SANTIAGO – El gobierno chileno endureció el control en la frontera norte para frenar el ingreso de migrantes, especialmente venezolanos, a través de 1030 kilómetros de su frontera con Bolivia y Perú.
Unos 600 efectivos militares se sumaron a los efectivos de la policía para reforzar el control, inicialmente durante tres meses.
El presidente de izquierda Gabriel Boric, en el cargo desde hace un año, visitó el 15 de marzo a Colchane, pequeño pueblo del altiplano andino, para dialogar con sus 1800 habitantes, la mayoría aymaras.
Por esa localidad ingresan principalmente los migrantes que llegan a este país en forma irregular, generando tensiones sociales y expresiones crecientes de xenofobia, aunque también promoviendo respuestas solidarias de la sociedad.
“Hemos decidido hacernos cargo del abandono y falta de equipamiento e iniciado un plan de mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad en la frontera norte”, afirmó el mandatario.
Reiteró que recibió “una migración absolutamente descontrolada” que elevó a 1,4 millones el número de inmigrantes, equivalentes a 7 % de la actual población de este alargado país sudamericano y andino.
Los militares tendrán alojamiento adecuado y cámaras térmicas y sistemas de comunicación satelital para duplicar la capacidad de detección y monitorear zonas no controladas.
El objetivo, dijo Boric, es “contener y reducir la irregularidad migratoria, pero en particular a combatir organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades para cometer delitos como trata de personas, tráfico de drogas y de armas”.
La frontera de Chile con Perú tiene 169 kilómetros y con Bolivia 861.
“Fue muy duro. No me gustaría volver a pasar lo que pasé. La frontera es algo muy peligroso, hay una inseguridad tremenda. Pasas hambre, frío, sed y muchas cosas en ese trayecto”: Carla.
Boric abogó por “no abrir la puerta a discursos de odio”, justo días después de que un venezolano comprobadamente ebrio, de 22 años, fue arrestado e inculpado por presuntamente atropellar y dar muerte a un policía, lo que provocó una ola xenofóbica.
El mandatario anunció también que durante este semestre presentará una “política nacional de migraciones acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país”, que en las últimas décadas ha sido destino de migrantes de Bolivia, Perú y Colombia y en la última década de haitianos y sobre todo de venezolanos.
Según los registros de la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados (Acnur), desde 2013 han huido de Venezuela más de 7,13 millones de personas, la mayoría a países latinoamericanos, en una de las mayores crisis de desplazados de mundo.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó una lista para expulsar a más de 20 000 migrantes, supuestamente en condición irregular.
“Cuando el presidente Boric asumió, ya había 20 000 personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubieran ejecutado”, precisó.
Se tramitan dos proyectos de ley para simplificar y acelerar las expulsiones en casos de condenados por delitos de drogas.
El Servicio Nacional de Migraciones informó a IPS que “en 2022 se expulsaron a 1070 personas lo que representa un aumento de 19 % respecto de las 913 expulsiones realizadas en 2021”.
El mismo ente indicó que “de las casi 500 000 solicitudes (de regularización) en rezago, en todo el año 2022 hasta enero de 2023 se han respondido favorablemente a más de 365 000”.
“Alrededor de 265 000 corresponden a solicitudes de Residencia Temporal por lo que, poco a poco, la mayoría de estas se convertirán en solicitudes de Residencia Definitiva”, añadió.
La marginalidad de los indocumentados
Un catastro sobre campamentos, como se llaman en este país a los asentamientos precarios y sin servicios básicos, detectó 39 567 familias de migrantes viviendo en ellos, lo que representa 34,7 % del total.
Los ingresos por pasos no habilitados se multiplicaron: en 2017 fueron 2905, en 2021 alcanzaron a 56586 y en el primer trimestre 2022 fueron 13928, sin considerar a menores de 18 años, según el balance del católico Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Macarena Rodriguez, presidenta del directorio del SJM, precisó a IPS que estos ingresos por pasos irregulares “no son sinónimo de personas que escapan de la justicia”, sino de personas que escapan de pobres oportunidades de vida en otros países.
Esa fue la realidad de dos hermanas venezolanas, Eliana, de 36 años, y Carla, de 33, quienes tienen pésimos recuerdos de su ingreso por Colchane, en viajes separados, viniendo por tierra desde Venezuela.
“Vine con un asesor de viaje (traficante o coyote). En Bolivia fue complicado por muchos grupos que se manejan allí. Nos secuestraron en una zona fronteriza. Estuvimos seis o siete días encerrados esperando que esa persona pagara para que nos soltaran”, recordó Eliana.
Ingresó a Chile en septiembre 2021 tras vivir casi tres años en Perú.
“Le pagamos a esa persona para trasladarnos hasta Santiago en un viaje sin complicaciones. El trayecto normal son de tres a cuatro días desde Perú, pero yo demoré 15”, relató a IPS.
Carla viajó con su hijo Eduardo, de ocho años, y llegó a Chile hace 15 meses.
“Fue muy duro. No me gustaría volver a pasar lo que pasé. La frontera es algo muy peligroso, hay una inseguridad tremenda. Pasas hambre, frío, sed y muchas cosas en ese trayecto”, contó.
Ambas trabajan en Santiago y viven en una pequeña habitación arrendada en el municipio de Quinta Normal, en el oeste de la capital chilena. Les cobran el equivalente a unos 312 dólares mensuales.
“Fue difícil encontrar escuela. Pensé que era como en Venezuela donde llevas al niño con su partida de nacimiento y puede ingresar. Acá piden cédula de identidad, informes de educación”, relató Carla, que como su hermana pidió no brindar su apellido.
Ambas están adaptadas, pero se quejan de la inexistencia de un protocolo para regularizar su situación.
“Me gustaría quedarme. Estoy en proceso de traer a mi hija, que quedó en Venezuela, pero se ha hecho muy difícil porque no tengo papeles¨, contó Carla.
“Echo de menos mi familia y mis playas. Soy de oriente, de pura costa. Allá hay playas, islas, es espectacular¨, añadió.
Para Eliana “Chile es un país que abre puertas. Hay mucho trabajo. Nunca hemos estado en situación de hambre o sin tener dónde dormir”.
Desea traer a otra hermana y sus tres hijos.
“Quisiera hacer una vida aquí, pero es difícil sin papeles. Con papeles sería más fácil para optar por beneficios de salud, por ejemplo. Intenté legalizar, pero hay muchas trabas. No hay un procedimiento con los pasos a seguir”, resumió.
Otra venezolana, Erika Vargas, de 42 años y originaria del occidental y andino estado de Táchira, vive con su esposo y cuatro hijos en Rancagua, 90 kilómetros al sur de Santiago. Llegó hace cinco años.
“Mi esposo vino un año antes y me envió el permiso para viajar con los niños”, contó a IPS.
“Estamos bien…los niños tienen documentos y ahora tramitamos la residencia definitiva”, explicó mientras hacía fila en el consulado venezolano de la capital.
José González, de 40 años, llegó del oriental estado venezolano de Anzoátegui gracias a una Visa Democrática creada por el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).
“Soy ingeniero civil y licenciado en contaduría pública y trabajo en logística en una compañía minera”, contó. “Mi esposa llegó hace un año, trabaja en educación. Vinimos todos legalmente”, dijo.
González lamentó no ejercer su profesión porque “para validar mis títulos tendría que pagar como seis millones de pesos (7500 dólares)”.
La opinión de los expertos
Macarena Rodríguez, de SJM, cree que la presencia de militares en el norte “busca prevenir o disminuir el ingreso de personas con antecedentes penales y el ingreso de armas”.
“Es una medida coyuntural que funcionará mientras estén los militares, pero no mira la base del problema que es hacerse cargo de estas personas”, dijo a IPS.
Según Rodríguez, el desplazamiento militar apunta a la crisis de seguridad y no a una política pública frente a la movilidad.
“Si ingresaste por un paso no habilitado, que es el caso de la mayoría, no tienes manera de regularizar tu situación…no importa si tienes contrato de trabajo o vínculos con Chile”, aseveró.
Para Germán Campos-Herrera, académico de la Universidad Diego Portales, este despliegue militar responde “a un marco institucional que da garantías que la acción de usar armas de fuego queda restringida a los casos donde se ponga en peligro la vida de las personas”.
Cree, empero, que faltan elementos como “un control mucho más estricto de quienes entran y salen y saber quienes son los migrantes que cometen delitos y están en situación irregular”.
“Estos niveles de éxodo no los habíamos experimentado en la región. Ninguno de los países del Cono Sur teníamos esa experiencia”, planteó Rodríguez.
Por eso Boric quiere dialogar con Bolivia y Venezuela y planteará el tema en la 28 Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Santo Domingo el 24 de marzo.
“Han habido señales positivas, de parte de autoridades bolivianas como venezolanas. Están dispuestas a dialogar y es una oportunidad que tenemos que aprovechar”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.
“No es un tema central de la Cumbre, pero es una ocasión para tener contacto con las autoridades de ambos países, expresar preocupación y avanzar en una instancia de contacto y diálogo”, añadió.
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Miles de indocumentados esperan una solución a su falta de papeles y valoran ejemplos positivos, como la Residencia Temporal de Trabajo que otorga Colombia.
“Podríamos regularizarnos y aportar al Estado”, comentaron las hermanas Eliana y Carla.
El Servicio Nacional de Migraciones dijo a IPS que desarrollan un proyecto para conectar las solicitudes de visa con la Bolsa Nacional de Empleo.
“Cada año quedan vacantes disponibles no cubiertas en agricultura, transporte o construcción. Con este proyecto no solo buscamos ordenar el flujo migratorio sino regularlo y ponerle una racionalidad económica a la política migratoria”, detalló.
ED: EG
