SHARM EL SHEIJ – La deforestación aumenta sobre los bosques de la Amazonia, cuya integridad puede llegar a un punto de no retorno, afectando directamente a 47 millones de personas y agravando las planetarias crisis climática y de biodiversidad, advirtió un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés).
Según el informe “Amazonia Viva 2022” del WWF, presentado en la cumbre mundial del clima en esta ciudad egipcia, 18 % de los bosques amazónicos se ha perdido por completo, otro 17 % está degradado y los datos del primer semestre de este año muestran que el daño sigue creciendo.
La pérdida del bioma amazónico puede afectar directamente los medios de subsistencia de 477 millones de personas que viven en esa región repartida entre nueve naciones, incluyendo 511 grupos indígenas diferentes, así como a 10 % de la biodiversidad del planeta, indicó el WWF.
El informe se presentó en la 27 Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que congrega a representantes de la mayoría de los gobiernos del mundo en esta ciudad-balneario a orillas del mar Rojo.
Una de las consecuencias de la pérdida del bioma amazónico es que haría imposible un objetivo central de las cumbres sobre el clima, el de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados con relación a la era preindustrial (1850-1900).
Ese objetivo no se puede cumplir, según el informe, si se pierde la selva amazónica, ya que en su vegetación y suelos almacena entre 367 y 733 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2), el principal gas del efecto invernadero que calienta la atmósfera.
“Al mismo tiempo, el carbono almacenado durante siglos en la Amazonia también se está liberando a un ritmo acelerado debido a la deforestación, los incendios y las actividades productivas no sostenibles”, agregó el texto.
El WWF dijo que, uniéndose al clamor de las organizaciones indígenas amazónicas, plantea “un esfuerzo global de protección de 80 % de la Amazonia para el año 2025 (80×25)”, en transición hacia una región ecológicamente saludable.
Hace un mes, un encuentro de organizaciones indígenas de la Amazonia, en Lima, lanzó la iniciativa 80×25, para proteger en principio 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a la Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección.
“Hasta 20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”, dijo entonces el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Agregó que los pueblos indígenas de la Amazonia “ya no queremos que la superficie de bosques baje de 80 %, porque sería nuestra destrucción”.
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), de los 7 004 120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2 441 607 (244 millones de hectáreas) expuestos a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.
Por ello el WWF planteó “asegurar y ampliar un mosaico de áreas protegidas y territorios indígenas protegidos”, los cuales “deben ser gobernados y gestionados equitativamente, junto con enfoques integrados de gestión del paisaje para la conservación y desarrollo sostenible”.
También se requiere “un compromiso político de alto nivel que aborde directamente los principales impulsores de la pérdida de la Amazonía, como la deforestación, la minería ilegal, la corrupción, el uso indiscriminado de la fauna y otros recursos naturales, y la infraestructura planificada sin consideraciones ecosistémicas”.
En la COP27 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó “salvar la selva amazónica como parte sustancial de una agenda de solución a la crisis climática”, y propuso crear un nuevo fondo multilateral “capaz durante 20 años de financiar a las fuerzas sociales, campesinas, agricultoras” presentes en el área.
Esos grupos, “en general personas humildes, son hoy agentes de destrucción de la selva”, por lo que según Petro se debería “transformarlos en una fuerza positiva, lo que significa pagarles mensualmente por servicios ambientales, por cuidar y dejar crecer la selva amazónica”.
Para ese fondo Colombia dispondrá de 200 millones de dólares anuales, y Petro dijo que cuenta con el apoyo de su vecina Venezuela y espera obtenerlo de Brasil, que ocupa más de 60 % de la Amazonia.
La iniciativa 80×25 propone reconocimiento legal, demarcación y financiación de los territorios de pueblos indígenas, y detener el avance de la deforestación, sobre todo la que se lleva a cabo ilegalmente y a escala comercial, en bosques primarios, de alto valor biológico o en zonas que están llegando a puntos locales de no retorno.
Asimismo, fomentar un modelo de desarrollo que detenga los impulsores de la deforestación y degradación; financiar un programa de restauración ecológica a gran escala; y proteger la biodiversidad y especies amenazadas.
“Cumplir con el objetivo del 80×25 es parte de un esfuerzo global para establecer una transición hacia una Amazonía ecológicamente saludable, un cambio hacia la equidad social, el desarrollo económico inclusivo y la responsabilidad global”, resumió Kurt Holle, director de Coordinación Amazónica en el WWF.
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