las organizaciones de colonos.
En las últimas décadas, los colonos se han apoderado de cientos de propiedades palestinas en el Jerusalén Este ocupado, en parte debido a una ley que afirma permitir la transferencia de propiedades judías anteriores a 1948 a “los propietarios judíos originales o sus herederos”.
Para los expertos “esta es la guerra de leyes en acción. La ley es discriminatoria y adquisitiva por diseño, y no existe tal derecho a la restitución para más de un millón de palestinos y sus descendientes que fueron desplazados y desposeídos de Jerusalén, Israel y el resto de Cisjordania y Gaza a partir de 1947 y en 1967”.
Expresaron su preocupación específica por tres familias en Jerusalén Este: Shehade en Silwan, Ghaith-Sub Laban en la Ciudad Vieja, y Salem en Sheikh Jarrah.
A pesar de vivir en sus casas durante décadas bajo un contrato de arrendamiento protegido, estas familias se han enfrentado a demandas de desalojo presentadas por organizaciones de colonos que buscan apoderarse de sus propiedades.
La familia Ghaith-Sub Laban ya ha agotado todas las vías legales para impugnar la orden de desalojo, y las autoridades israelíes les han enviado un aviso para que desalojen su casa antes del 25 de abril, o se enfrentarán a un desalojo forzoso.
“Esto es una violación flagrante del derecho internacional, que no confiere a la potencia ocupante la autoridad para cambiar la legislación local a menos que lo exijan estrictamente las necesidades de seguridad, y la intención y los intereses coloniales de los colonos no lo son”, dijeron los expertos.
Agregaron que “el establecimiento y la expansión de asentamientos constituyen una violación grave del derecho internacional, perseguible en virtud del Estatuto de Roma”, con el que se constituyó la Corte Penal Internacional en 1998.
“Ningún Estado debe aceptar pasivamente estos actos ilegales para anular los derechos de los palestinos a la autodeterminación, vivienda adecuada, propiedad, no discriminación”, enfatizaron los expertos al concluir su declaración.
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