MÉXICO – Por ahora, la mexicana Estephany Torres y su familia han salido indemnes de las fuertes lluvias que han azotado desde agosto el municipio de Guaymas, en el noroccidental estado de Sonora.
Pero Torres, gestora cultural y propietaria de un café, atestiguó el impacto del temporal en el ejido San José de Guaymas –a unos 1800 kilómetros de Ciudad de México –, la comunidad de tierras de explotación comunitaria donde vive con sus padres ya jubilados y su hermano.
“Siempre que llueve, hay una problemática, porque no existen vías fluviales. El espacio geográfico no está adaptado. Todas las carreteras se destruyen. Más de 50 % de la población fue afectada. Vivimos cerca de un arroyo y cuando llueve, se queda incomunicado”, dijo a IPS en un diálogo por teléfono desde su localidad.
Torres relató escenas ya comunes en muchas regiones mexicanas por las lluvias y las inundaciones: personas trepadas a los techos de sus casas, en espera de rescate, o refugiadas en escuelas y albergues. Los más afortunados escaparon a otros barrios donde tienen familiares.
“La gente sigue afectada, sigue limpiando sus casas. En algunas colonias perdió casi todo, porque por ahí pasa el agua. Perdieron refrigeradores y lo que tenían guardado. Perdieron cosechas en la región, por las lluvias ya no quieren sembrar”, enumeró Torres, quien obtuvo donaciones de ropa y comida para la población damnificada.
En Guaymas, que tenía 156 863 habitantes según datos de 2020, la población trabaja en la pesca, la siembra de calabaza, sandía y hortalizas; ganadería y en plantas de ensamblaje para exportación (maquilas).
Las consecuencias de los desastres, como tormentas y deslaves potenciados por los efectos de la crisis climática, tienen una connotación mayor en el agravamiento de la desigualdad, el mayor lastre de México, la segunda economía de América Latina y una de las naciones más desiguales en la región.
De hecho, México es altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática, como tormentas devastadoras en ambas costas, a los océanos Atlántico y Pacífico, sequías intensas y aumento de la temperatura.
Las precipitaciones en el país suelen comenzar cada año en junio y pueden prologarse hasta noviembre, aunque la emergencia climática ha perturbado la temporada.
Entre los años 2000 y 2022, las autoridades mexicanas emitieron 2417 declaratorias de desastre y de las cuales lluvias, ciclones e inundaciones suman más de la mitad, según datos del gubernamental atlas nacional de riesgos.
Esos tres fenómenos también acumulan más de la mitad de emergencias. En Sonora, cuyas principales actividades son la minería, la agricultura, la pesca y la maquila y que sirve como un estado representativo, se registraron 85 declaratorias y en Guaymas, también un municipio que sirve de ejemplo, 38.
Desde 2001, en México los desastres han dejado al menos 2081 fallecimientos, 9042 personas lesionadas, 13,91 millones afectadas y 6 643 millones de dólares en pérdidas, según datos del Centro para la Investigación sobre Epidemiología de Desastres, asentado en Bélgica.
Crisis múltiple
Entre 2018 y 2020, en México, con unos 129 millones de habitantes, la pobreza se expandió de 41,9 % a 43,9 % (de 51,9 millones de personas a 55,7) y el nivel extremo, de 7 % a 8,5 % (de 8,7 millones a 10,8 millones), según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020.
Para finales de 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un agregado de 2,3 % a los pobres en el país.
En Sonora, con una situación de pobreza media, esta pasó de 26,7 % a 29,9 %, vale decir, de 774 000 personas a 885 00. El grado extremo, por su parte, subió de 2,2 % a 3,5 %, o de 64 700 a 104 900 personas.
Por su parte, Guaymas reportó en 2022 44 600 personas en pobreza, 26 % de la población local, y 11 100 en pobreza extrema, 6,48 %.
En contraste, el Reporte Mundial de Desigualdad 2022, elaborado por el Laboratorio Mundial sobre Desigualdad, con sede en París, señala que en México la población más rica acumula 57 % de los ingresos totales, mientras que la mitad de los más pobres mexicanos concentra solo 9 %.
La pandemia de covid-19 golpeó a la economía mexicana en 2020 y, luego de una recuperación en 2021, zozobra ahora por la inflación mundial y la crisis energética desatada por la invasión rusa a Ucrania en febrero.
De un mecanismo a ayuda directa
En medio del incremento de fenómenos climáticos, el gobierno mexicano eliminó el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), destinado a atender esos eventos, por indicios de corrupción y lo sustituyó con transferencias directas. Si bien la entrega de dinero a la población amortigua la crisis, no ha transformado los cimientos socioeconómicos de la desigualdad.
El Fonden, parte del Sistema Nacional de Protección Civil, se orientó a ejecutar acciones, autorizar y entregar recursos para mitigar los efectos de fenómenos perturbadores.
En zonas de desastre, la Secretaría (ministerio) de Bienestar levanta encuestas de afectados, para la repartición de apoyo, pero hay personas que quedan fuera o población no perjudicada que recibe ayuda.
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La académica Patricia Julio, de la pública Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó a IPS que los desastres dejan impactos directos, como daño a viviendas y pérdida de enseres, e indirectos, como desempleo y daños a las cosechas.
“Hay toda una gama de impactos indirectos a mediano y largo plazos, que van a agravar a poblaciones vulnerables o que ya estaban en pobreza. En la medida en que exista la desigualdad, los desastres pueden exacerbar esa situación”, resaltó desde la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado centro-norteño del mismo nombre.
Añadió que “si la pobreza aumentó por la pandemia, va a tener un impacto en los desastres, y lo veremos en los años siguientes».
Futuro nublado
Mientras se avecina la temporada lluviosa más intensa, la población siente temor en sitios como Guaymas.
La gente “tarda mucho en volver a lo que tenía. No tiene capacidad económica, saca préstamos, compra a crédito. Se viene algo muy feo en la comunidad, (los desastres) genera más problemáticas, estamos en zona de narcotráfico, hay salidas fáciles para ganar dinero. Tenemos miedo e incertidumbre”, aseguró Torres.
Por su parte, la académica Julio cuestionó que los subsidios no corrigen la vulnerabilidad, aunque ayuden en el corto plazo.
“No significan que van a estar mejor preparados para la próxima vez. Se debería invertir en reducir riesgos de desastres. Hay algunos avances en la prevención, como el mapeo de riesgos. Pero es desigual, pues en algunos lugares han avanzado más que en otros”, planteó.
Mientras la adaptación a desastres marcha con lentitud, la población solo espera que las próximas lluvias sean magnánimas.
ED: EG
