MÉXICO – La represión de las manifestaciones desde diciembre de 2022 en Perú, con decenas de muertos y centenares de heridos, ha sido marcadamente racista y dura con las poblaciones indígenas y campesinas, denunció en un informe este jueves 16 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Erika Guevara Rosas, directora de AI para el hemisferio, dijo que “la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo en contra de comunidades de pueblos indígenas y campesinas que hoy se toman las calles ejerciendo sus derechos”.
Las autoridades peruanas “han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, según Guevara Rosas.
El saldo es de “48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal”, agregó.
“La grave crisis de derechos humanos que enfrenta Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo en contra de comunidades de pueblos indígenas y campesinas que hoy se toman las calles ejerciendo sus derechos”: Erika Guevara Rosas.
El 15 de febrero la presidenta peruana Dina Boluarte recibió a una delegación de AI en Lima y le aseguró que su despacho no ha impartido orden de que las fuerzas de seguridad utilicen armas letales contra los manifestantes.
Guevara Rosas dijo que, al presentarle el informe, le solicitaron a Boluarte que entonces ordene prohibir el empleo de armas letales al enfrentar las protestas.
En Perú se produjo el 7 de diciembre pasado un efímero golpe de Estado, cuando el presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso legislativo y la cúpula del poder judicial, por lo que el parlamento replicó con su destitución, el mandatario fue detenido para ser procesado, y la vicepresidenta Boluarte tomó su puesto.
Ante los anuncios de que el Congreso permanecería inalterado y de que Boluarte completaría el mandato de Castillo hasta 2026, estallaron protestas en demanda de renuncias en esos poderes y convocatoria adelantada de nuevas elecciones.
Desde entonces se han registrado marchas, manifestaciones, ocupación de aeropuertos, bloqueos de carreteras y otras protestas, así como desórdenes, reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad.
AI destacó que “las primeras expresiones de malestar social surgieron de varias de las regiones más marginadas de Perú, cuya población, mayoritariamente indígena, ha sido objeto históricamente de discriminación y de desigualdad en su acceso a la participación política”, así como en el acceso a salud, vivienda y educación.
Su investigación “ha registrado que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con población mayoritariamente de pueblos indígenas”.
“Eso a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como Lima”, indicó.
Mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan 13 % de la población total de Perú, concentran 80 % de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, indicó el análisis.
“La evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”, subrayó AI.
El informe destaca que en Juliaca, ciudad de unos 300 000 habitantes en el sudoriental departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas en un solo día, el 9 de enero, en el contexto de la represión policial.
“La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego, provocando uno de los eventos más trágicos y perturbadores en todo el país. A inicios de este mes, el gobierno decretó un Estado de Emergencia en siete regiones, siendo Puno la única que ha quedado bajo control militar”, indicó el informe.
AI presentó propuestas y recomendaciones, considerando urgente un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones: “Las autoridades estatales deben poner fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas potencialmente letales como perdigones”.
La Fiscalía debe “avanzar urgentemente en la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel. Además, deben garantizarse condiciones de seguridad para víctimas y testigos”.
Las autoridades, “incluida en especial la presidenta de Perú”, deben tomar medidas urgentes para poner fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan. “Asimismo, todos los poderes del Estado deben adoptar medidas oportunas que pongan fin a la discriminación racial estructural”, se agregó.
También las autoridades “deben proporcionar urgentemente apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas. El apoyo psicológico, económico, laboral y la reparación a las víctimas deben ser prioridad”, según la organización humanitaria.
Finalmente, “la comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos deben tomar todas las medidas oportunas y urgentes para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas”, concluyó el texto de AI.
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