BOGOTÁ – Proteger a los civiles sometidos a la violencia desencadenada por grupos irregulares armados en Colombia es clave para alcanzar la “paz total” que pregona el presidente Gustavo Petro, sostuvo un informe divulgado este viernes 24 por la organización de estudio de conflictos International Crisis Group.
“Lo que está en juego en términos humanitarios y de seguridad difícilmente podría ser más importante”, sentenció el informe.,
De acuerdo con su análisis, “si el Estado no toma medidas para reducir el control de los grupos armados sobre las comunidades rurales, los ceses al fuego y otras concesiones podrían terminar fortaleciendo su control, intensificando la violencia en las comunidades que albergan a los ciudadanos más vulnerables”.
El informe indicó que la campaña para poner fin a los conflictos que han asolado al país, “llega en un momento crítico, en el que los grupos armados insurgentes y criminales han provocado un aumento en los asesinatos y la intimidación en muchas zonas rurales”.
Reconoce que el presidente izquierdista Gustavo Petro, en el poder desde agosto de 2022, “busca reducir la violencia letal a través del diálogo, a diferencia de su antecesor, Iván Duque (2018-2022), quien se basó en la fuerza militar para someter a los grupos armados”.
Además de buscar un cese al fuego, “el gobierno de Petro afirma que su prioridad es forjar acuerdos humanitarios con estos grupos con miras a acabar con los asesinatos, la tortura y las desapariciones”, dice el documento.
“Loable en muchos sentidos, ese enfoque también es arriesgado; podría fortalecer a los grupos armados, a menos que también aborde las formas de violencia que éstos utilizan para aprovecharse de las comunidades vulnerables, como el reclutamiento de menores, la violencia sexual y las restricciones a la circulación”, agregó.
Se calcula que siete millones de colombianos, cerca de 15 % de la población, actualmente viven en zonas bajo el dominio de uno o más grupos armados.
Destaca que el acuerdo de 2016 entre el gobierno y la que fue la mayor insurgencia de izquierda, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “parecía marcar el inicio de una reducción del conflicto”.
Sin embargo, “los combates se han recrudecido en los últimos años a medida que se han ido ampliando los grupos existentes y han surgido nuevas facciones”.
Así, “los principales grupos que se disputan el control de las áreas rurales, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos facciones rivales disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y bandas ilícitas más pequeñas, son ahora el foco de los esfuerzos del gobierno para lograr acuerdos que pongan fin a las hostilidades”.
El objetivo inmediato de las autoridades es reducir la incidencia de tres delitos violentos: asesinatos, torturas y desapariciones.
En lo que va de año han sido asesinados 15 líderes defensores de derechos humanos y 1424 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Décadas de conflicto en Colombia han causado la muerte de al menos 450 000 personas.
Para motivar a los grupos a llegar a los acuerdos necesarios, el gobierno está planteando la posibilidad de acuerdos negociados, clemencia judicial, incentivos económicos y la reducción de operaciones militares, recordó el informe.
Sin embargo, advierte que “existe el riesgo de que los grupos armados se aprovechen de los incentivos que se les ofrecen, para entablar conversaciones, con el fin de consolidar su poder”.
Destaca que “décadas de ofensivas estatales y militares han desplazado el frente del conflicto a las zonas más periféricas del país, habitadas por algunas de las poblaciones más desprotegidas, como las comunidades afrocolombianas e indígenas, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico y en zonas fronterizas”.
A diferencia de las antiguas FARC o los cárteles del narcotráfico del siglo pasado, los nuevos grupos violentos “por regla general no pueden ni les interesa enfrentarse a las fuerzas del Estado en combate”.
En cambio, “se han vuelto expertos en someter a las comunidades a través de una mezcla sofisticada de incentivos, dádivas, amenazas y castigos”. Los ciudadanos más aislados y desprotegidos de Colombia, incluidas las mujeres y los niños de las zonas rurales, se encuentran entre las principales víctimas.
Los afrocolombianos, que son entre 10 y 20 % por ciento de la población, pero 53 % de todos los desplazados por la violencia en 2022, se ven especialmente afectados.
Y los indígenas, menos de cinco por ciento de la población del país, representan más de la mitad de quienes permanecen confinados en sus casas o vecindarios.
“Los actores armados cada día cambian de técnica de amenazas. Antes te mandaban avisos, panfletos, y ahora llegan a tu casa, te llevan y te asesinan”, dijo para el reporte Carmen Martínez, defensora de derechos humanos del consejo comunitario de Unguía (Chocó, oeste) y del grupo de mujeres ‘Vamos por la paz’.
En los primeros meses de la política de paz que lanzó Petro “se ha observado una desaceleración de las hostilidades en las que participan estos grupos y una caída en los homicidios perpetrados por ellos en algunas regiones”.
Pero considera Crisis Group que “incluso aquellos grupos que lleguen a acuerdos pueden tener la intención de aprovechar los cese al fuego para expandir su influencia. Para evitar este resultado el Estado debe dejar muy claro que estas formas de violencia son inaceptables”.
El gobierno de Petro ha retomado las negociaciones con el ELN, que avanzan en la capital mexicana, y acercamientos desde el gobierno con las disidencias de las FARC “Estado Mayor Central” y “Segunda Marquetalia”, que mantienen la lucha armada.
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